#OpiniónA propósito del Tribunal de Honor y el pase a retiro de sus integrantes

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El pasado 16 de abril se cumplieron treinta años del referéndum que buscó dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Una fecha triste para quienes consideramos que la Verdad y la Justicia son valores incondicionales e innegociables. Esta ley, además de garantizar por muchos años la impunidad más absoluta, intentó de manera infructuosa dar por finalizados los reclamos por Justicia. Pretendió suprimir la memoria, dejar atrás el dolor de las víctimas, ignorar el reclamo de los familiares de los desaparecidos y hacer de cuenta que acá nada había sucedido. Así se evidenciaba, en los saludos que brindaba el entonces presidente Julio María Sanguinetti hacia Iván Paulós (Presidente del Centro Militar), anunciando victorioso la culminación de la transición en el Uruguay y la reconciliación nacional alcanzada, y haciéndose el desentendido cuando el General Medina guardó en la caja fuerte las citaciones judiciales de quienes debían ser investigados.

Nada más lejos de la realidad. Los años subsiguientes se encargaron de demostrar cuan errados eran aquellos augurios y deseos presidenciales, su poca visión histórica sobre lo que sucedería, su falta de empatía con respecto a las víctimas y peor aún, su complicidad con los violadores de los Derechos Humanos. Como respuesta a tanta impunidad, no cesaron los reclamos, las marchas del 20 de Mayo se volvieron multitudinarias y las heridas, lejos de cerrarse, siguieron abiertas como testimonio del dolor de un pueblo. Esa lucha debe tenerse presente porque si algo pudo avanzarse, fue gracias a ella. Y los resultados -que siguen siendo insuficientes- deben llamarnos a redoblar la lucha, seguir militando por la Memoria y exigir Justicia hasta las últimas consecuencias.

Como país, todavía estamos en deuda. El pacto de silencio y la falta de información sobre los desaparecidos, son testimonios vigentes del horror que se vivió durante esos años. La magnitud y gravedad de lo sucedido no admite la menor posibilidad de intentar dar vuelta la página de la historia. No solo porque las heridas siguen abiertas, sino porque día a día siguen surgiendo nuevas informaciones.

En particular, el último mes ha sido bastante intenso en este sentido. De los archivos estadounidenses surgió la existencia de la unidad de coordinación «Teseo», que termina de confirmar lo ya sabido: la existencia de un plan de exterminio coordinado entre las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile, con despliegue extraterritorial (hacia Europa inclusive) y patrocinado por Estados Unidos. Además, entre otras informaciones, se confirmó la participación conjunta de los servicios de Argentina y Uruguay en los asesinatos de Gerardo Gatti y León Duarte; y surgió información relevante acerca de la detención y traslado de los militantes del PVP en lo que se conoce como «el segundo vuelo». Sin duda, en la medida que se siga avanzando en el análisis de los documentos, irán apareciendo nuevas informaciones.

Estos sucesos se suman a las consecuencias políticas derivadas del Tribunal de Honor instruido a los militares Juan Silveira, Luis Maurente y José Gavazzo, donde surgió información sustancial sobre la muerte de Roberto Gomensoro en 1973. La gravedad de la información revelada, así como la actitud negligente asumida por quienes participaron en las distintas instancias administrativas, derivó en la solicitud de pase a retiro obligatorio de los Generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo. En estos días, la Cámara de Senadores deberá votar la venia correspondiente para dicho pase a retiro, al amparo del literal G) del artículo 192 de la Ley N° 14.157 en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley N° 19.189.

En esta instancia, nuevamente los Partidos Políticos que promovieron la impunidad durante décadas, vuelven a revivirla. En este sentido, han anunciado que no votarían las venias para el pase a retiro obligatorio de los mencionados funcionarios. En realidad, los cuestionamientos y las excusas para fundar tal posición, resultan poco convincentes. Sorprende que se siga hablando de la destitución de los militares, cuando en realidad lo que se solicita es su pase a retiro obligatorio, lo cual se encuentra amparado por la citada norma jurídica. Esperamos que revean esta actitud, pero si esto no sucediera, al menos debemos explicar los fundamentos jurídicos que respaldan nuestra posición.

El literal G) del artículo 192 de la Ley Nº 14.157, -a través del cual se ampara el Poder Ejecutivo- establece que el pase a retiro obligatorio de los Oficiales Generales, o equivalente debe ser «por iniciativa del Poder Ejecutivo, que deberá contar con venia del Senado, o de la Comisión Permanente cuando corresponda, otorgada por mayoría de 3/5 de votos del total de sus componentes».

Esta norma no debe confundirse con lo previsto en el numeral 14 del artículo 168 de la Constitución de la República, esto es la facultad del Poder Ejecutivo de destituir «por si» a los empleados militares. Se tratan de dos situaciones diferentes. Lo que se ha solicitado, no es una venia para la destitución del funcionario, sino para su pase a retiro. La destitución, como forma de sancionar a un militar, está establecida en el artículo 211 del Decreto-Ley N° 14.157 en el pase a Situación de Reforma. En el caso de Baja, el artículo 218 del Decreto – Ley N° 14.157, prevé que la «baja es la desinvestidura del militar por dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas».

El pase a retiro es la situación de pasividad, tal como figura en el artículo 189 del Decreto – Ley, y el artículo 184 dispone que «el militar en retiro podrá ser reincorporado a la situación de actividad en los casos de movilización total o parcial de las Fuerzas Armadas, recuperando únicamente en estas circunstancias todos los derechos y deberes propios de dicha situación, hasta que se resuelva la desmovilización».

La importancia institucional del asunto y las graves implicancias emergentes del accionar de dichos militares, amerita cerrar filas en apoyo a lo actuado por el Poder Ejecutivo, por lo que requiere que esta solicitud sea tratada con la seriedad necesaria y una lealtad institucional hacia la República. No debe hablarse de destitución cuando lo que se solicita es el pase a retiro obligatorio. Tampoco resulta admisible aprovecharse de cualquier situación, con la finalidad de intentar obtener réditos políticos de cara a las próximas Elecciones Nacionales. En este caso, esperamos que prevalezca el respaldo institucional al Poder Ejecutivo, el cual actuó de manera contundente ante una situación lamentable, donde los Derechos Humanos fueron bastardeados de la peor manera.

A la oposición no le pediremos que modifique sus convicciones sobre los Derechos Humanos, sobre la Historia Reciente y su interpretación de las tropelías cometidas en Dictadura, apenas le solicitaremos un mínimo de lealtad institucional hacia otro Poder del Estado.

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