El mismo Gandini señaló que, en principio, no lo votará, porque “luego de que se votó el Impuesto de Primaria para el sector agropecuario Alianza Nacional dijo que era el último, y que el compromiso era no votar más gravámenes”, relató.

Otro legislador de Alianza Nacional que no acompañará la norma del Presupuesto es el diputado por el departamento de Artigas, Mario Ayala. Consultado por LA REPÚBLICA, Ayala señaló que en la comisión los dos diputados de Alianza no acompañarán la medida pero “seguramente en el plenario habrá legisladores del sector que sí lo harán”.

La bancada de diputados de Alianza Nacional votará divida la propuesta del gobierno de eliminar una exoneración del 18% en la contribución Inmobiliaria Rural y la decisión traería aparejado un enfrentamiento con los intendentes y ex intendentes blancos que están de acuerdo con la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Los jefes departamentales se reunieron con los legisladores de Alianza Nacional para intentar convencerlos de la necesidad que cuentan los gobiernos departamentales con respecto al fondo que se destina a la caminería rural.

En el proyecto de ley de Presupuesto, el gobierno propone eliminar una exoneración del 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural y se calcula que tras esa medida los productores pasarán a pagar entre 12 y 14 millones de dólares más por año.

Diferente escenario tienen los legisladores agrupados en el sector herrerista de “Todos”. Estos unánimemente resolvieron que no darán su voto a la propuesta presupuestal del gobierno.

El asunto expuso divisiones entre los intendentes blancos y los legisladores. Cabe recordar que la exoneración del 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural se incluyó en el Presupuesto a pedido expreso del Congreso Nacional de Intendentes, que preside el nacionalista Sergio Botana, intendente reelecto de Cerro Largo y que pertenece a Alianza Nacional.

A pesar de la negativa que su propuesta generó en la interna nacionalista, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo que continuará firme con el aumento a la contribución rural acordado con el gobierno, ya que esa propuesta responde a la necesidad de las intendencias y no a intereses políticos.

“Los intendentes nunca actuamos en función de intereses políticos. Actuamos en función de las necesidades que debemos satisfacer de nuestros ciudadanos.

Somos gobiernos departamentales, no hacemos política con nuestras acciones. Lo que tenemos que hacer es poner la infraestructura de transporte vial en condiciones, esa es nuestra obligación”, sostuvo durante una entrevista en el programa radial Pisando Fuerte de Metrópolis FM.

La propuesta impulsada por Botana plantea un aumento a la contribución al campo como forma de obtener recursos para mejorar la caminería rural.

El senador herrerista Luis Alberto Lacalle Pou anunció el lunes que su sector no votará la iniciativa. Afirmó que si bien es preciso obtener más recursos para mejorar la caminería, no debe hacerse a través de nuevos impuestos sino que, por ejemplo, se podría “rever el subsidio” al transporte urbano en la zona metropolitana.

Recaudación

Otro de los temas que está haciendo ruido entre los legisladores blancos es el cronograma del dinero que se recauda a través del Impuesto al Patrimonio y que se vuelca a la caminería rural.

El Programa de Caminería Rural (PCR) se creó en junio de 2013 con los fondos recaudados por la Ley N° 19.088, aproximadamente un millón y medio de dólares, determinó la aplicación del Impuesto al Patrimonio a los inmuebles rurales con valor superior a 12.000.000 de UI.

El 90% de lo recaudado se destina a la rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental fuera de las zonas urbanas, y el 10% restante a la Universidad Tecnológica (UTEC).

Según lo establecido, la recaudación total de 2013 (1100 millones de pesos) debía volcarse, en forma extraordinaria, a la compra de maquinaria para los Gobiernos Departamentales posibilitando que se adquirieran 550 máquinas y camiones para los 19 departamentos.

Lo recaudado en este 2015 se destinará al mantenimiento de caminería rural. Los que elaboren los Gobiernos Departamentales deberán ser evaluados por la OPP y aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) antes de iniciar su ejecución.