Ya corre la cuenta regresiva hacia el fin del mandato del presidente Enrique Peña Nieto mientras se marchita su gran promesa de un “México en paz”, con la cristalización de la controvertida guerra militarizada contra el narcotráfico y el punteo de nuevas cifras récord de homicidios.

Y, según analistas, este panorama no será más alentador de cara a las elecciones de 2018, pues las propuestas de los principales aspirantes presidenciales son “preocupantes” en materia de Seguridad. El propio Peña Nieto, cuyo sexenio culmina en un año, reconoció que “se ha venido revirtiendo” el avance contra la violencia, siendo 2017 particularmente sangriento con 20.878 homicidios.

Si esta tendencia continúa, 2017 sería el año más violento desde que México comenzó el conteo oficial de homicidios hace dos décadas. El desempeño es “catastrófico”, resumió Alejandro Hope, exagente de inteligencia mexicano y consultor en seguridad, para quien el gobierno “acabó tirando la toalla y administrando la crisis”.

Peña Nieto viene arrastrando bochornos internacionales como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 a manos de policías coludidos con sicarios, o la segunda fuga en 2015 del ahora recapturado Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el narcotraficante más buscado del mundo. Mientras el gobierno capturaba a los capos, se aceleró la fragmentación de los grandes cárteles, que devinieron en numerosas células ultra violentas diversificadas en la extorsión, secuestro, robo de combustible y trata de personas.

Así, fue imposible retirar de las calles a las tropas militares antidrogas que México desplegó a finales de 2006, pese a que ello originó denuncias internacionales de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura por parte de soldados y una ola de violencia que ha dejado -según cifras oficiales- más de 196.000 muertos y 30.000 desaparecidos.

El debate actual sobre seguridad abunda en “desconocimiento, ignorancia, prejuicios”, y esto es “preocupante, porque la muerte, el miedo, el dolor que hemos pasado por tantos años, ¿cuándo se va a acabar?”, cuestiona Javier Oliva, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México. Pero para Peña Nieto, aún es “momento de apretar el paso para alcanzar las metas”.

Así lo dijo la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Seguridad Interior, que otorga marco jurídico al despliegue militar. Críticos de la ley alegan que cristaliza y legaliza la guerra antidrogas, abriendo la puerta a un mayor grado de autonomía castrense. Esta controvertida iniciativa se discute en el Senado, mientras bulle una rebatiña electoral de cara a 2018 pero sin enfoques innovadores en materia de seguridad.

El precandidato que designó Peña Nieto para sucederle, el independiente José Antonio Meade, ha estado al frente de los despachos de Hacienda, Relaciones Exteriores, Energía y Desarrollo. Pero no tiene experiencia en seguridad.

Recientemente, Meade dijo que representa “la experiencia” que combatirá “la ocurrencia”, pero cuando se le pregunta sobre seguridad, sus respuestas son vagas.

Por su parte, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas electorales, escandalizó este fin de semana al sugerir una “amnistía” con el crimen organizado.

“Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que haga campañas para aminorar el consumo de drogas”, dijo en un evento proselitista.

Peña Nieto presentó al inicio de su gobierno un Plan de Desarrollo cuyo primer capítulo se titula “México en paz”. Pero para Hope, “no hay que confundir el eslogan con la política”.

El objetivo era reducir significativamente el número de homicidios a 12 por cada 100.000 habitantes, y “eso ciertamente no se va a alcanzar. Vamos a cerrar el sexenio sobre 24”, advirtió. Este gobierno ha sido “una cadena de ocurrencias, de improvisaciones”, coincide Oliva, al asegurar que desde el 2000 “México tiene más muertos y más desaparecidos que 51 años de guerrilla en Colombia”.

Para el exfiscal antidrogas Samuel González, el gran culpable de estos números rojos es el nuevo sistema de justicia penal, que entró en vigor en 2016 y busca la libertad del acusado siempre que no se demuestre que requiere prisión preventiva durante su proceso. “Una persona comete el delito, lo sacan (de la cárcel), vuelve a cometer el delito, lo vuelven a arrestar… es lo que se llama la puerta giratoria”, dice.