A dos años de haberse promulgado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Uruguay logró posicionarse como uno de los países con menos abortos en el mundo, apenas superado por Irlanda y México en su Distrito Federal donde las interrupciones de embarazos o están prohibidas o limitadas a casos donde únicamente corra peligro la vida de la parturienta.

En España, donde sólo se permite interrumpir el embarazo en supuestos casos de violación, malformación fetal y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, el índice de abortos según los últimos datos oficiales es de 12 casos por cada mil mujeres.

Los indicadores oficiales señalan que, desde la vigencia de la nueva ley, se practican 9 abortos cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. Este indicador de relacionamiento es el mismo que se utiliza para la tasa de fecundidad. En los países europeos, la tasa de mujeres que abortan su embarazo oscila entre 13 y 15 casos por 1.000.

La información fue confirmada a LA REPÚBLICA por la directora del programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Rieppi.

Según estadísticas que paralelamente a las oficiales llevan adelante organizaciones feministas, el promedio de edad de las mujeres que consultan por el aborto legal en las instituciones médicas oscila los 27 años.

En la gran mayoría de los casos, las mujeres manifestaron que el embarazo interfería en su proyecto de vida y por eso tomaban la decisión luego de los pasos establecidos en la ley y que contemplan citas con psicólogos, orientadores sociales y médicos especialistas.

La ley uruguaya establece que se puede realizar el aborto en cualquier centros de salud, de forma gratuita y hasta la semana 12 de gestación. “Hay un plazo de reflexión y nosotros lo incorporamos al plazo de reflexión porque la realidad muestra que cuando se da esa reflexión muchas veces las mujeres desisten.

De hecho, la experiencia que venimos cosechando en el Uruguay con la aplicación de esta ley es que una quinta parte de las mujeres que consultan para practicarse un aborto terminan desistiendo”, confirmó el diputado Iván Posada, del Partido Independiente a un medio de noticias internacional.

Para el gobierno, despenalizar la interrupción del embarazo ayuda a erradicar las muertes que se producían en medio de la ilegalidad. “El que puedan consultar por esta causa es bien importante. Al principio las mujeres venían con mucho miedo, con temor a ser denunciadas, les daba miedo consultar por esto.

Ahora se están animando más a compartir con el equipo de salud que realmente tienen un problema y ver de qué forma podemos ayudarlas”, consideró la psicóloga de Iniciativas Sanitarias, Cecilia Stapff. Mientras, el subsecretario del Ministerio de Salud Leonel Briozzo, sostuvo que el gobierno y el contenido de la ley es “pro vida” porque “queremos que las mujeres no mueran en los abortos inseguros y estamos en contra del aborto, justamente por eso lo despenalizamos”.

Antes, durante y luego de sancionarse la ley, los partidos de la oposición mayormente y organizaciones sociales vinculadas a corrientes religiosas auguraban que la norma iba a desencadenar la práctica de abortos en forma masiva y a aumentar los índices en ese sentido.

Cifras que duelen

China, Rusia, Brasil, República Dominicana, Perú, Chile y Ecuador son los países que más abortos registran.

El 11% de las mujeres latinoamericanas que mueren por causas relacionadas al embarazo fallecen como consecuencia de un aborto clandestino. En Argentina esa cifra es más del doble: el 25% de la mortalidad materna es atribuida a las interrupciones mal realizadas. Los únicos otros dos países de la región donde los abortos son la principal causa de muerte materna son Jamaica y Trinidad y Tobago.