Por: Óscar de los Santos Intendente de Maldonado

FA: Una propuesta a punto imprescindible

El avance de este segundo gobierno del Frente Amplio evidencia algunas dificultades en términos de gestión, a partir de ciertos puntos de vista políticoideológicos que es necesario abordar. Primero, y en el marco de este modelo de desarrollo, hay que preguntarse cuáles son las condiciones que permiten avanzar en la distribución de la riqueza y cuáles son los límites que el propio modelo tiene.

Un gran desafío para un gobierno de izquierda es culminar cumpliendo su programa y asegurando que las conquistas logradas en diez años no tengan retroceso, y que sean la base de un modelo económico, político y social. Y la expectativa de construir esa plataforma para avanzar en un tercer modelo del Frente Amplio depende, en una muy buena medida, de los acuerdos políticos que la discusión de la Comisión de Programa del Frente Amplio laude hacia el próximo período.

La discusión del Programa hace intrínsecamente a la posibilidad de seguir avanzando en la perspectiva de un tercer gobierno. Si la discusión no logra consensos y lo que se verifica por parte de la sociedad es que hay diferencias en la sustancia del proyecto de cambio, en aquello que permitió la creación del FA (que no se define como socialista, sino como nacional, popular y democrático), puede estar amenazado el objetivo de seguir avanzando en democracia hacia un modelo más justo, más inclusivo, con mayores oportunidades de generar igualdad de derechos y oportunidades para la inmensa mayoría de la sociedad. En definitiva, puede ser un duro golpe a los sectores más postergados, aquellos a los cuales el FA logro sacar de las situaciones de pobreza más extrema.

El segundo elemento a producconsiderar es que las estructuras del FA –en ese escenario– deberán acompasar esa discusión, porque no se puede avanzar hacia un tercer gobierno si el Congreso, aunque sea extraordinario y de calificados militantes, no representa la voluntad de la mayoría del pueblo frenteamplista.

La actual dirección del FA tiene que, con mucha amplitud y junto a los sectores y las bases, asegurar un Congreso que sea electo en forma democrática y que tenga el sentido común de expresar no solo las tendencias sino también las voluntades mayoritarias.

El tercer tema tiene que ver con el proceso de crecimiento y distribución de la riqueza, la reducción de la pobreza y la eliminación del problema de la indigencia, asuntos en los que el Uruguay viene avanzando decididamente. No obstante ello, en lo relativo a la transformación democrática del Estado, si bien se han dado pasos importantes estos son insuficientes y aún existen dificultades. El Uruguay debe abordar decididamente estos problemas en la perspectiva de los dos años de gobierno que nos quedan.

La perspectiva de continuar en la era progresista exige repensar el rol del gobierno nacional, del Estado nacional y su relación con los gobiernos locales y las empresas públicas. En el proceso de descentralización, la creación de los gobiernos locales fue un hito muy importante de la historia del Uruguay, cuyo patrocinador principal y actor principal en concretarlo fue el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Pero para que el proceso continúe y se fortalezca, no alcanza con que los municipios sean electos y exista un alcalde. Es necesario reorientar el rol de los gobiernos departamentales en el marco de generar nuevas oportunidades de generación de riquezas.

Los territorios son una oportunidad de generación de riquezas, aunque claro está, esto significa afrontar una serie de tensiones inevitables: entre el capital, las formas de propiedad del capital y las fuerzas de trabajo, y -sobre todo- los temas ambientales, que pasan a ser estratégicos.

Primero por el propio proceso de acumulación, pero segundo porque es imposible generar un modelo sostenible en el tiempo desde el punto de vista ambiental si quedamos congelados en un discurso donde el respeto al medio ambiente se expresa solamente en observar el pajarito y la florcita y no se incorpora al lugar del hábitat donde el hombre debe desarrollar sus actividades, aunque claro está, preservando ese medio ambiente para las próximas generaciones. Estamos convencidos de que avanzar  en ese proceso pasa por tomar decisiones sobre un modelo de desarrollo económico que permita, respetando el medio ambiente, sostener el eje central de nuestras ideas de qué es el ser humano como tal. En la construcción de ciudadanía, de derechos, de oportunidades, de educación, de producción de riquezas y de herramientas más justas en la distribución.

 

Regionalismo, integrador, complementario y productivo

Más allá de los esfuerzos del Estado nacional y la discusión de la fuerza política, el problema de las asimetrías entre Montevideo y el resto del interior del país es un aspecto que deberemos profundizar en la discusión programática. La  regionalización del FA tiene que ir de la mano de la regionalización que plantea el Presidente de la República de cara a la aplicación del ICIR, el impuesto a las grandes extensiones para la caminería rural.

