El pasado 24 de agosto escribí en LA REPÚBLICA acerca de la importancia de analizar en profundidad el tema de la vivienda, partiendo de la base que lo más importante para hacer una verdadera política de Estado, es replantearse la generación de un Fondo nacional de Vivienda y que el tema no dependa de partidas presupuestarias.

Más aún en momentos de tensión como los que vive el país acerca del debate presupuestario. Pero grande fue mi sorpresa cuando me informo de que nuestro Estado subsidió en 600 millones de dólares de las inversiones realizadas al amparo de la ley de vivienda de interés social. Es decir que subsidiamos a las empresas constructoras, para que las mismas hagan viviendas de un valor en el mercado que oscilan entre 140 y 150.000 dólares.

Se imaginará el lector que viviendas a ese precio, no precisamente la podrán ocupar los sectores de bajos ingresos, sino todo lo contrario. Ahora entendí la alegría manifiesta por los promotores privados de vivienda cuando la aprobación de dicha ley.

Ley que tiene un nombre realmente poco feliz, porque si de algo no se ocupa es en realidad de la vivienda de interés social.

Esta ley libera prácticamente de toda obligación a la empresa para con el Estado, al grado que no deben de pagar IVA de los materiales de construcción que utilizan.

En verdad 600 millones de dólares es mucho dinero que les hemos otorgado a gente que construye para viviendas, que muchas de ellas quedarán vacías por falta de compradores y otras irán a parar a clases medias altas, será ese su destino, más temprano que tarde.

El discurso para hacer pasar esta ley fue muy bien armado realmente. La base de su sustentación es o son las llamadas políticas a socio público-privado.

El creer que una empresa puede colaborar con satisfacer a un derecho como la vivienda, es o bien mal intencionado o de un idealismo extremo que lo coloca en el plano de lo irreal.

Los resultados que describimos nos demuestran que son viviendas de un valor que no pueden alcanzar realmente los que justamente están incluidos en el déficit habitacional, es decir los sectores de bajos ingresos. En realidad esta ley de interés social no tiene nada, solo el nombre.

Es indispensable dar un giro en la política de vivienda, partiendo de la base que la vivienda no puede ser tratada como una mercancía. Y quien la trate así, jamás puede ser subsidiado por el conjunto de la sociedad uruguaya, como lo hizo esta ley.

Para que el lector tenga una idea los costos de una vivienda Cooperativa a través de la ayuda mutua, en la actualidad está en 56.000 dólares. Sin embargo los cooperativistas de vivienda pagan el IVA en los materiales de construcción como la inmensa mayoría de la población. Las viviendas realizadas por esta ley están en 150.000 dólares, sin pagar IVA y con otra serie de prebendas más.

Es decir hacemos tres verdaderamente de interés social, por lo que cuesta una de las que habilita esta ley. ¡Lindo negocio!!!!!! Eso es lo que han realizado las empresas con esta ley. Estamos a tiempo de cambiar, es fundamental revisar esto en forma urgente y pensar realmente si no debemos parar con la instrumentación de esta ley. Y que el dinero del Estado realmente se invierta en viviendas de verdadero interés social.