Por: Dr. Javier Miranda. Director Nacional de DDHH del MEC

 

Esta convención, que presumo compartible a poco que se reflexione, no pretende ser una deslegitimación de la institucionalidad estatal; por el contrario, como se verá en el desarrollo de estas líneas, propongo una defensa de esa institucionalidad.

Cabe preguntarse entonces el para qué del Estado, qué sentido debiera tener esta creación. Afirmaré en primer lugar que el Estado no es un fin en sí mismo; su creación no es un objetivo final de la acción humana, sino un medio. Éste es el “giro copernicano” del Estado moderno del que habla Norberto Bobbio: la clave de bóveda de la sociedad moderna, es la persona, ya no un presunto organismo colectivo .

Es la imagen del contrato social construida por el pensamiento ilustrado, el pasaje del “estado de naturaleza” a la sociedad de personas, regulando la vida en común. Pero ya no cualquier vida, sino la vida digna. Ésta es la piedra de toque: la dignidad de la persona humana. Sobre ella se pretende fundar una idea, un ideal de sociedad humana.

Recogiendo una definición propuesta por Fernando Willat, entiendo por dignidad humana: a) la capacidad y la posibilidad efectiva de la persona de realizar autónomamente un proyecto de vida –de aquí se derivará la libertad de elección, los derechos de libertad, y la proposición de condiciones materiales que la posibiliten, los derechos sociales-; b) la capacidad y la posibilidad efectiva de participar en la construcción del proyecto colectivo en los ámbitos de pertenencia –lo que implica los espacios y mecanismos de participación en la toma de decisiones y, a partir de allí, la proposición de los derechos civiles y políticos-; c) la capacidad y la posibilidad efectiva de autodeterminarse como colectivo y realizar un proyecto de sociedad –la dimensión social colectiva, del que derivan los derechos colectivos-. Tres dimensiones, entonces, de la dignidad humana: el individuo en su singularidad y su posibilidad de realización; el sujeto que participa y actúa socialmente; el colectivo que construye un proyecto de vida en común.

Para la realización de este fin, la dignidad humana, se establecen normas que asignan a todos los seres humanos en tanto tales, mecanismos para la protección y realización de ciertas necesidades que expresan las condiciones de la dignidad. A eso es a lo que llamamos derechos humanos.

En conclusión, postulo que la finalidad, la justificación, aquello que legitima la institución Estado es la realización de los derechos fundamentales de las personas.

Prefiero la expresión derechos fundamentales frente a la de derechos humanos por razones del modelo teórico que da marco a estas reflexiones –y sobre el cual no me detendré en este espacio- y porque ella denota el carácter fundacional del proyecto. Fundacional en un doble sentido: como base o cimiento de ese proyecto y, además, como origen y justificación de la propuesta política que éste implica.

 

Políticas públicas con enfoque de derechos humanos

Si la conclusión sostenida en el apartado anterior es legítima en términos de opción política –ya no verdadera, que no es el caso- de allí se sigue que las políticas del Estado deben estructurarse sobre la base de la realización de los derechos de las personas.

De esta forma reinterpreto y pretendo dotar de contenido sustancial un cierto discurso, puesto de moda principalmente a partir de los ámbitos de cooperación internacional para el desarrollo bajo el eslogan “políticas públicas con enfoque de derechos humanos”.

Esto, como decía, constituye un proyecto político. Recogiendo una propuesta ya formulada desde la izquierda uruguaya , se podría llamar “el Uruguay de los derechos humanos”. De todos los derechos humanos; también el de la denuncia de las violaciones a los derechos de libertad y políticos que padecimos durante la Dictadura, pero no solamente ni exclusivamente. Para construir el nunca más hay que promover los derechos de libertad y los derechos políticos, pero también el espacio de la vida en común, de la convivencia, que se edifica sobre los derechos sociales. Junto al pacto de libertad, de no agresión y de tolerancia, el pacto de solidaridad, para generar las capacidades y las oportunidades de realización de la dignidad humana. Esto último implica, como correlato de los derechos, obligaciones de hacer, prestaciones sociales. Las dos dimensiones conforman el pacto de convivencia, la síntesis para el vivir juntos en un proyecto simultáneamente individual y colectivo.

De esta forma, no se deja de lado las obligaciones que derivan de los derechos. Pero debe señalarse que esas obligaciones no se infieren de la calidad de titular de derechos fundamentales de la persona, sino como derivación lógica de esa titularidad de derechos en cabeza de otro. Yo estoy obligado no por ser titular de derechos, sino porque otros con los que convivo, son titulares de los derechos correlativos a mis obligaciones . A diferencia de una construcción autoritaria, con esta perspectiva el término primitivo de la política es el derecho, no la obligación. Ello es consistente, además, con la conclusión de la justificación y legitimidad del Estado. Simultáneamente, se da cuenta del pacto de solidaridad. La política se construye no para distribuir obligaciones sino para realizar los derechos de las personas.

 

Izquierda, igualdad y derechos fundamentales

Sostuve más arriba que para la realización del fin de la dignidad humana se establecen normas que asignan a todos los seres humanos en tanto tales, mecanismos de protección y realización de ciertas necesidades que expresan las condiciones de esa dignidad; a aquellas es que llamamos generalmente derechos humanos. Por otra lado, en el apartado anterior propuse que el núcleo de la política está en la distribución de los derechos y, consecuentemente, de las obligaciones correlativas. Las preguntas básicas son entonces: ¿entre quiénes?, ¿con qué criterios? El paradigma de los derechos humanos responde: asignación de los derechos humanos a todas las personas en forma igual. De la norma de la asignación universal de derechos, se deriva, lógicamente, la igualdad de las personas, que se origina en la opción ético-política de la igual dignidad de todos los seres humanos.

Sostengo -una vez más junto a Bobbio – que aquello que caracteriza a la izquierda, la vocación del proyecto político de la izquierda, es el combate a las desigualdades naturales, la asunción del compromiso de la igualdad social. En consecuencia, postulo que la promoción y defensa de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, constituye la columna que debiera vertebrar el programa político de la izquierda, también de la uruguaya. “La izquierda tiene el instrumento que necesita, y se llama Carta de los Derechos Humanos. (…) Todo lo que la izquierda ha dicho desde siempre que había que hacer en el mundo está ahí. (…) (S)i hubiera un partido, de izquierda, que son los partidos que lo pueden hacer, a partir de ahora todo el programa está allí: carta de los Derechos Humanos” .

Referencias:

1. Bobbio, La edad de los derechos.

2. Ver Ferrajoli, Principia Iuris.

3. Se la escuché originalmente a Marcos Carámbula.

4. Hohfeld, Los conceptos jurídicos fundamentales.

5. Bobbio, Sen.

6. Bobbio, Derecha e izquierda

7. José Saramago en Halperín, Conversaciones con Saramago: reflexiones desde Lanzarote.