El proyecto de ley, elaborado por el Poder Ejecutivo, implicará que aquellos terrenos o edificaciones sin uso adecuado, en estado de deterioro, visiblemente abandonados, deberían tener un uso social. “El objetivo es facilitar que estos inmuebles puedan estar en el mercado o, en su defecto, puedan ser adquiridos por el Estado para vincularlos a sus programas”, dijo Salvador Schelotto.

“Hay dificultades en el país para contar con terrenos, inmuebles, localizaciones bien servidas y dotadas de infraestructura en áreas consolidadas de las ciudades. Por ejemplo, el sistema cooperativo ha tenido un desarrollo muy importante y demanda predios para desarrollar sus programas”, dijo el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, al presentar el documento preliminar de Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, en esta jornada, en Torre Ejecutiva.

El funcionario destacó que es necesario que el Ministerio de Vivienda, los gobiernos departamentales y los privados coordinen para construir. Afirmó que se priorizarán las áreas consolidadas de las ciudades, es decir, aquellas que estén dotadas de infraestructura con saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad, más todas las cualidades urbanas necesarias para edificar.

El director de Vivienda dijo que Uruguay invierte anualmente medio punto del producto bruto interno (PBI) en la producción de soluciones habitacionales en diferentes modalidades. En tal sentido, señaló que se trata de la inversión más importante de los últimos 20 años.

El documento preliminar de Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano enumera herramientas que ya están disponibles, como las aportadas por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible; la Ley de Expropiaciones de Bienes Raíces o la ley orgánica municipal. También citó el proyecto elaborado por el Ministerio de Vivienda sobre inmuebles abandonados. “El proyecto busca poner en juego un conjunto de propiedades inmuebles, que pueden ser terrenos o edificaciones, que no tienen un uso adecuado, están en estado de deterioro y visiblemente abandonadas y deberían tener un rédito o uso social. El objetivo es facilitar que estos inmuebles puedan estar en el mercado o, en su defecto, puedan ser adquiridos por el Estado para vincularlos a sus programas”, indicó.