La dependencia girará en torno al Ministerio del Interior pero tendrá representantes de los ministerios de Educación y Cultura, del de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, del Mides y “uno representando al Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones representativas de las víctimas”, aclara el decreto del gobierno.

Vázquez exhorta además al Congreso de Intendentes, al Banco de Previsión Social y a la Universidad de la República a designar un delegado de cada una de esas dependencias para integrar este comité de ayuda a las víctimas de los delitos violentos.

Los cometidos que tendrá esta nueva dependencia de gobierno será primordialmente el de brindar atención directa a las personas que sufrieron delitos violentos, intercambiando experiencias y modelos de atención entre los organismos involucrados; generar actividades de capacitación en habilidades preactivas de “contención, orientación y atención a víctimas para los distintos operadores, funcionarios y profesionales” de las instituciones del Estado que la conforman; definir protocolos para la derivación de situaciones; disminuir los efectos de la revictimización; construir e implementar un Sistema Nacional de Información e implementar encuestas de victimización; generar las coordinaciones necesarias para incorporar efectivamente la realidad de cada departamento; coordinar y articular la ejecución de la política de atención a las víctimas de delitos violentos, observando los principios de “eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión”.

También la de definir estrategias de comunicación sobre esos hechos; difundir y promocionar “buenas prácticas” y fomentar el desarrollo de “acciones de promoción de los derechos de las víctimas”.

Pensiones

El decreto de Vázquez que atiende a las víctimas de delitos violentos no es la primera de las acciones del gobierno en procura de dar amparo y contención a los eventuales victimarios.

En diciembre del 2012 y por ley (19.039) se crea la prestación de seguridad social denominada “Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos”, a cargo del Banco de Previsión Social. El derecho a la pensión se generará cuando en ocasión de una rapiña, copamiento o secuestro, resulte un homicidio o la persona, víctima de esos delitos, quede incapacitada para todo trabajo.

El cónyuge o el concubino de la víctima de homicidio; los hijos menores de la víctima y los hijos de la víctima mayores de 18 años, solteros y que estén incapacitados para todo trabajo serán los beneficiados con esa pensión.

Y en caso de persona quede incapacitada para trabajar, el beneficiado es la propia persona que, víctima de los delitos de rapiña, secuestro o copamiento, resultó incapacitada. Según el Banco de Previsión Social, anualmente el Estado destina US$ 1.500.000 a la protección de víctimas de delitos.

Sedes para familiares

Mujeres de Negro y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia recibieron del Banco de Previsión Social y del Ministerio del Interior, en comodato, un local en Montevideo donde instalaron sus sedes. Uruguay es innovadora a nivel mundial en atención a víctimas de hechos violentos. La legislatura contiene actualmente dos leyes referidas a temas que amparan a 339 personas, en las que el Estado uruguayo invierte 1.500.000 dólares por año.

El local donde funcionan las organizaciones “Mujeres de Negro” y Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia, fue refaccionado por privados de libertad, operadores penitenciarios y policías. Se encuentra en Gral. Flores 2419.

El monto de la pensión ronda los 16 mil pesos. En el caso de personas viudas o concubinas con más de 40 años al momento del fallecimiento de la víctima, el cobro es vitalicio. Si tienen entre 30 y 39 años, se les paga durante 5 años y si tienen menos de 30 años reciben la prestación durante 2 años. Los menores de edad cobran hasta los 21 años y los mayores de edad discapacitados en forma vitalicia.

EL DATO

“Violencia extrema”

La propuesta del centro de atención a las víctimas de la violencia y del delito, creado por el artículo 19 de una ley sancionada en el año 2005, apunta a la necesidad de contar con espacios interinstitucionales para la coordinación, especialización e intercambio de conocimiento en el área psicosocial, a los efectos de la elaboración de protocolos de orientación, contención y tratamiento de las personas que hayan sufrido hechos delictivos enmarcados en la llamada “violencia extrema”.

El gobierno entendió que la creación de esta nueva dependencia “se hace imperiosa” para elaborar estrategias conjuntas para disminuir los factores de riesgo asociados a la desprotección” y así “estudiar las distintas variables para reducir los procesos de victimización secundaria”.