Sin embargo, se está viviendo un clima de conflicto entre el gobierno y los sindicatos de la enseñanza pública. Ya durante las vacaciones estivales, los gremios docentes (sobre todo los de Secundaria) se mantuvieron en estado de movilización permanente en razón del rechazo al acuerdo educativo interpartidario así como al Plan Pro Mejora; al mismo tiempo, reaparecen fuertes críticas a las autoridades a quienes se cuestiona por algunas carencias edilicias.

Sería de necios negar la realidad; pero al mismo tiempo, es irresponsable el alarmismo que ha cundido en razón de que hay algunos liceos cuyos locales no están en las mejores condiciones edilicias. Los edificios que no se encuentran en condiciones de funcionar son un porcentaje ínfimo del total de locales en todo el país; además, en todos esos locales todavía no aptos se está procediendo a toda prisa a refaccionar, ampliar y reformar. Así las cosas, parece francamente desproporcionada la actitud casi hostil de la dirigencia de los sindicatos docentes hacia el gobierno en general y en particular hacia las autoridades de la enseñanza.

Desde estas páginas hemos defendido (y lo reafirmamos hoy) el derecho de todos los asalariados a agremiarse y a luchar por sus reivindicaciones empleando todas las herramientas de que dispone el movimiento sindical. Pero entendemos que la agitación permanente, la distorsión en el trabajo, los paros decretados y el anuncio de una huelga resultan excesivos e injustificados.

Al ver las distintas movilizaciones docentes, así como las declaraciones de sus dirigentes gremiales, podría pensarse que el gobierno está en manos de un partido conservador y antipopular, y que las autoridades de la enseñanza son enemigas de la educación popular.

Por supuesto que ciertos problemas que aquejan a la enseñanza (y que vienen de larga data) están aún sin resolver. Pero los gobiernos progresistas de Tabaré Vázquez y de José Mujica se han propuesto abordar dicha problemática y han dado un viraje espectacular en lo que tiene que ver con políticas educativas. En primer lugar, es preciso destacar el incremento histórico de la asignación presupuestal a la enseñanza; un porcentaje del PBI que significó una dotación de recursos que hacía muchos años se reclamaba y que ningún gobierno anterior a 2005 había otorgado. Sin embargo, para unos cuantos, ese porcentaje es insuficiente. Luego, no se puede soslayar la aprobación de una nueva Ley de Educación que dio participación a los docentes en los organismos de conducción de la enseñanza pública, cumpliendo así un viejo reclamo en ese sentido; sin embargo, los desconformes de siempre siguieron tirando piedras contra el gobierno y vociferando su descontento.

Lo reiteramos: no todos los problemas en la enseñanza pública están resueltos, pero no se puede negar que el gobierno está comprometido en la búsqueda de soluciones y hace todo lo que está a su alcance para ello. No es momento de asumir posturas intransigentes que no se justifican y que a nada conducen.