Focalizada en la búsqueda de soluciones de vivienda, la Comuna capitalina busca innovar actuando conjuntamente con otros organismos estatales aplicando políticas integrales que se orienten a un urbanismo redistributivo.

Al respecto, la directora del Departamento de Acondicionamiento Urbano, arquitecta Silvana Pissano, detalló que “se trata de poner en práctica tres tipos de estudios que se van superponiendo y son, la viabilidad jurídica, la viabilidad financiera y la viabilidad arquitectónica de esos inmuebles para poder transformarlos en viviendas de interés social, ya sea reciclando o mediante su sustitución por nuevas construcciones que aprovechen ese suelo con ubicación en áreas urbanas centrales que cuentan con todos los servicios disponibles y una buena conectividad de transporte.”

La idea es destinarlas a vivienda mediante cooperativas o para el Plan Nacional de Relocalizaciones para densificar áreas centrales o la ciudad intermedia consolidada.

Pissano informó que por datos aportados por la Defensoría del Vecino donde se constata que existen en los municipios B y C, un total de 389 fincas visiblemente en carácter de abandono.

En la actualidad, ese grupo interinstitucional, donde participan la Intendencia de Montevideo, el Mides, con el Inau, la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) y los municipios correspondientes, continúa actuando en esos inmuebles abandonados, en particular sobre aquellos que están ocupados ilegalmente con el propósito de avanzar las acciones y relocalizar a esas familias.

“se cruzó información para determinar el estado de situación, – tanto en lo referido a lo arquitectónico, como en cuanto a su situación de deudas con la comuna -, priorizando aquellas que superan el valor catastral del inmueble, que son unos 80 inmuebles en esas condiciones. Además, entre esas, ya se verificó que 18 inmuebles ya han pasado a ser parte del Estado a través de algunos de sus organismos. Y ya se están estudiando los casos a efectos de determinar a quiénes pertenecen, contactar a los propietarios y verificar si existe o no voluntad de pago, por lo que son varios los pasos para determinar que el inmueble vaya a remate”, agregó Pissano.

“El objetivo tiene la meta de lograr pasar esos inmuebles a la cartera de tierras para la construcción de viviendas de interés social y efectivamente abarcar la problemática de la gente que debe destinar una parte importante de sus ingresos al alquiler”.

Asimismo, y a efectos de avanzar la gestión y coordinación en materia habitacional, el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, junto a la directora del departamento de Acondicionamiento Urbano, Silvana Pissano, se reunieron con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, y el subsecretario, Jorge Rucks, acompañados por la directora Nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry y el secretario general del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Homero Guerrero.

En el encuentro, se acordó la creación de un espacio de coordinación a cargo de un grupo de estudio, que avance en la determinación de ese campo de actuación y derive en un futuro convenio de trabajo conjunto entre ambas instituciones del Estado, en cuanto a los inmuebles abandonados en áreas centrales de la ciudad.

También existe otro eje de trabajo que tiene otro plazo puesto que se trata de la posible aprobación de una ley a nivel nacional sobre viviendas vacantes.

 

Proyecto para que fincas vacantes pasen a cartera de vivienda de interés social

Existe un proyecto de ley en el Poder Legislativo, que ahora está en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, que propone una ley nacional con el objetivo de determinar los inmuebles vacantes cuyos propietarios han abandonado sus obligaciones, ya sea por no realizar su mantenimiento o por no hacer efectivo sus pagos correspondientes.

La ley, cuando llegue a ser aprobada, determinaría que esos inmuebles, cuando pasen a vacantes, se vuelquen a la cartera de vivienda de interés social.

En la reunión de la comisión, se informó que la IM colaborará con el proceso de la ley nacional y hasta que se apruebe, se dispone de instrumentos con los que, a corto y mediano plazo, se puede abordar ese conjunto de inmuebles ya relevados.