Por: Gustavo González, Analista

Parece que la Comisión de Vivienda de Diputados intentó al fin del año pasado tratar de apurar una serie de leyes que estaban encajonadas desde hace tiempo. Pero sucedió que, ley por ley, entre las piruetas parlamentarias quedaron en el camino, para que las que son claves no salieran o las que saldrán tendrán cambios sustantivos.

La Unidad Popular a través de su representante, Rubio, tuvo que admitir bajar las expectativas de financiación que pretendía un 1% del PBI, lo cual de por sí ya no es nada, pero si la aprobaran no admitirían ni el 1%.

Otra de las leyes fue la presentada por el diputado Gerardo Núñez, que pretendía topear el precio de los alquileres, pero se olvidaron que aún vive y lucha lo aprobado en dictadura en 1974 acerca de la denominada “libre contratación”. Acerca de ello sucedió que la Rendición de Cuentas del año 2011 renovó hasta el ¡2022! lo del 74.

Otras buenas intenciones como la ley presentada por los diputados Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni, que pretendía que los inmuebles que la Justicia declarara abandonados pasaran al Estado, contó con la férrea oposición de Jaime Trobo planteando que ello afectaría “la propiedad privada”.

Pese a ello una Comisión del Ministerio y la Agencia estudió el proyecto, pero ahora se trata de inmuebles” vacíos y degradados”, lo que obviamente llevará mucho tiempo para que se declare “degradado” y todos los baldíos quedarían de esta forma afuera.

Y todo esto es obviamente un tema inminentemente político, todo lo que se puede aprobar, no puede ni debe tocar al real presupuesto que se asigna a vivienda que sigue siendo miserable, tal cual lo dictamina y ordena el Ministerio de Economía.

Por su parte, leyes claves como la baja del injusto interés que se les cobra por sus préstamos a las Cooperativas de Vivienda de la reglamentación 2008, ni se habla ya.

Si no hay una verdadera financiación estatal no existe solución real al problema de la vivienda, en eso hay que reparar. Porque además lo que sigue inamovible es la nefasta ley llamada en primera instancia de “interés social” que solo favoreció a las empresas constructoras. En esto también hay que reparar.

Sería bueno que en vez de intentar sacar leyes del calibre de las que se están discutiendo, realmente se ocupen de generar un verdadero Plan Nacional de Vivienda con fuerte presupuestación desde el Estado.