307 expedientes, sólo 3% de las denuncias ha recibido una sentenciaA 45 años de la jornada más oscura en la historia política del país

Hoy día la mayoría de los crímenes de la dictadura uruguaya y de la región todavía siguen impunes y muchos de los familiares o expresos políticos, siguen sin obtener respuestas de parte de la Justicia.

Las decisiones tomadas en los últimos años por la Suprema Corte de Justicia frenaron algunos de los casos que se estaban investigando y solo unos pocos represores recibieron condena en notoria omisión a la legislación internacional vigente sobre los crímenes de lesa humanidad o a sentencias internacionalmente reconocidas como la sentencia del caso Gelman de la Corte Interamericana de DDHH.

Sumado a ello, en los últimos meses se registraron preocupantes revelaciones, como las que surgieron de la Comisión Investigadora de Espionaje en Democracia, que constató que hubo una línea de continuidad durante los primeros años de gobierno democrático.

En el mismo tener se han constatado amenazas, a comienzos del año pasado, del autodenominado «Comando Barneix» a trece personas vinculadas a los derechos humanos, a las que se les advirtió que por cada nuevo procesamiento serían asesinados tres personas de la lista.

«El suicidio del general Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista», advirtió el comunicado.

La amenaza enviada por e-mail alcanzó a la exfiscal, vinculada a históricas causas de DDHH, Mirtha Guianze, a la ex vicecanciller Belela Herrera; a los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; al activista brasileño Jair Kirshke y al jurista francés Louis Joinet, además del ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El affaire de los archivos Castigiloni también puso al descubierto el espionaje ilegal y descontrolado durante décadas contra sindicatos, figuras políticas y DDHH, por parte de los aparatos de inteligencia militares.

Otra situación que provocó alarma fue el sugestivo robo y la amenaza que sufrió el equipo de antropólogos que realizaba la búsqueda de restos de desaparecidos y que causó alarma y preocupación entre las autoridades. El hecho ocurrió en el laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y tomó relevancia al conocerse que personas desconocidas ingresaron a la oficina del equipo forense, sin forzar las cerraduras y sin que sonaran las alarmas, y se apropiaron del disco duro de la computadora y de otro material archivado. La investigación judicial no arribó a ningún resultado.

Sentencia de la SCJ

A esto se suma la decisión de la Suprema Corte que en su sentencia del pasado 4 de diciembre de 2017, por mayoría reiteró el argumento de que «los delitos cometidos durante la dictadura no constituyen delitos de lesa humanidad». Así, por segunda vez en el mismo año, este tribunal declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831, que impiden computar plazo alguno de prescripción para los llamados «delitos de terrorismo de estado» cometidos en Uruguay hasta el 1º de marzo de 1985.

La decisión de la SCJ fue condenada por organismos internacionales como Amnistía Internacional que reiteró una vez más que los crímenes cometidos en Uruguay durante el gobierno militar son imprescriptibles, «cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido», tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es estado parte.

Es de señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ya refrendado esta postura en el caso Gelman contra Uruguay, afirmando que las «graves violaciones de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas» son crímenes imprescriptibles.

Distintos referentes sociales y políticos consultados por LA REPÚBLICA en las últimas semanas analizaron la situación de los derechos humanos y los últimos episodios que registrados en el país.

Mirtha Guianze

«No se ha investigado absolutamente nada sobre el Comando Barneix, la investigación ha sido indiferente ante este asunto. Incluso, cuando hablé con el funcionario encargado de investigar el tema y le pregunté si no iban a relacionarlo con el archivo Castiglioni, me dijo que no sabía quién era Castiglioni, y que no tenía idea. Me llamó la atención que Inteligencia no relacionara los asuntos entre sí, como lo que pasó en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF). Me dijo que no iban a relacionar nada. Si Inteligencia no relaciona un caso con otro, y no busca coincidencias, la investigación no tiene mucho futuro».

No es un asunto aislado, sino que se vincula con otros episodios que han sucedido y que pueden volver a suceder: el robo del GIAF, algunos comunicados y las declaraciones de los militares. «Sin embargo, aparentemente no han tenido ningún eco en las autoridades. Por tanto, lo medular es preguntarse si vamos a dejar que estas personas se manejen en la impunidad. No se ha dado la importancia que esto tiene como síntoma de que hay personas que lo organizan, que pueden amenazar impunemente y hacer declaraciones públicas en términos que no son acordes con la democracia. Hay que tomar medidas, pero son las autoridades las que tienen que hacerlo».

