Por: Luis Casal Beck

“El desafío que enfrenta un tercer gobierno del Frente Amplio (FA), es la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que atienda al creciente déficit de cuidados (que se percibe en nuestra sociedad)”, señalaban las bases programáticas discutidas y aprobadas por el VI Congreso Extraordinario del FA realizado en Montevideo el 23 y 24 de noviembre de 2013. Este planteo, que constituye una de las grandes novedades de la propuesta de reformas progresistas a desarrollar en los próximos años, estuvo esta semana en la agenda pública. La derecha política, sobre esto, por ahora nada dice.

El lunes 17, al dar a conocer cuáles serán los énfasis programáticos centrales de su campaña, Constanza Moreira se refirió, entre otros temas, al SNIS, y las políticas a desarrollar para alcanzar formas más igualitarias de convivencia. El viernes 21, en un acto desarrollado en Santa Bernardina (Durazno), Tabaré Vázquez sostuvo que en un tercer gobierno del FA (2015-2020), el nuevo sistema de cuidados, debe adquir una significación parangonable con lo que fue a partir de 2005 el Plan de Emergencia, en momentos en que más de un millón de uruguayos (40% de la población), estaban en la pobreza, y un 5% en la indigencia.

En su programa, la izquierda señala que: “Uruguay está experimentando cambios demográficos, económicos, sociales y culturales que, por un lado, conllevan a un aumento de personas con necesidades de cuidado; y, por otro, disminuyen las capacidades de las familias -responsables hasta ahora casi en exclusividad-, para proporcionarlos”•

El documento, agrega que “por cuidados, entendemos una función social que implica la promoción de la autonomía personal, como la atención y asistencia en situación de dependencia; es decir, aquellas que requieren de otros para realizar tareas básicas de la vida diaria (comer, vestirse, caminar, etc). El déficit de cuidados, atenta contra el bienestar de la población, limita el ejercicio de derechos, y constituye un factor de desigualdad en la medida en que el acceso a servicios de cuidados, depende de la capacidad adquisitiva de quien lo necesita. Esto supone una enorme desigualdad social”.

Paralelamente, “la concentración de las mujeres en las responsabilidades de cuidado, constituye uno de los factores más importantes en la producción y reproducción de la desigualdad de género (y) la falta de alternativas y servicios públicos de cuidados, limita la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, en momentos en el que la falta de mano de obra, es un cuello de botella para el crecimiento económico del país”.

Entre las medidas planteadas, en el marco de un nuevo “modelo solidario”, se incluye “implementar un Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios para personas adultas mayores en situación de dependencia”, “impulsar la creación de Centros de Día en forma articulada”, “ir a una efectiva regulación y supervisión de los servicios de acompañantes en domicilio”; fijar “estándares de los servicios (…) apuntando a mejorar la calidad”. Esto último tiene relación con el elevado número de empresas de servicios de acompañantes, particularmente en el área de la salud (una sola de ellas, tiene hoy 1.500 personas que trabajan en esto, según fuentes del sector), y un elevado número de residencias, en todo el país, que albergan a personas con distintas formas de discapacidad, con escaso control público, y que están guiadas por un afán de lucro.

Un estudio reciente publicado en Montevideo (“Cuántos y cómo somos”, de Juan José Calvo e Ignacio Pardo, “Nuestro Tiempo” Nº 1), señala que en el presente, “los mayores de 65 años alcanzan los 463.700 personas (14% de la población total), de los cuales 126.100 tienen más de 80 años, y más de 500, son centenarios”. Estos grupos etarios, están hoy subordinados a una creciente dependencia, que suelen cubrir las familias, o los servicios que proporcionan distintas compañías privadas. La idea del FA, es crear un sistema público de cuidados.

Calvo y Parodi, subrayan en esta investigación, que “para el 2030, habrá en Uruguay 624.00 personas de 65 y más años, de los cuales 162.00 contarán con más de 80 años; y en el 2050, alcanzarán las 743.000 y 250.000 personas, respectivamente”.

El programa del FA, señala que “el Ministerio de Desarrollo Social será el responsable de coordinar el (nuevo) sistema, a través de una Junta Nacional de Cuidados, integrada por aquellas instituciones con competencia en rectoría de políticas de cuidados, y con participación social”. Se buscar “un modelo de financiamiento solidario”. “Para que el SNIC sea una realidad -agrega el documento- es necesario contar con un modelo de financiamiento acorde a la movilización de recursos necesarios. Se considerarán diversas fuentes (públicas, privadas, mixtas), que se comprometerán en el marco de un modelo de financiamiento, solidario y sistémico, promoviendo su gestión unificada a través de un fondo”.

Todo un gran tema, que comporta uno de los grandes desafíos planteados para encarar a partir de marzo de 2015, en caso de que el FA, conquiste una tercera victoria, en las elecciones nacionales de octubre. Un emprendimiento de esta dimensión, obligará, naturalmente, a buscar los grandes consensos entre los distintos actores políticos. Ha sido por ahora el FA, quien instaló este tema en la agenda precomicial. Lo hizo, según lo determinado por un congreso del año pasado. Los dos precandidatos presidenciales para las internas de junio, coincidieron en abordar el problema de los cuidados, en la construcción de una democracia cada día más plena.

El viernes 21, en un acto desarrollado en Santa Bernardina (Durazno), Tabaré Vázquez sostuvo que en un tercer gobierno del FA (2015-2020), el nuevo sistema de cuidados, debe adquir una significación parangonable con lo que fue a partir de 2005 el Plan de Emergencia.