Organizado por la Fundación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios (FLAEP), se llevó a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española, el seminario internacional “Gestión de la privación de libertad en asociación público privada”. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expuso sobre los desafíos de la participación público privada (PPP) en el marco de las reformas penitenciarias de América Latina. El jerarca comenzó definiendo a la PPP como una forma de hacer una inversión donde se resigna la iniciativa al privado, en funciones que tiene que llevar adelante el Estado. El Ministro aclaró que se eligió esta modalidad de construcción por la imperiosa necesidad que había en Uruguay de construir cárceles y la gran inversión que se debía hacer. “Que nosotros hayamos elegido la PPP no se debió a la virtudes del funcionamiento en cárceles, se debe a que cuando se lo planteamos – antes de sumir el gobierno – al ministro de Economía -porque había 3.500 plazas menos que personas privadas de libertad- (…) nos dijo que por la situación financiera del país no había para invertir lo necesario, entonces ofreció como posibilidad la PPP”.

Desde que está al frente del Ministerio se han construido 6500 plazas nuevas, de esas, 3000 sustituyeron plazas destruidas o dejadas en desuso y 3500 son plazas nuevas. Hoy hay 10 mil plazas y una población privada de libertad que no alcanza a las 11 mil personas. Bonomi dijo que si bien el hacinamiento es admisible – inferior al 120% -, no está bien repartido. Cuando asumió la gestión de la cartera, no había inversión ni una política penitenciaria con rumbo claro y no estaba claramente vinculada a las políticas de seguridad, entonces la primera medida era definir una política carcelaria en el marco de las políticas de seguridad. Se recorrieron distintas cárceles del mundo para ver su funcionamiento y se optó por el modelo español desde el punto de vista arquitectónico y por su política de progresividad, pero suponía una inversión de 80 millones de euros.

Sobre la elección de la PPP, Bonomi dijo se estudió la experiencia de Inglaterra donde se utiliza este tipo de contratación para lograr mano de obra barata, “Esto no da la menor posibilidad de rehabilitación, y tampoco le da intenciones al que maneja la cárcel de que haya rehabilitación sino que no se rehabiliten para mantener la mano de obra barata” expresó. “Esto es contradictorio con la política que pensábamos impulsar, entonces tienen que limitarse los servicios que uno cede a la iniciativa privada”.

Bonomi aclaró que la cárcel de Punta de Rieles se paga en 27 años, tanto el costo de construcción, como los servicios que presta el privado. “La decisión nuestra no fue cuál es mejor, sino cuál es posible y dentro de los posible cómo evitamos los mayores problemas que pueda tener. Nosotros lo que decidimos es que cedemos a la iniciativa privada todo menos la rehabilitación, la seguridad y la salud – la parte médica -, eso es responsabilidad del Estado. Nosotros nos reservamos la rehabilitación porque hace a las políticas púbicas, a la política de seguridad”. Exigiéndole a la empresa constructora que incorpore tecnología para la seguridad, talleres para trabajo, salas para educación, canchas multifunción y que la celda sea solo un lugar para dormir. Bonomi dijo que el desafío es cómo se gestiona la rehabilitación, el trabajo, el estudio, el deporte y la visita de otra manera. “Yo creo que con estas salvedades la seguridad del Estado, la salud del Estado y la rehabilitación del Estado, van a funcionar porque existen políticas generales que hay que llevar adelante desde todas las cárceles”, sentenció.