#Derecho #OpiniónAbogacía del Estado; Defensa de los Intereses Jurídicos del Estado

Cualquier actividad que una persona sea física o jurídica desarrolle, desde la más sencilla que se nos pueda ocurrir como por ejemplo manejar un vehículo, hasta el más complejo acto jurídico en que participe, es potencialmente generadora de responsabilidad jurídica.

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El Estado como persona jurídica no escapa a esa condición, y así es recogido en la Constitución de la República en su artículo 24 donde establece la responsabilidad civil de todos sus estamentos frente a terceros por los daños causados ilegítimamente en el cumplimiento de su actividad.

Cuando se habla de juicios contra el Estado es a eso a lo que nos referimos, cuando se demanda al Estado por haber generado algún perjuicio a quien reclama.

En estas situaciones el Estado compareciendo ante las autoridades jurisdiccionales, sea del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o eventualmente ante un Tribunal Arbitral, lo hace en un pie de igualdad procesal con quien en el caso le reclama, y por lo tanto debe realizar su defensa jurídica en el juicio mediante asistencia letrada.

Pero los intereses jurídicos del Estado no se agotan en los casos en que es demandado, también el Estado como persona jurídica y por tanto sujeto de derecho es susceptible de sufrir daños ilegítimamente, como cuando se incumple la normativa que establece obligaciones hacia él,por ejemplo el no pago de tributos, o contratos en los que brinda servicios y no se paga el precio, y por supuesto también en situaciones que no lo vinculan normativa o contractualmente en forma específica, como por ejemplo accidentes de tránsito, daños edilicios etc..

También estos son casos en que el Estado tiene un interés jurídico en ser resarcido desde la posición de reclamante y no de reclamado, y para llevar adelante su derecho debe comparecer ante las correspondientes autoridades jurisdiccionales con asistencia letrada.

A la Defensa Jurídica del Estado, (entendiendo el término «Defensa» referido en general a los intereses del Estado y no solamente a la situación jurídica de demandado) se la identifica como «Abogacía del Estado».

Existen a nivel comparado distintos sistemas de organización dela Abogacía del Estado, desde sistemas total o casi totalmente centralizados en una institución dedicada a esa tarea, hasta sistemas casi totalmente descentralizados donde los servicios jurídicos están distribuidos en diferentes organismos, pero vinculados a una institucionalidad que ejerce el rol de coordinación en la defensa del Estado.

El sistema organizativo y su gradualidad en cuanto a la centralización o no del sistema varían en cada país de acuerdo a su propia organización política, si es un Estado Federal o un Estado Unitario, a su extensión geográfica, a su propia cultura en la materia etc., pero invariablemente en casi todos los países existe una institucionalidad que en mayor o menor medida centraliza o coordina las políticas en la materia.

En Uruguay no existe una institucionalidad que lidere, coordine o centralice las acciones de defensa de los intereses jurídicos del Estado siendo absolutamente descentralizada, cada organismo tiene su propia organización en la materia y en muchos casos más de una dentro del mismo organismo. Estrictamente no podríamos hablar de la existencia de un «sistema descentralizado», porque no es producto de una adopción política expresa de una forma de llevar adelante la defensa jurídica del Estado, sino que se ha ido gestando en cada organismo de acuerdo a sus propias necesidades individualmente consideradas.

Esa realidad institucional ha propiciado a lo largo del tiempo ideas generalizadas respecto a que el Estado «siempre pierde los juicios», que la actuación de los Abogados del Estado es de «mala calidad», que es necesario acudir a contrataciones externas para tener una buena defensa, etc., ideas que eventualmente podrán tener razón en algunos casos y seguramente no en otros tantos, pero las mismas se basan en generalizaciones a partir de algún caso puntualcon las deficiencias que ese método de generalización tiene a efectos de conocer una determinada realidad, ya queno existe en nuestro país información sistematizada que de sustento a esas afirmaciones negativas, como ciertamente tampoco para afirmar que no sean ciertas.

En Uruguay se carece de la información básica necesaria para la formulación de políticas generales en materia de Defensa Jurídica del Estado, estando librado a la intención de cada organismo generar o no información relevante, pero aun en caso que exista será limitada a ese organismo, sin que la misma salvo por casualidad pueda ser comparable a otra eventual información de otro organismo estatal, lo que impide una visión general de la situación litigiosa del Estado.

