En la ciudad de Rivera, una joven mujer fue procesada con prisión por homicidio culposo, tras haber tenido un parto en el baño de su casa, sola y desconociendo que cursaba un embarazo a término. En la sentencia  se la responsabiliza del desenlace final por haber sido negligente, pese a que se reconoce que tenía ´´faltas de conocimiento respecto de los fenómenos previos al parto así como del parto mismo“.

La sentencia de procesamiento con prisión por homicidio culposo fue dictada por el juez Darwin Rampoldi. A su respecto, la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) evaluó que en ella las circunstancias están narradas  ´´de forma magistralmente misógina“ , lo que desnuda la ´´nula perspectiva de género´´ del magistrado.

En el comunicado que dio a conocer inmediatamente de conocido el fallo, MYSU expresa: “Se reconoce en la sentencia el desconocimiento sobre su situación de embarazo así como su desmayo luego de parir sin ninguna ayuda y sin entender lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, el juez opta por responsabilizarla y culpabilizarla por no haber controlado su estado de salud y, obviando toda la situación descrita por ella, por sus familiares, por testigos e incluso por los médicos, concluye que la joven tenía una ´gama de posibilidades que se abrían para actuar´ exigiéndole otra conducta, aunque se reconoce que la joven tenía ´faltas de conocimiento e información de los fenómenos previos al parto, así como del parto mismo´. ´Fue su negligencia, su falta de cuidado y atención la que determinó el desenlace final`, sentencia. La decisión del juez nunca fue desde el lugar de comprender las circunstancias de indefensión y vulnerabilidad y, por lo tanto, eximirla de la pena o procurar penas alternativas“.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2016 y el dictamen está fechado en marzo de 2017. La policía quiso detener a la joven dentro del establecimiento educativo cuando el juez emitió su procesamiento. La comunidad educativa lo impidió, protegiéndola.

´´ Exigimos que el Poder Judicial garantice la formación permanente en derechos humanos de sus integrantes así como el conocimiento y uso de las herramientas jurídicas que aseguren la justicia de género. También deben controlar la actuación de sus operadores porque el análisis de sus fallos da cuenta de los sesgos de género y de los prejuicios con los que actúan reforzando estereotipos y reproduciendo condenas sociales“, afirma MYSU, demandando también la inmediata libertad de la joven y la intervención de todas las instituciones involucradas que podrían lograr que eso ocurra.

MYSU también denuncia la actitud de los profesionales de la salud que atendieron a la mujer en la emergencia del Hospital Departamental, quienes en lugar de tratarla como correspondía a la situación, la maltrataron, menospreciaron y juzgaron: ´´Con diagnóstico primario de aborto en curso le hicieron una serie de exámenes ginecológicos, la derivaron a la sala de maternidad“ y seis horas después del ingreso, l a primera pregunta que le hicieron fue dónde estaba el niño.

´´Los profesionales de la salud no son jueces ni policías y su función no es condenar sino asegurar una atención de la más alta calidad sin importar el nivel socio-educativo y los motivos de la persona que la requiere“, precisa MYSU.

 

 

Baleadas y quemadas

Melina Gordillo Giménez, de 20 años, baleada por su ex novio el pasado 24 de marzo,  murió el jueves 6 de abril luego de estar internada en estado crítico y haber sido sometida a varias intervenciones en el afán de salvarle la vida.
La joven fue baleada por su ex pareja, que le deserrajó cinco disparos y se suicidó. Era oriunda de Villa Constitución, en el departamento de Salto. Se había mudado a Montevideo en 2016 y vivía en Villa Española junto a su madre y la pareja de esta. El portal ECOS informó que un familiar de Melina dijo que “Ella vio cosas que no le gustaron y se alejó. Cosas en su conducta, en sus prohibiciones, en su forma de cortarle la libertad“.
A poco de llegar a la capital del país conoció a su ex novio. Estuvieron en pareja unos ocho meses y se separaron un mes antes del ataque. Pero él no lo aceptó y pretendía retomar la relación.

El ataque se produjo cuando la joven llegó a su casa junto a su madre. El ex novio la llamó minutos antes y le dijo que la estaba esperando allí, en su dormitorio. Ella fue al lugar y lo encontró armado, con un revólver calibre 38; las balas le ingresaron en una pierna, en el abdomen y una de ellas rozó el páncreas.

Melina buscaba impulsar su carrera de modelo y había iniciado sus estudios en la Facultad de Ciencia Sociales.

Por otra parte, en el cañadón de Br. Artigas, en el departamento de Maldonado, fue encontrado el cadáver de la joven de 17 años, que en la Navidad pasada había sido rociada con combustible y prendida fuego por su pareja de 40 años. Las circunstancias en que se produjo la muerte no se habían  informado hasta el cierre de esta edición, pero aunque se hubiera suicidado, teniendo en cuenta que era una sobreviviente de semejante agresión no se puede negar que se está ante una víctima más de violencia de género.

Mujeres de Negro denuncia indiferencia parlamentaria

El jueves 6 de abril,  Mujeres de Negro comenzó una campaña de apoyo a la aprobación de la ley integral de violencia basada en género cuya discusión todavía no terminó en el Parlamento.

El 8 de marzo varias organizaciones de la sociedad civil acudieron a la casa de las leyes para pedir a legisladores y legisladoras que la ley fuera aprobada en su totalidad y que no se dilatara más en el tiempo. Algunos de ellos dijeron que en quince días se sabría algo sobre la Ley. Ese plazo se cumplió y pasó otro igual, pero no se han tenido noticias al respecto.

“Ya no podemos esperar más, no queremos respuestas ambiguas, queremos que las promesas se hagan efectivas. En ello nos va la vida a las mujeres“, manifiestan las Mujeres de Negro, quienes hasta que sea aprobada la ley se concentrarán en la explanada de la Intendencia de Montevideo para denunciar “la indiferencia parlamentaria“.
´´Esta demora por parte del Parlamento no la entendemos, máxime que este proyecto de ley fue aprobado por el Poder Ejecutivo, elaborada y discutida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la sociedad civil´´,
insistió la organización.