«Con respecto al robo de Humanidades, no se sabe en qué estado está la investigación. Los expedientes están en presumario, no se tiene información y creo que no ha pasado absolutamente más nada. Por tanto, son investigaciones frustradas que le producen a uno una especie de desencanto», declaró Mirtha Guianze a LA REPÚBLICA.

Juan Raúl Ferreira

«Durante los primeros 5 años de democracia hubo actos institucionales de la dictadura que se seguían haciendo, candidatos a la Presidencia presos y también proscriptos. Entonces ¿se puede hablar de democracia? El propio presidente de la época dice que no estaba enterado que la Policía, que tiene que estar bajo de su mandato, realizaba tareas de espionaje. Por tanto, la democracia era a medias, ya que el presidente ejercía el gobierno pero el poder de la dictadura no se había desmantelado».

«No tengo ninguna duda de que algún sector de los partidos tradicionales ha trabajado en consonancia con los militares. Hay personajes que puedo identificar con nombre y apellido que surgen en la documentación que trabajaban para ellos y al mismo tiempo eran integrantes del Partido Nacional. En mi caso, me hacían un seguimiento diario y se infiltraban en mis reuniones».

«No era que estaban los buenos por un lado y los malos por otro. Habían sectores que tenían complicidad con los militares y otros que no. En el caso del herrerismo, es claro que eligieron un senador que era pro dictadura. Por tanto, algunos sectores tenían mucha gente con mucha consonancia con los militares. Otro ejemplo, es el ex intendente de San José, Juan Chiruchi, quien a pesar de haber sido intendente designado durante el período dictatorial fue llevado por el herrerismo en democracia».

«Desde el 85 hasta el 90 hay informes diarios de agentes que me seguían desde que yo salía de mi casa hasta que regresaba. Es más, yo iba a un tercer lugar y me perseguían hasta allí. De eso hay informes diarios a lo largo de los primeros 5 años de democracia. Además, con posterioridad también he conseguido una cantidad de documentos que confirman la infiltración en algunos círculos de reuniones de trabajo a las que yo asistía».

Gerardo Núñez

«Quienes amenazaron al fiscal Díaz seguramente sean los impunes del ayer y los que hoy se sienten con total crédito para realizar este tipo de advertencias. Hace poco pasó algo similar con el llamado «Comando Barneix». Habrá que ver si esto tiene algún tipo de vinculación con ese episodio, pero lo cierto es que todavía hay sectores muy conservadores y reaccionarios que lamentablemente intentan poner freno a cada avance en materia de verdad y justicia», afirmó Núñez.

«Creo que la salida de la dictadura y la conquista de la democracia fue una lucha que dio nuestro pueblo, pero los mandos militares generaron un plan de reiterada ordenada y dejaron en los principales eslabones institucionales de nuestro país gente funcional a la reproducción cultural de la impunidad. Cuando hablo de eslabones institucionales, me refiero a que dejaron gente tanto en el ámbito de la Justicia, de los espacios masivos de comunicación y en el político en general. Por tanto, hay mucha gente que jugó y juega funcionalmente para favorecer de la impunidad».

Nilo Patiño

«Sin dudas que esta amenaza parte de un grupo organizado. No tenemos la menor duda de dónde proviene esto: son los coletazos o el resabio que quedó agazapado de la dictadura cívica militar. Estos movimientos -aparentemente cívicos-, están unidos ideológicamente con lo que fue la dictadura», expresó Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

«En las causas judiciales, lastimosamente, tenemos pocas esperanzas porque las mayoría de las investigaciones no han ido a ningún lado. Si se indaga más profundamente y con todos los medios, alguna cosa tendría que salir a la luz. Pero las oportunidades se dejan morir de a poco», declaró.

Causas judiciales

Según el Observatorio Luz Ibarburu, existen 307 causas presentadas sobre violación de derechos humanos del pasado reciente. De las mismas, el 62% están presumariadas, el 23% archivadas, el 7% están acumuladas a otras, el 3% en sumario y el 2% no están registradas. Por tanto, sólo el restante 3% de las denuncias ha recibido una sentencia.

Por otra parte, el registro que cuenta el Observatorio ha realizado una clasificación de las causas según el tipo de delito. Allí se muestra que la mayoría de ellas se refieren a tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestro y amenazas. En cuanto al año al cual las causas denuncian, el período mayormente señalado comprende desde 1972 hasta 1978.

