#OpiniónBreves apuntes sobre el derecho de propiedad, sus limites y restricciones en el derecho uruguayo, Capitulo I

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Ingresaremos a un tema que ha marcado buena parte de la discusión jurídico-política-filosófica de la historia de la humanidad.

En nuestro derecho existen numerosas normas, de diverso rango, que regulan, en el mas amplio sentido del termino, el derecho de propiedad, en consonancia con nuestra tradición jurídica romana o continental europeo o de sistema romano germano francés.

La primer conclusión, en relación a la regulación del derecho de propiedad, es que el Uruguay es un país y un Estado en donde la propiedad publica -propiedad nacional en los términos de nuestro Código Civil- tiene una gran importancia en términos comparativos. La segunda es que la propiedad privada -o propiedad particular según los términos del mismo Código Civil- está especialmente protegida, incluso mas protegida que en la mayoría de los países de la región, para tomar un parámetro comparable-. Sin embargo, no resulta aceptable continuar el sendero de considerar a la propiedad, o al derecho de propiedad, como un «sagrado inviolable» tal y como, muy erróneamente en nuestra opinión, todavía lo hacen ciertos autores/as y jueces/as en sus sentencias.

Dado el espacio y las características de este trabajo, no transcribiremos ni mencionaremos expresamente el texto de algunos normas de fuente internacional tales como la Convención Internacional de DDHH o la Convención Interamericana de DDHH (mas popularmente conocida como pacto de San José de Costa Rica), e iremos directamente a dos normas contenidas en la Constitución Nacional, esto es los artículos 7 y 32 de la misma. El articulo 7 consagra que: «los habitantes» -no se necesita ser ciudadano- «…tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general». Este articulo daría para un libro entero así que nos centraremos solamente en dos aspectos: a) El derecho de propiedad, cronológicamente, fue inserto en el ultimo lugar entre los derechos fundamentales y b) queda claro que los legisladores/as y solo ellos/as, solo las leyes-pueden «reglamentar» o «regular» estos derechos teniendo en consideración «…razones de interés generales». Oportunamente volveremos sobre este tema fundamental y decisivo para la existencia misma de nuestra República.

El articulo 32 establece que «La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación» -el articulo continua- Como vemos, se mantiene el criterio establecido por el articulo 7, pero agrega que el Estado debe «compensar» en forma «justa y previa». Es el caso de las expropiaciones, que ameritarían, como todo lo que aquí planteamos, un nuevo articulo.

El Código Civil, en su articulo 486, define «El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno».

La ley Nº 18.308 de ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, especialmente en su art. 65, introduce una visión diferente del derecho de propiedad, acorde al pensamiento más moderno aunque, como todo en Uruguay, con «cautela» y «discreción», buscando no alterar el principio de seguridad jurídica. Esta visión se profundiza, recientemente, con la aprobación de la ley 19.661 MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE DESALOJOS COLECTIVOS Y DEL RÉGIMEN DE PRESCRIPCIONES ADQUISITIVAS QUINQUENALES-. Allí aparece, expresamente, la idea de que el/la propietario/a no solo tiene derechos sino también deberes.

Sobre estos aspectos, los derechos y deberes, la forma en que nuestro país -al igual que el resto del mundo que comparte nuestra tradición jurídica- debe continuar analizando el «equilibrio» entre el derecho de propiedad -y la libertad de comercio- con otros derechos tales como el ordenamiento territorial, el desarrollo medioambiental y socialmente sostenible, el acceso al derecho a la vivienda y los derechos del niño -muy particularmente, en este tema, la aplicación del principio del interés superior del niño como método de interpretación- y la forma en que se legisla en otros países volveremos si el editor -y el interés de los lectores- así lo permiten.

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