Por: Por Pablo Anzalone

En ese marco nuestro país definió un conjunto de metas nacionales en un proceso que culminó en una presentación ante Naciones Unidas en el año 2004. Uruguay se comprometió a erradicar la indigencia y reducir la pobreza a la mitad.

A diferencia de las concepciones de derecha que postulan la desvinculación de los gobiernos departamentales y municipales respecto a las políticas sociales, reduciendo su labor a la limpieza, el tránsito y el bacheo de calles, la administración frenteamplista de Montevideo entendió que el cumplimiento de las metas ODM requerían de su participación. No solo mirando a una trayectoria municipal que venía ya desde 1990 en esta materia sino también al entonces futuro 2015.

Es así que en el año 2005 el gobierno departamental de Montevideo definió en su agenda institucional priorizar el trabajo con la primera infancia y sus familias con los siguientes ODM: erradicar la pobreza y el hambre extrema, universalizar la educación inicial, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.

El programa Infancia y Familia en el municipio A, el de Cocina Uruguay, la incorporación de nutricionistas, médicos de familia, licenciados en enfermería (siempre menos que los necesarios), de parteras y ginecólogos contratados por Uruguay Crece Contigo, el fortalecimiento del Plan Aduana, el trabajo en red con la RAP-ASSE, el BPS y la RIEPS, el firme apoyo a la participación comunitaria, son ejemplos de acciones desarrolladas desde el campo de la salud.

Y en muchas otras áreas que incluyen realojos de asentamientos, los Cedel, el PTI, el PAGRO, los CEPE, las Plantas de Clasificación de residuos y también en apoyo a las líneas de acción del gobierno nacional como el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad.

No se llegó a erradicar totalmente la indigencia como planteaba el objetivo del milenio. Sin embargo, los avances son muy relevantes: bajó a la décima parte. El último informe sobre pobreza del INE que incluye 2014 constata un 0,3% de indigencia, es decir 3 de cada mil personas no llegan a los ingresos mínimos para su subsistencia alimentaria. En 1990 eran 36 cada mil, 3,6% de la población y en 2004, 3,9%.

En relación con la pobreza se pudo superar plenamente el objetivo planteado de reducirla a la mitad. La pobreza llegaba a 29,7% de la población en 1990 y a 39,9% en 2004. A nivel nacional se redujo a 9,7% en 2014, es decir a la tercera parte de las cifras de 1990 y la cuarta parte de 2004.

Con estas claves se entienden los resultados electorales del año pasado. Sin duda no son las únicas pero sí algunas de las principales razones. ¿Cómo pensar que las elecciones de mayo estarán fuera de este escenario?

Al mismo tiempo hay que decir que la pobreza sigue golpeando más a los niños, a los hogares con jefatura femenina, a los afrodescendientes y a algunos territorios. Los excelentes promedios no deben esconder esas diferencias y el informe del INE lo deja claro.

La infantilización de la pobreza continúa en nuestro país. Los menores de 6 años en situación de indigencia triplican el promedio nacional (0,9% frente a 0,3%). La pobreza infantil es más del doble que el promedio (20,4% en 2014) y si miramos en adultos (18 a 64 años) las cifras bajan a 7,6% y en los adultos mayores de 64 años solo un 2% está en situación de pobreza.

El desarrollo neuronal y las capacidades que se logran en los primeros 36 meses son fundamentales para el resto de la vida. Y las privaciones, la malnutrición, la violencia, el desamparo, la falta de cuidados y estímulos adecuados dejan su marca duradera y comprometen las posibilidades futuras. Mirando el desarrollo humano con enfoque a los ciclos de vida, hay evidencias sólidas para fundamentar la inversión en la primera infancia durante el próximo período.

También es notoria la desigualdad por ser afrodescendiente. Hay 20,2% de negros pobres mientras solo 8,2% de los blancos lo son.

Se mantiene la discriminación por género: 5,3% de los hogares pobres tienen jefatura masculina y 8,5% femenina. Los hogares con jefatura femenina tienen además niveles de indigencia tres veces superiores a los de jefatura masculina.

Montevideo y el noreste del país tienen niveles de pobreza superiores al resto del país. Dentro de la capital los barrios periféricos como el Cerro (CCZ 17) y Piedras Blancas (CCZ 10) llegan a tener un 20% de su población en situación de pobreza.

Esas desigualdades por razones etarias, de género, de etnia y de territorio son formas de fragmentación social, de discriminación y de opresión, que afectan el desarrollo del país como un todo. No podemos resignarnos a ellas. Deben estar en las primeras prioridades del gobierno nacional y también de los gobiernos departamentales y municipales.