En la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, que tiene como eje central las políticas de salud para los jóvenes de Iberoamérica y que se desarrolla en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias ministros de más de 22 países declararon “un no rotundo a las políticas represivas como única solución al problema de consumo de sustancias psicoactivas”.

En un boletín de prensa, presentaron importantes conclusiones, con una gran crítica a cómo se ha respondido hasta ahora al consumo de drogas. Según los ministros “las políticas represivas son irrelevantes y perjudiciales porque llevan a la marginalización del individuo y reducen sus oportunidades, especialmente las de nuestros jóvenes”.

También expresaron que “las políticas deben estar basadas en un respeto irrestricto a los derechos humanos, involucrar un enfoque de salud pública y tienen que estar basadas en lo que los jóvenes piensan de su propio futuro, temas que en Portugal y Sao Paulo (Brasil), se han trabajado muy bien”. Para los ministros de Iberoamérica es prioritario “comenzar por dar espacio a las políticas de reducción del daño, como lo han hecho el país ibérico y la ciudad brasileña, que buscan aminorar los efectos negativos en el consumo problemático y parecen ser las políticas más exitosas”, concluye uno de los puntos  del panel que continuará mañana. Estos temas seguirán siendo discutidos dentro de pocos días por los más destacados especialistas de la región y otras partes del mundo, en laVI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas organizada por Confedrogas, que tendrá lugar en Santo Domingo los próximos 5 y 6 de octubre.

El coordinador del Comité Organizador, Pablo Cymerman, destacó positivamente las declaraciones de los ministros y expresó que “se viene generando un amplio consenso, con un gran impulso desde la sociedad civil, sobre los impactos negativos que las políticas represivas tienen sobre los derechos humanos”. Además, manifestó que “hay sobrada evidencia de que las políticas de disminución de daños y riesgos asociados al consumo salvan vidas y permiten reducir los efectos negativos del uso de drogas, y a partir de allí, se pueden construir conjuntamente objetivos mayores con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Celebramos que los ministros iberoamericanos hayan priorizado el consumo de sustancias como tema de salud y se hayan expresado de esa manera, porque poner el eje allí permite visibilizar que las respuestas desde la salud pública requieren una mayor inversión que las del sistema penal” dijo Cymerman y concluyó: “los gobiernos han destinado una cantidad desproporcionada de recursos a las políticas represivas, en perjuicio de esfuerzos dirigidos a mejorar la condición humana”.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 de UNODC, 1 de cada 20 adultos consumieron por lo menos una droga en 2014. Más de 29 millones de personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, 12 millones de esas personas son consumidores de drogas por inyección, de los cuales el 14% viven con el VIH.

Tras un período de estabilidad, el consumo de cocaína ha ido aumentando desde 2010, debido principalmente al aumento del consumo de esa sustancia en América del Sur.

En Colombia, según el Censo Nacional de Centros de Tratamiento (SUICAD), la cifra de usuarios de heroína aumentó un 65% entre los años 2004 y 2014. Por otro lado, es innegable que el enfoque punitivo actual y los encarcelamientos masivos por delitos de drogas, han causado efectos devastadores para las personas. Según una investigación reciente, publicada por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), una de cada cinco personas en prisión en América Latina ha sido encarcelada por delitos de drogas.

En Brasil, el número de personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas aumentó en 320 % entre 2005 y 2012, y en Argentina, la población detenida por infracción a la Ley de estupefacientes se duplicó en la última década. La crisis penitenciaria y las condiciones carcelarias inhumanas que estas tasas de encarcelamiento han generado están en el centro del debate sobre la necesidad de reformar las políticas de drogas en América Latina.