El máximo órgano del Poder Judicial desestimó, por unanimidad, la acción de inconstitucionalidad impetrada por el PI contra varios artículos de la Ley Nº 18.567 (“Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana) y la Ley Nº 18.644 (“Ley de Descentralización Territorial y Participación Ciudadana”), por las cuales se dispuso la creación de los “Municipios”.

El PI y varios ciudadanos cuestionaron las normas por violentar diversos preceptos de la Constitución de la República, entre ellos, la autonomía de los gobiernos departamentales y las autoridades locales, y la creación de cargos electivos “sin poder de decisión” efectivo por carecer de independencia.

Empero, la Corte desestimó la acción, entre otros motivos, porque al no definirse “un caso concreto” su pronunciamiento “sería un juicio genérico y abstracto (…) so riesgo de incurrirse en un exceso de poder, invadiendo la competencia de los otros Poderes, lo cual no puede admitirse”, según el fallo al cual accedió LA REPÚBLICA.

En este sentido, el ministro Ricardo Pérez Manrique valoró que un eventual pronunciamiento de inconstitucionalidad “derivaría en una exoneración al PI de su participación en la elección de las autoridades locales, pero ello no evitaría que dichas autoridades sigan existiendo y actuando en el ámbito de las competencias”.

En la misma línea, el ministro Jorge Chediak dijo que el recurso carece de “utilidad”, requisito indispensable para que exista un pronunciamiento, ya que su único efecto sería habilitar que el PI no se presente en los comicios, lo cual no impediría que las decisiones de las autoridades municipales “sean obligatorias para la parte actora”.

“En su calidad de asociación que se individualiza con una expresión llamada lema, que constituye una tendencia institucionalizada a través de la cual puede expresarse el Cuerpo Electoral (…) el PI no es el destinatario natural de las decisiones administrativas a las que arriben las autoridades municipales, sino que su actividad se dirigirá a los ciudadanos y demás habitantes de la República”.

Por otro lado, los ministros Pérez Manrique y Daniel Gutiérrez aducen que la creación de los “Municipios” no vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales o Juntas Locales, ya que “su creación fue una opción que el legislador tomó dentro del marco de libertad que las normas constitucionales le habilitan”. “Los Municipios no pueden asimilarse ni conceptual ni normativamente a las Juntas Locales”, afirmaron.

Por último, Gutiérrez consideró, en consonancia con los gobiernos de Salto y Lavalleja, que la actitud del PI es “contradictoria” con su accionar, “pues el 9 de mayo se realizaron en el país las elecciones departamentales y municipales, en las cuales el PI participó activamente proponiendo sus candidatos a los cargos electivos de Alcalde y Concejales”.

Legitimación

La acción de inconstitucionalidad presentada por el PI fue acompañada por varios ciudadanos, que se sintieron afectados por la creación de los “Municipios”. Empero, la Corte estimó que sólo el PI tenía legitimación activa para accionar, ya que los ciudadanos tienen un interés “abstracto no basado en la lesión actual o inmediata de su interés”. En tanto, los ministros Jorge Larrieux y Jorge Ruibal Pino alegaron que debería rechazarse sin ingresar al fondo por que ni siquiera el PI tenía legitimación activa.