#IdearioAMLO: lo que puede y lo que no

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Cuando un ministro de la Suprema Corte opina que la pacificación
en México se centra en mejorar las policías, estamos
decididamente mal. El ministro José Ramón Cossío Díaz advirtió
que: “El proceso de pacificación que ha planteado el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, no tendrá éxito si antes no
se invierte en mejorar de raíz el sistema de procuración e
impartición de justicia… Si no se invierte en capacitación, en
entrenamiento (de policías, agentes del Ministerio Público y otros
funcionarios) y no se da cuenta uno de la gravedad de los asuntos,
tratar de pacificar una sociedad y generar una amnistía, cuando
atrás de eso, o junto a eso, no existió un proceso de mejoramiento
del sistema de justicia, se va a perdonar a unos y después se va a
incurrir en los mismos defectos, algo muy doloroso para las
víctimas…”

AMLO pretende dar solución a la violencia reinante, diferenciando
a los delincuentes cuyos delitos son menores (los que atestan las
cárceles del país) y a los peligrosos. Primero, ve en muchos de los
dedicados al narcomenudeo a jóvenes orillados a esas actividades
por hambre o coerción; segundo, entiende que hace mucho la
policía dejó de ser funcional y reestructurarla implica un status quo
gubernamental diferente, el actual premia a los corruptos y tercero,
dar solución al grave problema del sistema carcelario que atiborra

las prisiones de precarizados, algunos encerrados dos o tres años
sin haber iniciado su juicio. Son tantos que duermen parados. Esta
ominosa escuela del crimen supura descomposición. En tanto, los
delincuentes de cuello blanco son protegidos y admirados.

Afortunadamente, Andrés Manuel tiene meridianamente claro que
el conflicto de la inseguridad en México germina en la indigencia y
no en la mala consciencia de sus connacionales, por eso, lo
sustantivo es fortalecer el empleo y el salario. En cuanto a la
pobreza extrema que asuela al mundo indígena (72%), el Estado
jugará un papel decisivo al concretar proyectos específicos. No
dejará al mercado la solución de lo que hasta hoy es ventaja
comparativa para los empresarios. Por ejemplo, hace pocos días la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
propuso un aumento del salario mínimo, de 88 a 102 pesos (de 4.4
a5.3 dólares al día).

Es tan agudo el problema que el mínimo lo ganan 8.6 millones de
trabajadores. En síntesis, el 42 % del total tiene percepciones
inferiores a la línea de subsistencia y el 62% carece de seguro de
salud. Esta dolorosa situación empeoró en la administración
saliente ya que aumentaron en un 15.5% los que perciben un
salario mínimo (s.m.), decrecieron un 9.6% los que ganan entre 3 y
5 (s.m.) y disminuyeron 30.6% los que consiguen más de 5 (s.m.).

Indudablemente, los gobiernos neoliberales (siete al hilo) se
dedicaron a fabricar pobres y hacer más pudientes a los magnates
marca Forbes. Ahora se trata de impulsar el péndulo hacia el otro

extremo, tarea que pesa sobre los hombros del próximo
presidente.

Pero, ¿qué puede hacer realmente Andrés Manuel? Aumentar los
sueldos por decreto sería una declaración de guerra a los
empresarios, posible luego de triunfar la Revolución Mexicana
cuando el Estado encabezó la modernización del país
transformándose en el actor principal de la economía nacional.
Hoy, y tras privatizar miles de empresas públicas, lo que puede
hacer AMLO es disminuir la pobreza e incrementar la inversión con
dinero público, dictando las condiciones del empleo creado, esto
es, un ingreso correlacionado a la canasta familiar calculada en 1
300 pesos y prestaciones de ley.

En el sexenio a comenzar en diciembre, el imperativo llamado
crecimiento del PIB se armonizará con la recuperación del mercado
interno. En palabras llanas, se abandonará la espera de la esquiva
Inversión Extranjera Directa y se atenderán dos aspectos
medulares: uno, la ya referida calidad salarial; el otro, no menos
importante, la situación del agro. En este rubro, interesa reducir las
importaciones de alimentos que pueden ser producidos en México.
Por otra parte, es en este territorio donde se desarrolla los plantíos
de estupefacientes y los matones se pavonean con sus armas al
cobijo de las autoridades municipales. Si bien es más barato
comprar maíz a EEUU, se lo hace desdeñando las consecuencias
socio-económicas. Es hora de aprender la amarga lección: sin
trabajo en el campo, los cárteles ocupan a los campesinos en
producir marihuana y amapola, o en su defecto, se mudan a las

ciudades a engrosar los cinturones de indigencia donde la principal
actividad es el narcomenudeo.

En cuanto a la inseguridad, lo central es bajar la precariedad
creando empleos con ingresos dignos. El neoliberalismo determina
el nivel salarial al interior del juego perverso entre la oferta y la
demanda, cuando en verdad existen topes impuestos por el
Ejecutivo en conformidad con la patronal. Los citados empleos
serán producto de una inversión gubernamental muy al estilo
keynesiano, siendo la obra pública la más socorrida (trenes en la
zona maya, canal del istmo, nuevo aeropuerto en Santa Lucía…),
seguida a corta distancia por los proyectos en el campo como la
reforestación que ocuparán a miles de campesinos e indígenas.
Otro aspecto relevante, es la recuperación de la autosuficiencia
alimentaria lo que conlleva plantar extensiones significativas
abandonadas en la actualidad, lo que sugiere la reapertura del
banco de crédito agropecuario. Hablamos de plantíos
subvencionados. Ningún mercado podrá hacer competitivo el
cultivo de básicos dados los niveles de ingresos del pueblo. El
presidente Peña Nieto sigue propalando que México es un gran
exportador de alimentos (cerveza, aguacate, tequila, tomate,
almendras, chile, coliflor, brócoli), ocultando que se compra el 60%
de lo consumido en el país, especialmente los granos básicos: maíz,
frijol y arroz.

Por todo lo anterior, los dos puntos principales del proyecto
“morenista” se sintetiza en una consigna de campaña: ¡Primero los
pobres! En cuanto a la guerra contra corrupción, empezará
ajustando el gasto del aparato de gobierno tanto a nivel federal

como en los estados. Cuidando que no se desvíen los fondos
etiquetados para gastos específicos, combatiendo el
“influyentismo”, la economía de “cuates”, el paracaidismo, los
contratos a dedo…

No será fácil ni se concretará en un sexenio, pero iniciarlo es hacer
historia.

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