Constanza Moreira

«Las Fuerzas Armadas han demostrado una gran presión corporativa y creo que en el país no hay ningún sector que tenga tanta fuerza. Son el actor corporativo metido dentro del Estado con mayor peso político», señaló la senadora de Casa Grande.

Uruguay «sufre el síndrome del avestruz», por lo que quiere esconder la verdad. «Ese poder simbólico, que opera sobre el gobierno, es un elemento del pasado, pero que en nuestro país, gobernado por personas grandes, opera mucho más aún».

Javier Tassino

«La mentira oficial, llevada adelante por el comandante en jefe, es una bofetada a la institucionalidad y a los grandes esfuerzos que se hacen para una mejor convivencia», se afirmó en un comunicado de prensa.

«El comandante en jefe se reunió con el grupo de trabajo para dar información sobre un posible enterramiento, pero cuando se le pidió más datos para corroborarlos, no los quiso proporcionar. Al final de la investigación, vimos que eran datos falsos. Lo cierto es que estas cosas no las aceptamos, es muy poco serio dar una información sin ningún argumento.

Evidentemente hay sectores de las Fuerzas Armadas que saben de esta situación y dónde están los desaparecidos. Se debería hacer una investigación para averiguar lo que se sabe, -si quieren lo pueden hacer- pero ante esta situación el comandante en jefe se rió e hizo una parodia de querer ayudar cuando sabía que no lo iba a hacer», declaró a República Radio, que se emite por lacatorce10, Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Sanguinetti admitió espionaje

Julio María Sanguinetti, quien si bien durante las casi dos horas que duró la sesión manifestó que él no ordenó ninguna acción de espionaje en sus dos gobiernos, admitió que ese tipo de acciones existieron, pero por parte de «grupúsculos que arrastraban ‘viejas costumbres’ de la dictadura», y que no tiene claro si se trataron de acciones sistematizadas o institucionalizadas.

La Comisión Investigadora demostró con documentación el accionar de agencias internacionales de inteligencia, interviniendo e intercediendo en la vida política del Uruguay, como es el caso de la CIA. Hay documentos que dan cuenta del pago de informantes que desarrollada la CIA en nuestro país a funcionarios del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores con fecha del año 1989.

«Los diputados plantearon una serie de documentos que refieren a espionaje o a intervenciones lesivas para la ley, muchas de ellas son reales, no son negables», aceptó Sanguinetti.

«Ni la Presidencia, ni los ministros, todos de acrisolada capacidad democrática, jamás ordenamos ningún episodio legal. Es más, en lo personal puedo decir que fui víctima de algún episodio de ese tipo, porque en el mismo momento que, en el año 97 le volaron el auto al diputado Cores, a mí me volaron el estudio. Esas eran acciones de gente vinculada a esos servicios o exservicios o exfuncionarios de esos servicios de espionaje o de contraespionaje.

Es decir, esos episodios han ocurrido. Muchos de los diputados piensan que fue una planificación sistemática; eso es más discutible, lo tendrá que ver la comisión o el Parlamento, pero no involucran en ningún caso orden de la Presidencia. Por el contrario, una y otra vez di órdenes precisas de actuar conforme a la ley», concluyó.

Bordaberry disuelve las cámaras

El 27 de junio con el argumento que «la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal», Bordaberry disuelve las cámaras. En su discurso por cadena de radio y televisión argumentó:

«Afirmo hoy, una vez más y en circunstancias trascendentes para la vida del país, nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos. Y va con ellos entonces el rechazo a toda ideología de origen marxista que intente aprovecharse de la generosidad de nuestra democracia, para presentarse como doctrina salvadora y terminar como instrumento de opresión totalitaria.

Este paso que hemos tenido que dar no conduce y no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana. Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos; para eso además hemos cometido esas funciones al Consejo de Estado y más allá, aún por encima de todo ello, está el pueblo uruguayo que nunca se dejó avasallar sus libertades».

2 Comentarios
  1. alfredo alsamendi dice
    Cuando a mediados de la década del ’60 la CNT alertaba sobre la sombra de la dictadura que se avizoraba -ya se había dado el derrocamiento de Joao Gulart en Brasil y de Illia en argentina, nuestros fachos vernáculos le quitaban trascendencia y decían que la democracia estaba sólid. Una solidez que se basaba en Medidas Prontas de Seguridad, quita de las seguridades constitucionales, risión para dirigens sindiclaes, disolución de Consejos de Salarios, muerte sistemática de estudiantes…
    1. jorge de cabfi dice
      NUNCA MAS!!!

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