La Suprema Corte de Justicia, por mayoría (cuatro votos contra uno), desestimó ayer la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 6, 8, 10, 13, 14 y 16 de la Ley Nº 19.088, interpuesta por el propietario de 25 inmuebles rurales ubicados en el departamento de Soriano (3.413 hectáreas). La norma había sido aprobada por el Parlamento luego que la Suprema Corte de Justicia declaró en febrero de 2013 la inconstitucionalidad del Impuesto a la Contribución Inmobiliaria Rural (ICIR). La Ley Nº 19.088 introdujo una serie de ajustes a la tributación del sector agropecuario.

El artículo 16, por ejemplo, introdujo el concepto de unidad económico administrativa de entidades titulares de activos afectados a explotaciones agropecuarias y que respondan a un interés común, a excepción de cooperativas agrarias, sociedades de fomento rural, entre otras. A través de este tributo, el gobierno lleva recaudado alrededor de 1.000 millones de pesos. El pasado 5 de agosto, el presidente del Congreso de Intendentes Artigas Barrios, recibió simbólicamente de manos del presidente José Mujica las llaves de 550 unidades de maquinaria destinadas a mejorar la caminería rural y al desarrollo territorial, adquiridas con esos fondos provenientes del impuesto al patrimonio.

Ayer, el senador Ernesto Agazzi consideró que el impuesto al patrimonio que la Suprema Corte de Justicia laudó como “constitucional”, le resultó “más gravoso” para los productores rurales que el anterior impuesto que el gobierno había propuesto, en referencia al ICIR, pero que tras una impugnación llevada adelante por un grupo de productores auspiciados por el abogado Gonzalo Aguirre, la Justicia entendió que era “inconstitucional” y se dejó sin efecto.

Consultado por LA REPÚBLICA, el legislador del MPP consideró que los reclamos impugnatorios de los productores agropecuarios por el impuesto al patrimonio “retrasó todos los acuerdos” entre el gobierno central y los departamentales; al igual que lo sucedido con el desaparecido ICIR.

“Pero -aclaró- el impuesto al patrimonio no diferencia característica de los productores y se aplica a todos por igual, a diferencia de los que se proponía con el ICIR que únicamente involucraba a aquellos grandes terratenientes”. Con el impuesto al patrimonio se recauda mucho más que con el ICIR pero esa no era la idea, sostuvo Agazzi.
Por otro lado, LA REPÚBLICA pudo conocer que entre las organizaciones ruralistas existe ahora cierto “arrepentimiento” por haber aceptado impugnar el ICIR tras la recomendación de los asesores jurídicos como Gonzalo Aguirre. Se entiende que con el derogado impuesto se iba a pagar menos para las arcas del Estado que con el actual impuesto al patrimonio, que pagan todos los productores rurales.

El fallo

Por mayoría, la Suprema Corte de Justicia entendió que, con la Ley Nº 19.088, el legislador otorgó la facultad al Poder Ejecutivo “para disminuir el porcentaje ficto a tomar en cuenta para avaluar los bienes muebles y semovientes de la explotación agropecuaria, facultad que si se ejercitara en definitiva, beneficiaría al contribuyente”. Se añade que la regularidad constitucional de la delegación que el Poder Legislativo le hace al Poder Ejecutivo para disminuir aspectos del tributo como el señalado ya ha sido analizada antes por la Suprema Corte de Justicia en situaciones análogas (sentencia Nº 59 del año 1991).

Por esa razón se entendió que el reclamante no posee un real agravio “puesto que lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es solamente disminuir las alícuotas, y no aumentarlas, por lo que a lo único que podría conducir el ejercicio de la facultad conferida es a beneficiar a los sujetos pasivos del tributo”.

En la medida que el tributo fue definido por el legislador en sus aspectos esenciales y en que las facultades del Poder Ejecutivo se encuentran acotadas, precisamente, en el límite dentro del cual el Poder Legislativo le permite actuar, no se verifica la inadecuación constitucional invocada por la parte actora.

En cuanto al artículo 14 de la Ley Nº 19.088, puede apreciarse que no le delega al Poder Ejecutivo la determinación de ninguno de los elementos constitutivos de la relación tributaria, sino sólo aspectos secundarios, como son la posibilidad de fijar pagos a cuenta del impuesto y de la sobretasa.