Entendemos que resulta necesario avanzar en este tema respecto del cual esporádicamente desde diferentes estamentos políticos se expresa la preocupación sobre el mismo, pero sin adoptar definitivamente un encare integral del mismo.

Sin embargo hay iniciado un camino en la materia. Tiene el Ministerio de Educación y Cultura a través de su Dirección de Asuntos Constitucionales Legales y Registrales, el mandato legal que le da la competencia para relevar la situación litigiosa del Estado y elaborar propuestas para la mejora de la gestión en la materia.

En cumplimiento de esa competencia legal asignada se trabajó desde esa Dirección relevando no solo la situación litigiosa propiamente dicha en cada uno de los incisos de la Administración Central (en principio), también la propia forma de trabajo de cada uno de los servicios jurídicos, la conformación de los mismos, y en general la situación de funcionamiento de cada una de esas oficinas.

Dicho relevamiento demostró la disparidad en la forma de funcionamiento de cada uno de los servicios jurídicos analizados, disparidades que en algunos casos resultan explicadas por la propia realidad y necesidad de cada organismo, pero que conducen en un análisis general a una forma de actuación descoordinada que conspira contra una eficiente defensa del Estado.

Se comenzó a trabajar en un sistema de gestión de la información y de los propios juicios que pudiera dar un grado aceptable de uniformidad en esta materia, que permitiera el análisis general de cara a propiciar propuestas de mejora.

Ese proceso de elaboración del sistema de gestión comenzó a definirse con el decreto 95/017 por el cual se requería a los incisos de la Administración Central (en primera instancia) que se aportara datos básicos de los juicios en que tuvieran participación.

Posteriormente por decreto 98/019, finalmente se creó en la órbita de la Dirección de Asuntos Constitucionales Legales y Registrales del MEC, el Registro Único de Juicios del Estado (R.U.J.E), el que cuenta con una herramienta informática de registro de juicios disponible actualmente en todos los incisos de la Administración Central, habiéndose capacitado en su utilización a más de trescientos abogados provenientes de los referidos incisos, en un proceso donde se recibió aportes y consideraciones para la mejora del sistema, teniendo por su parte en general muy buena receptividad lo que demuestra no sólo la necesidad de avanzar en la mejora de la gestión de la defensa del Estado sino también el compromiso de sus operadores jurídicos en la tarea.

Actualmente el proceso continúa con el ingreso de organismos del resto de la Administración al sistema del Registro Único de Juicios del Estado.

La sistematización de datos permitirá analizar estadísticamente la marcha de los juicios en que participe el Estado en forma general, y también en función de las causas de los mismos, y permitirá sacar conclusiones respecto no solo a lo que refiere a la forma de defensa en juicio, sino también a la situación de hecho que genera el juicio, que en no pocas oportunidades es donde se determina la suerte que en definitiva correrá la litis.

Se podrá abordar con los datos aportados, otra tarea que aparece como fundamental en una eficiente defensa de los intereses jurídicos del Estado, que es la abogacía preventiva, aspecto que también tiene una escasa y desordenada aplicación en nuestro país.

Ciertamente que esta iniciativa no resulta suficiente a los efectos de conformar una Abogacía del Estado eficiente, pero es sin duda el inicio del proceso hacia ese fin.

Finalizada una primera etapa de ingreso de organismos se deberá apuntar al procesamiento de la información que ya hoy se está generando, disponiéndose los recursos necesarios para la realización de los necesarios análisis y formulación de propuestas en vista a la optimización de la Defensa del Estado.

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1 comentario
  1. alfredo alsamendi dice
    De 2002 hasta 2004, el gobierno enfretnó múltiples juicios. Por orden del gobierno mismo, los entes demandados, no se presentaron a ninguna audiencia. Los rosados, olfatando la derrota, perdieron los juicios ex profeso, de tal manera que el gobierno entrante hiciera frene a numerosos juicios perdios y tuviese qeu pagar indemnizaciones muy superioires a lo que se pidió inicialmente por parte del demandante.

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