Por: Hugo Acevedo, Analista

Luego de varias semanas de rencillas internas y mediáticas por las denuncias contra el intendente blanco de Soriano Agustín Bascou, y el diputado nacionalista Wilson Ezquerra, el líder de Alianza Nacional senador Jorge Larrañaga llamó a la unidad de su partido para encarar la campaña hacia las elecciones de 2019.

La convocatoria tiene como propósito bajar la tensión, limar las asperezas provocadas por estas dos situaciones que están radicadas en la Justicia y reencaminar al partido de cara a los tiempos políticos que se avecinan.

Como se sabe, Bascou afronta una demanda penal presentada por el Frente Amplio por conjunción de interés público y privado, al comprobarse que la comuna compraba combustible en una estación de servicio de su propiedad.

Esa causa se suma a otra denuncia caratulada como “estafa”, por el libramiento de cheques sin fondos por valor de más de 400.000 dólares, en su actividad privada.

Ambos contenciosos han horadado la confianza en el jefe comunal- quien pertenece al ala partidaria encabezada por el propio Larrañaga- y ameritaron incluso críticas de Luis Lacalle Pou.

El caso Bascou fue analizado por la Comisión de Ética del nacionalismo, que emitió una tibia e irrelevante observación y no recomendó sanciones contra el gobernante.

Esta es una radical diferencia con lo actuado por el Tribunal de Conducta Política del FA, que redactó un lapidario informe sobre la conducta del hoy ex vicepresidente Raúl Sendic, con relación al uso de las tarjetas corporativas.

Ello corrobora que el nacionalismo no es capaz de juzgar a uno de sus miembros y que su sentido de la ética es altamente cuestionable, acorde a un pasado plagado de denuncias y actos de corrupción en el desempeño de la función pública.

Evidentemente, el Partido Nacional, que insólitamente pretende pontificar sobre el tema, ha capitalizando el relato de desmemoria construido por la derecha y sus clientes y propietarios de los medios de difusión privados.

No en vano ya nadie recuerda los procesamientos del ex ministro de Economía y Finanzas Enrique Braga, el ex presidente del Banco de Seguros Julio Grenno, de Daniel Cambón, ex secretario de Luis Alberto Lacalle, de los ex directores de AFE Rodolfo Flores e Iván Coronel, del ex director del Banco Hipotecario Jorge Sacchi, del ex intendente de Florida Andrés Arocena, del ex intendente de Flores Carlos Mazzullo, del ex intendente de Rocha Irineu Riet Correa, y del ex jefe comunal de Colonia Walter Zimmer.

Todo es parte de la nebulosa y el manto de olvido que se tendió sobre el pasado reciente, para convencer a la ciudadanía que la colectividad es un auténtico ejemplo de probidad y dignidad.

Tampoco pueden arrogarse la cualidad de ser buenos administradores, luego de cogobernar durante dos períodos con el Partido Colorado y provocar, en 2002, la peor crisis económica y social de nuestra historia contemporánea.

Larrañaga, que respaldó públicamente a Bascou y a Ezquerra -quien enfrenta dos causas judiciales por embestir a una mujer conduciendo alcoholizado y fue privado de sus fueros parlamentarios- salió al ruedo con una carta de neto tono conciliador.

Luego de anticiparse a proclamar su pre-candidatura dos años antes de los comicios nacionales, el dirigente blanco pretende reposicionarse en un escenario que no le es nada propicio.

En la misiva dirigida a sus correligionarios, el político abogó por permanecer “fuertes” y “juntos”, aduciendo que sólo su partido puede “despertar a un país que descansa sobre lo ya conseguido”.

Evidentemente, se refiere -en forma subliminal- a las radicales transformaciones sociales y económicas impulsados y concretadas por los gobiernos progresistas, que lograron superar la crisis y el estancamiento crónico de nuestra sociedad.

La burda contradicción en la cual incurre nuevamente Larrañaga es su miopía para leer las propuestas del bloque mayoritario de su partido encabezada por Luis Lacalle Pou, que propugna el regreso al statu quo anterior de desregulación, la abolición de la negociación salarial colectiva tripartita y la flexibilización del mercado laboral, entre otras recetas conservadoras.

En lo que coincidimos plenamente es en que el país debe despertar de su letargo y recordar quiénes fueron los responsables de la debacle que, hace 15 años, sumió a nuestro Uruguay en uno de los momentos más críticos de su historia.

No satisfecho con tal aseveración, el legislador afirma que

Uruguay tiene la obligación de avanzar rumbo al país del siglo XXI, un país de libertades y de oportunidades reales para todos. Solo nuestro partido podrá lograrlo”.

¿Qué oportunidades tuvieron, en 2002, las 950.000 personas que vivían bajo la línea de pobreza o las casi 300.000 personas que no tenían trabajo, lo cual transformó a Uruguay en el país con la quinta tasa más alta de desocupación del planeta?

Ese descomunal desastre, que por sus graves consecuencias sociales emuló a un país devastadora por una guerra, fue provocado por las políticas erráticas de los partidos tradicionales.

Tampoco parece verosímil la referencia a “un país de libertades” gobernado por la derecha, que, durante décadas, fue refractaria a reformas normativas y cambios culturales que permitieran el libre ejercicio de sus derechos a todos los ciudadanos.

Antes de 2005, ¿qué libertades tenían los homosexuales de cambiar su nombre y casarse con una persona de su mismo sexo, qué libertad tenían las mujeres de interrumpir un embarazo y qué libertad tenían las empleadas domésticas y los peones rurales de ser respetados y no abusados por sus patrones?

Larrañaga afirma también que “la lucha no está en casa, está afuera”, en alusión a “los barrios periféricos, a los trabajadores con salarios ridículos y a las jubilaciones indignas”.

Cuesta creer que un miembro de un partido que participó en un gobierno que hizo retroceder el salario en casi un 30%, se refiera a las bajas retribuciones de algunos trabajadores.

En los últimos trece años, el aumento salarial en términos reales alcanzó al 55%. Si aun subsisten trabajadores con sueldos de hambre, es por la mezquindad y el egoísmo de los empresarios amigos de la derecha.

Con relación a las jubilaciones, Larrañaga debería recordar que, cuando su colectividad gobernaba en coalición con el Partido Colorado, había pasividades de 500 pesos.

Hoy, la jubilación mínima es de $10.291, más de veinte veces más. Asimismo, desde 2005, los montos jubilatorios tuvieron un alza de un 58% en términos reales.

Como es habitual, las reflexiones de Jorge Larrañaga vuelven a estar descontextualizadas de la realidad, acorde con su reconocida torpeza, exacerbación y falta de visión política.