En cuanto a la pretendida superposición impositiva entre la Contribución Inmobiliaria Rural (recaudada por las Intendencias) y el Impuesto al Patrimonio (que grava las explotaciones rurales), la Suprema Corte de Justicia entendió que el reclamante no dio “la más mínima explicación acerca de cómo se vincularía la norma en cuestión con los principios señalados” por lo que se incumplió la exigencia de indicar “con toda precisión y claridad, los preceptos que se reputan inconstitucionales y el principio o norma constitucional que se vulnera” (Art. 512 del Código General del Proceso).

El mismo razonamiento aplican a la alegada transgresión del principio de separación de poderes, que fue enunciada pero no desarrollada en debida forma por el accionante.

En cuanto a que se verifica una posible “confiscación” (sanción política de pérdida de bienes) la sentencia señala que “el importe del gravamen en estudio no parece exorbitante, irracional o imposible de afrontar por los contribuyentes”.

Además se hizo hincapié en que “la presión fiscal que se ejerza sobre los contribuyentes en función de otros tributos distintos del analizado excede el objeto del proceso de declaración de inconstitucionalidad promovido, por lo cual no corresponde su análisis”.

“Ello, en la medida en que el conflicto no estaría dado entre la ley impugnada y la Constitución, sino entre la ley y el resto del sistema tributario y las consecuencias de éste al aplicarlo a los contribuyentes, lo cual se ubica en el marco de la valoración de lo que podría considerarse como justo o injusto, tópico que resulta enteramente ajeno al contralor de regularidad constitucional de las leyes que ejerce la Suprema Corte de Justicia”.

Chalar discorde

El ministro Julio César Chalar se pronunció discorde entendiendo que correspondía pronunciarse por la inconstitucionalidad de las normas atacadas. A su entender “el mecanismo elegido por el legislador para cuantificar el activo correspondiente a muebles y semovientes no sólo no respeta ni es representativo de la realidad de cada contribuyente, en cuanto a su existencia y a su cuantificación, sino que se impone aunque el inmueble rural de propiedad del sujeto pasivo no se encuentre destinado a explotación agropecuaria”.

Chalar concluye que “la Contribución Inmobiliaria y el Impuesto al Patrimonio de las explotaciones agropecuarias gravan la misma materia imponible, siendo que ambos tributos tienen en cuenta la misma expresión de capacidad contributiva (propiedad o posesión inmobiliaria rural). Agrega que “se justifica formular iguales consideraciones que las mencionadas en oportunidad de analizar la regularidad constitucional del hoy derogado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR)”.

El ministro discorde subrayó que en el caso hay un “claro ejemplo de transgresión del reparto constitucional de competencias entre los diferentes niveles territoriales de la hacienda pública, recurriendo a una precisa expresión del Prof. Casado Ollero”.

Concluye Chalar que “en el caso del impuesto creado por la Ley Nº 19.088 se constata que el fin con el que fue creado coincide con el del derogado ICIR, conforme a lo argumentado por la actora, con apoyo en los antecedentes que se vienen de citar y transcribir”.

“Confiscación”

En cuanto a que se verifica una posible “confiscación” (sanción política de pérdida de bienes) la sentencia señala que “el importe del gravamen en estudio no parece exorbitante, irracional o imposible de afrontar por los contribuyentes”.

Antecedentes

Después que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el impuesto a la concentración de inmuebles rurales (ICIR) que estaba destinado al mantenimiento de la camineria rural, el Poder Ejecutivo decidió extender el impuesto al patrimonio agropecuario.

Dicho impuesto ya existía hasta que en 2001, el agro fue exonerado de pagar el mismo, al mismo tiempo que se le exoneró del pago del impuesto a Primaria.

En la Reforma Tributaria de 2007 se mantuvo la exoneración con la condición de que la explotación se realizara en forma nominativa y sus socios fueran personas físicas. De esa manera pasaban a pagar las sociedades con participaciones o acciones al portador o con acciones nominativas a nombre de personas jurídicas y las entidades no residentes.

La ley aprobada en junio del año pasado extendió el pago a los productores cuyos activos afectados a la explotación superen las 12 millones de unidades indexadas, algo más de 1,5 millones de dólares al valor de hoy.

Los bienes que hay que considerar para ver si se supera ese tope son el valor de catastro de los inmuebles rurales propios, incrementado en un 40% en concepto de valor ficto de muebles y semovientes, y el 40% de los inmuebles rurales de terceros fundamentalmente aquellos que son arrendados.