Yo voy a hacer referencia -como un aporte a los desafíos planteados- a la región Este, al lugar donde una buena parte de la izquierda desarrolla sus actividades. La región está integrada por Treinta y tres, Lavalleja, Rocha y Maldonado y -permítaseme un paréntesis- yo creo que hay temas en los que hay que incorporar transversalmente a la Costa de Oro, porque necesitamos un plan estratégico de saneamiento, un plan de ordenamiento estratégico territorial y de obras de  infraestructura en el resto del Río de la Plata, sin ser Montevideo que ya los tiene resueltos, y en el conjunto de la costa atlántica.

Ese plan estratégico de la región Este tiene la potencialidad de modificar sustantivamente la matriz de las relaciones de producción de este país. Como bien dijo el Presidente, la ubicación de un puerto de aguas profundas en Rocha cambia el eje de la centralidad de Montevideo.

El debate de la explotación minera a cielo abierto con nuevas tecnologías debe darse con mucha transparencia y garantías para el conjunto de la ciudadanía, pero creemos que fue un gran avance político que permitió elevar el proyecto de ley al Parlamento. Allí hay un consenso importante, y le toca ahora al sistema político discutir con el conjunto de la sociedad civil.

La interconexión entre Brasil y el Uruguay a través de la laguna Merín y el dragado de un canal es un paso hacia ese país de logística que la región Este también integra. Junto a la interconexión entre Rocha y Maldonado a través del puente Garzón, son aspectos que también debemos resolver en este gobierno. Y será necesario, a través de la creación de empresas regionales, ponerse delante del proceso para que -con infraestructuras, con recursos nacionales, departamentales, y de otros organismosseamos capaces de promover el desarrollo de esa región, elevar la calidad de vida de la gente y jugar como un gran articulador de otras partes del país.

La salida de buena parte de la producción nacional hacia el exterior, hacia el resto de la región y hacia el resto del mundo, así como el ingreso de mercaderías a través de estas obras de infraestructura van a cambiar cualitativamente al Uruguay, pero para eso es necesario tomar decisiones políticas. Claro que para  concretar todo esto es necesario involucrar a la academia. No puede haber un proyecto progresista de izquierda que no sea capaz de convocar y estimular al conocimiento acumulado que tiene la Universidad de la República. Y la Universidad de la República, que a su vez vive un proceso de descentralización, no puede desarrollar su investigación, conocimiento y la extensión universitaria sin estar estrechamente vinculada a los modelos de desarrollo regional. La región Este tiene enormes fortalezas y la Universidad debe ser una aliada convencida del rol que tiene que jugar, alineándose al programa de desarrollo productivo. Sucede los mismo con el resto de la educación, Secundaria y UTU. Son también oportunidades para hijos e hijas de trabajadores,  que vienen de todo el país y para los cuales hay que pensar en escuelas de Tiempo Completo.

Aquí también es necesario un nivel de mayor protección del Estado, pero para eso se necesitan recursos y los recursos no llueven de la nada, se extraen de la base de ser capaces de construir cadenas productivas que agreguen valor a la producconsiderarción primaria que tiene el país.

 

Desarrollo territorial: aprovechar oportunidades, abrir cabeza

El turismo seguirá jugando en esta región un rol sustantivo en términos de los ingresos de divisas y también de oportunidades del derecho humano a vacacionar y a descansar. El disfrute de la faja costera se debe asegurar a la mayoría de la ciudadanía y no solo a los terratenientes que tienen como frente costero la  costa atlántica o el Río de la Plata.

La nueva ley de ordenamiento territorial nos da una enorme oportunidad de manejo de los territorios a las intendencias y juntas departamentales. Enese proceso, el respaldo de la academia debe ser más decidido y no puede depender exclusivamente de los convenios que las intendencias deban pagar; debería ser parte de las estrategias de extensión universitaria de la Universidad de la República.

La regional Este de la Universidad debe ser una aliada estratégica de Maldonado en el campo de la investigación y del conocimiento, en el campo del ordenamiento territorial, en ser un eje articulador de la segunda zona metropolitana del país en la perspectiva de los próximos 10 años. Y Maldonado no podría resolver sus contradicciones si Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja no avanzan en el mismo sentido. Pero para eso necesitamos que los propios roles de las intendencias departamentales cambien: dejemos de ser solamente prestadores de servicios para poder organizar el territorio, ese que deberá generar más riquezas para que se distribuyan. No hay forma de distribuir riqueza si no se construyen nuevas formas de generarlas.

