Ante un nuevo primero de mayo, es importante reflexionar sobre lo que ha sido la evolución de los ingresos de trabajadoras y trabajadores y el marco institucional respecto al cual desarrollan su actividad sindical.

Aunque esté lejano en el tiempo, siempre es bueno recordar el momento en que se inició el deterioro constante y relevante de los ingresos de la clase trabajadora. Esto fue desde 1968, con la congelación de precios y salarios del gobierno de Pacheco y la persistente caída del salario real desde ese momento y durante todos los años siguientes. Basta recordar que, si comparamos el salario real en 1968 con el que emergió a la salida de la dictadura en 1984, la caída fue de un 50%, es decir, se redujo a la mitad.

Siempre es recordado el discurso del entonces ministro de Economía, Valentín Arismendi, ante el Consejo de Estado -un seudo Parlamento elegido por los dictadores mismos-, cuando dijo que era necesaria la concentración del ingreso para mejorar la ganancia de las empresas y luego que estas invirtieran y mejoraran el empleo y los salarios, es decir, el viejo eslogan de primero crecer la torta y después repartirla. Pero ese luego nunca llegó y el eslogan se transformó en verso.

Una segunda etapa negra para la vida de la clase trabajadora ocurrió durante los gobiernos neoliberales de la década de los 90. Lacalle primero y Sanguinetti después decidieron no convocar más a los Consejos de Salarios y comenzar un fuerte y relevante proceso de desregulación del mercado de trabajo, de flexibilización de las normas laborales y de prescindencia respecto a los derechos.

El resultado de estas políticas fue claro:

a) Casi inexistente crecimiento salarial en los años 90.

b) Estancamiento y crecimiento de la tasa de desempleo en la segunda mitad.

c) Precarización de la fuerza de trabajo casi del 50% de los ocupados.

d) Debilitamiento de la organización sindical.

e) Ruptura de los lazos de integración a partir de la pérdida de centralidad del proceso de trabajo.

La crisis del 2002 ahondó todos estos problemas y llegamos al 2005 con más de 13% de desempleo, caída de los salarios reales, altísima informalidad y precariedad en el mercado de trabajo. Todo ello consolidado en un crecimiento sin precedentes de la pobreza llegando a más de 1.200.000 personas.

Dos períodos negros de la vida de las familias trabajadoras uruguayas: la dictadura y el neoliberalismo de los años 90. Pérdida de salario, precarización del trabajo y pérdida de derechos.

En el año 2005 el Frente Amplio puso en marcha una política laboral y salarial de verdadera integración social, devolviendo a trabajadoras y trabajadores de lo que se les había despojado en los años 90. Dicha política se continuó y profundizó en este segundo período de gobierno de la izquierda en Uruguay.

Los resultados están a la vista. Además de las pérdidas generadas durante la dictadura, los gráficos muestran comparativamente salario real, salario mínimo real y tasa de desempleo en los 90 y durante los 7 años de gobierno frenteamplista. En ambos casos hubo crecimiento económico (como también lo hubo entre 1974 y 1981 durante la dictadura) pero los resultados para trabajadoras y trabajadores fueron diametralmente diferentes.

 

 

El porqué de los resultados

Sencillo y claro: entre 2005 y hoy se realizaron políticas activas de salario y empleo que empujaron a la mejora de ambas variables y derribaron el mito de primero hacer crecer la torta y después repartirla. Demostraron esas políticas que es posible -como lo hemos dicho siempre- crecer y distribuir al mismo tiempo. El crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para que haya distribución de la riqueza, se necesita voluntad política y eso ha diferenciado al gobierno del Frente de los anteriores.

Repasemos brevemente las principales políticas que dieron estos resultados.

Política salarial

Lo primero que se hizo fue restablecer la convocatoria de Consejos de Salarios y al mismo tiempo sustituirlo de manera definitiva por una ley de negociación colectiva acompañada del restablecimiento de los derechos básicos de los trabajadores, como el fuero sindical, entre otros.

Junto a ello se definió una política salarial que no solo permitiera recuperar el salario perdido, sino incluir crecimiento de salario ligado al crecimiento de la producción y la productividad. Es decir que si la economía crece, ese crecimiento se redistribuye dentro de los salarios de trabajadoras y trabajadores, a diferencia de los 90 (y ni hablar de los años de la dictadura) en que la economía crecía y los salarios reales estaban estancados.

Como el objetivo está ligado al supremo objetivo de la igualdad, ese crecimiento salarial fue mayor en los salarios más bajos (salario mínimo nacional, salud, educación y en este presupuesto policías y militares).

Al mismo tiempo los aumentos de salarios fueron acompañados de aumentos de la jubilación media y en especial, con más énfasis, de la jubilación mínima.

En síntesis negociación colectiva, libertad sindical, crecimiento salarial con énfasis en los salarios más bajos y vínculo permanente de crecimiento económico y crecimiento de salarios definieron la política salarial de nuestro gobierno.

Los gráficos 1 y 2 de los que hablamos antes muestran con claridad esta situación en comparación con la tristeza salarial de los años 90.

Políticas de empleo

En primer lugar las políticas de estímulo a la contratación de trabajadoras y trabajadores en el sector privado con apoyos económicos ligados al número de empleos creados (incluido en la ley de inversiones que además ahora se reformula priorizando que se paguen buenos salarios y en el apoyo a las reinversiones de la reforma tributaria).

En segundo lugar en esa misma ley se incluyen promociones de empleo para el sector de las pequeñas y medianas empresas, fuente fundamental de la generación de empleo en el país y para zonas del país más deprimidas en materia de creación de empleo.

En tercer lugar políticas de capacitación y orientación para la reinserción y la inclusión laboral que se consolidan a través del Inefop, fortaleciendo la formación profesional.

Pero al mismo tiempo la implementación de políticas activas de empleo parte de la definición de los sectores sociales más vulnerables para el acceso al empleo y, como se ha desarrollado, generar políticas específicas para:

– jóvenes

– mujeres

– trabajadores provenientes de hogares de ingresos bajos

– trabajadores con secundaria incompleta.

En ese sentido se han desarrollado, entre otros, programas como Objetivo Empleo, Uruguay Trabaja; se ha generado una ley de cooperativas sociales que ha posibilitado dar rutas de salida a los sectores más excluidos que provenían del Plan de Emergencia.

Ahora debemos agregar el envío al Parlamento de una ley para promover el empleo juvenil en especial de jóvenes mujeres, la firma de un acuerdo con las empresas públicas que darán primera experiencia laboral a 700 jóvenes por año y proyectos de apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan, sintetizado como proyecto prioritario y estratégico en Jóvenes en Red, que revincula al trabajo y al estudio a jóvenes que el neoliberalismo había dejado al costado del camino.

Conclusiones

En una sociedad que busca la igualdad como objetivo supremo, el trabajo es un valor social clave en ese proceso de cambio y en la integración social de ciudadanas, ciudadanos y sus familias.

Al mismo tiempo, la estabilidad en el trabajo (salario, condiciones de empleo, inserción en la seguridad social), el nivel de ingreso que se percibe y la capacitación para la mejor inserción laboral son factores relevantes de la redistribución del ingreso y de un modelo inclusivo.

Como hemos demostrado, todo ello requiere de una acción activa del Estado en materia de determinación de los salarios y de políticas activas del empleo en especial dirigidas a los sectores de mayor exclusión.

Por eso ante un nuevo primero de mayo es bueno recordar un pasado negro para la clase trabajadora, reafirmar los logros alcanzados y reafirmar nuestro compromiso por seguir mejorando las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores.