El presidente Mujica reglamentó la Ley 18.473, sancionada por el Parlamento en el 2009 y que fue conocida popularmente como la “ley del buen morir”, aunque opositores a la misma la denominaban “ley de eutanasia”. La ley permite a enfermos terminales a que puedan expresar su voluntad de interrumpir tratamientos médicos para no prolongar su vida, y reglamenta cómo debe efectuarse y las condiciones que debe tener el paciente.

El decreto de reglamentación de la ley data del pasado 4 de diciembre, y establece que “toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros”.

Si el enfermo se encuentra inconsciente y no ha establecido cómo quiere ser tratado en el último tramo de su vida, la ley fija que “la suspensión de tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad”.

La norma, duramente cuestionada en su momento por agrupaciones autodefinidas como “defensoras de la vida”, otorga a familiares del enfermo, en caso de que este no pueda expresarse, la capacidad de decidir el fin del suministro de medicamentos o el cese del funcionamiento de los aparatos que mantienen las funciones vitales de la persona a cargo.

En el articulado, se establece la obligatoriedad en toda institución médica, pública o privada, a regirse por la ley e impone reglas que reducen el margen para que médicos argumenten, bajo la objeción de conciencia, abstenerse en aplicar la norma. En caso de que sea aceptada la objeción de conciencia, la institución médica deberá proveer de otro médico para proceder a actuar bajo el imperio de la ley.

El decreto establece modelos de los formularios que debe llenar el paciente y los testigos, e impide que el médico tratante sea uno de esos testigos.

Desde la aprobación de la ley en 2009 se sucedieron varios incidentes médicos que motivaron el reclamo por la reglamentación de la ley.

Si una persona no quería recibir tratamiento médico para estirar artificialmente la vida, debía realizar una declaración certificada ante escribano público.

La ley data de la pasada legislatura y fue promovida por el entonces diputado colorado Washington Abdala y el frentista José Luis Gallo.