El dilema que hoy tenemos es que la voluntad olítica puesta de manifiesto por las cuatro intendencias (Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado), puesta de manifiesto en la intención de crear una sociedad anónima para obras de infraestructur a, no se puede circunscribir exclusivamente a la construcción de caminería rural y utilizar los recursos del ICIR.

Las intendencias, los gobiernos departamentales y el Estado nacional tienen enormes oportunidades de generar estrategias de desarrollo que no deben obstaculizarse. Hay dos ejemplos que demuestran bien la potencialidad de las empresas regionales.
Un caso exitoso: el saneamiento de Maldonado
La Unidad Desconcentrada de OSE en Maldonado culminó la obra más importante de saneamiento de la historia del departamento de Maldonado con una inversión de más de 80 millones de dólares que se va a financiar con recursos propios. En el 2015 esta inversión estará totalmente amortizada, y quedará un xcedente de ganancia del orden de los 20 millones de dólares. Estamos convencidos de que si en la región Este (estos cuatro departamentos, más la costa del Río de la Plata de Canelones, la Costa de Oro de Canelones) pudiéramos crear un fideicomiso con el 25% de las utilidades de estos departamentos, sería posible comenzar un plan de obras de saneamiento que permitiría que en menos de siete años la costa del Río de la Plata, la costa atlántica y los departamentos limítrofes como Lavalleja y Treinta y Tres tuvieran una cobertura de saneamiento imprescindible desde el punto de vista ambiental y del desarrollo humano integral de las sociedades que vivirán en estos territorios.

Si la empresa OSE cree que es la dueña de la gestión del saneamiento y no logra asociarse con el rol planificador de las intendencias, y si no nos ponemos delante de la demanda de saneamiento sobre la base de orientar también la inversión, iremos atendiendo focalmente demandas sin ton ni son, muchas veces al influjo de los reclamos de diputados –oficialistas u opositores– que quieren quedar bien con sus comunidades.

Necesitamos que la OSE sea la gran orientadora y matriz directriz de un plan de manejo del saneamiento a nivel nacional. Pero permítasenos generar a través de esta empresa regional otra portunidad para invertir parte de la renta que aquí se genera. Esto no es menor; el 70% de la población y casi el mismo porcentaje del PBI, están en la zona Sur y Este del país. Y la atención de prioridades en este lugar es también la oportunidad de generar más recursos para atender las zonas más  deprimidas, de forma hasta subsidiaria, para ponerlas en valor. Hay una tensión entre las empresas públicas, el Estado nacional, los gobiernos departamentales y la academia, y esa tensión se tiene que resolver democráticamente, pero alineando una serie de estrategias que debemos discutir para ponernos de acuerdo. Pasa lo mismo en los aspectos vinculados a la educación, y pasa lo mismo con los temas vinculados al rol del Estado en el tratamiento y la aprobación en tiempo y en forma de proyectos estratégicos, tomando el conjunto de medidas cautelares con la independencia técnica que tiene que tener la academia y aquellos que son formados en ella para tomar decisiones.

Energía eólica: una alternativa regional
El segundo ejemplo es el de la energía eólica. La región Este tiene muy buenos niveles de medición de vientos. Si lo que las intendencias le pagamos a UTE lo transformáramos en un fideicomiso, podríamos estar generando energías alternativas y limpias y convertirnos en aliadas estratégicas de la empresa nacional. Si sumáramos el conjunto de los recursos de esta región y llamáramos a licitación para la construcción de parques eólicos, de minirrepresas, no solo podríamos abastecernos de energía eléctrica sino que podríamos estar vendiéndole a UTE al mismo precio que UTE le cobra a las empresas privadas. Pero para que esto suceda, lo que necesitamos es que UTE nos asegure el mismo  precio que las empresas privadas y que nos cobre el tráfico que le cobra a cualquier privado por utilizar el cableado de alta y media tensión que tiene UTE. Si UTE, por preservar a sus clientes -que son cautivos, como las intendencias- no abre esas oportunidades, va a terminar dependiendo de la compra de energía en el exterior y perdiendo la oportunidad que le estamos brindando este grupo de intendencias. Este debate no es menor y tiene que ver con el viejo problema del centralismo montevideano.

Un centralismo que sigue instalado en la cabeza de los dirigentes de las empresas públicas, aunque sean de izquierda. Sucede lo mismo en nuestras intendencias, donde la tensión entre la capital del departamento, los gobiernos locales y los territorios, es permanente.

Debemos elaborar un marco teórico que establezca las bases materiales que permitan asegurar que el proceso de descentralización no tenga retroceso, y donde la participación de los gobiernos locales sea cada vez más activa en la toma de decisiones.

*Documento completo en laondadigital.com