Por: Máximo Oleaurre, FA, Espacio 738 - Maldonado

Algunos errores

En el capítulo del tercer nivel de gobierno, en algún párrafo, sin mucho destaque, está la reivindicación de recursos nacionales, directamente vertidos a los municipios. En esa redacción no solo se saltean la concepción de los municipios como parte de los gobiernos departamentales, sino que también se pierde el concepto de regionalización, en la misma línea.

Desde el punto de vista de los recursos nacionales, los municipios aparecen como destinatarios para la distribución de recursos del gobierno nacional, al mismo nivel que los gobiernos departamentales, si se debiera interpretar al pie de la letra lo que está escrito.

Hay acá algunos errores:

A –no concebir a los municipios como parte de los gobiernos departamentales, instrumentos institucionales de la descentralización a nivel de cada departamento. (De paso no se solicita el cumplimiento de la Ley de Municipios, municipalizando todo el territorio nacional. Son solo 5 departamentos que han municipalizado todo su territorio);

B –no incluir en la concepción del aporte de recursos nacionales, la articulación, planificación y participación de los gobiernos departamentales en su distribución territorial, desconociendo una más o menos amplia experiencia que los gobiernos del Frente Amplio ya han hecho, al respecto.

C –al no considerar a los gobiernos departamentales, tampoco se deja abierta la puerta al cumplimiento de la Ley que habilita la regionalización, la elaboración de planes regionales, previa investigación.

Además de equivocada, esa concepción es extremadamente peligrosa. Podría consagrar el localismo caudillista más fragmentario de lo que ya lo hemos tenido históricamente. 89 municipios, con recursos propios, sin control departamental, o ciento y pico de pequeñas realidades cuando se creen a partir de 2015 más municipios, la mayoría de ellas insustentables por sí mismas, con otros tantos mecanismos y concepciones de distribución de los recursos recibidos, sin participar de planes más amplios, sería un rico caldo de cultivo para la disgregación nacional.

Los uruguayos repudian en alguna medida que tengamos hoy 19 repúblicas en varios aspectos sociales y políticos. Cuando tengamos 89 o más de 100, la experiencia de las 19 será una añoranza nacional, como el campeonato del 50. Es la apuesta más fuerte de la historia del Uruguay a la dispersión de los recursos nacionales. Es volver hacia atrás en la política, desde un planteo de izquierda, equivocado.

La regionalización

En el capítulo de regionalización, si bien se menciona en forma muy escuálida como un objetivo, en la redacción actual del programa se incluyen conceptos ambiguos -cuanto menos-, en el esbozo de la concepción global. En esos dos párrafos escuálidos sobre regionalización, se deslizan algunos conceptos muy discutibles: “…profundizar la utilización de los mecanismos regionales previstos en la Ley 18.903, como instrumentos… de sustitución de aportes provenientes del presupuesto nacional a las intendencias”; más adelante, en el segundo párrafo se plantea “…avanzar … estableciendo a las regiones como marco territorial para la aplicación de planes y políticas desde los organismos del nivel central”.

La primera frase permite inferir que los aportes a la regionalización se harían en base a recursos que hoy reciben los gobiernos departamentales -el plan de impuesto a la extensión de tierras para caminería rural, sería algo así, aunque con recursos propios-. En la segunda frase se concibe a las regiones, solo, como ejecutores de políticas del gobierno nacional.

No hay en ello previsto ningún mecanismo de articulación, coordinación y trabajo conjunto con los gobiernos departamentales. Por lo que se podría también suponer, que en realidad la regionalización se plantea como una tendencia a la sustitución de los gobiernos departamentales. No se lo dice, pero algunas intendencias sin una parte de los recursos que hoy reciben, verían cuestionada su viabilidad y en la medida que no participen en la definición, planificación y ejecución de los proyectos regionales que se propongan, perderán también peso político. ¿Es esa la dirección en que queremos la regionalización? No está dicho en ningún lado y deberíamos reconocer que sobre tal tema existe un amplio espacio de discusión en el país y en el Frente Amplio, que no se puede saltear.

Unidas las propuestas de relacionamiento directo entre municipios y gobierno central por un lado y las regiones como ejecutoras de políticas nacionales, solamente, poco queda de rol a los gobiernos departamentales.

Ahí tenemos mucho para poder decir; hay cosas que ya se han dicho y se han hecho, en Maldonado y en la región Este, aunque el tema no integra todavía, tal vez, la discusión de todo el Frente Amplio; hay materiales teóricos escritos de análisis institucional de experiencias de regionalización, hecho por un joven investigador de Rocha.

Hay planes de turismo regionales; se han hecho estudios técnicos y de estímulo a la producción agrícola, exitosos; hay propuestas que parecerían merecer una discusión más extensa; tenemos una concepción de la regionalización como un mecanismo de redistribución de la riqueza y el desarrollo, en territorios más amplios, las regiones.

Se desconoce esa discusión y como ya se dijo, por la via de otros planteos, referidos a la distribución territorial de recursos nacionales, se proponen métodos de relacionamiento institucional y distribución de recursos, que se transformarán en tapones infranqueables a esta discusión necesaria.

Uniendo el tratamiento de recursos nacionales a los municipios y las regiones ejecutando políticas nacionales que se restarían a las intendencias, parecería que cierra el círculo de degradación de los roles y recursos de los gobiernos departamentales, sustituidos por un Estado que define lo que se hace sobre todo el territorio -en las regiones y en los municipios-, sin articular ni acordar con nadie más que el Congreso de Intendentes que integrado por los gobiernos departamentales en esas condiciones, también perdería en el tiempo, lo que hoy tiene.

No están planteados en el programa objetivos políticos para ganar los gobiernos departamentales -ni siquiera los que ya tuvimos, o mantener los que tenemos-. Además de un objetivo político que podría acelerar el proyecto de desarrollo nacional al que aspiramos, es necesario planificar como el Frente Amplio nacional va a actuar y ayudar en cada realidad para lograr ese objetivo político. Es un elemento más que abona la sensación de que en realidad se desliza la visión de desaparición histórica de los gobiernos departamentales.

Parecería que apostar a nuevas estructuras institucionales que no están aún cercanas y despreciar políticamente las que sí hay y para las que incluso estamos organizados, parece entrañar un gravísimo error político, nacional.

De todos estos puntos y otros que seguramente debe haber, lo que se desprende es que no tenemos una visión sobre el avance de la democracia, en descentralización, en articulación de recursos y planes, en desarrollos estratégicos, en participación ciudadana organizada e institucional, etc., desde lo que ha avanzado la discusión programática

Un programa centralista

El problema de fondo que seguramente nadie se propuso es que cuando nos ponemos a analizar problemas más o menos puntuales, más o menos segregados, se pierde la concepción general de un proceso histórico, donde el Frente Amplio tiene un enorme patrimonio de acción que reivindicar y no aparece en el programa.

Tal cual está redactado, el programa es fuertemente centralista, en algunos casos por concepción y en otros casos, seguramente debido a esa forma de elaboración; se habla de la política de descentralización que el Frente Amplio ya ha impulsado, pero se la niega en las propuestas hacia adelante; no se menciona la aplicación plena de la Ley de Municipios, 18.567 -municipalizar el territorio de todos los departamentos- (nuestra), desconoce el necesario desarrollo en discusión política de la Ley de Regionalización (nuestra), desconoce amplísimas y variadas experiencias de descentralización departamental y de experiencias -más escasas y débiles- de regionalización con buenos resultados prácticos, que también requieren un análisis. Pero sobre todo, conlleva en esa concepción de hecho, el alejamiento de la participación ciudadana, desconoce la necesaria participación de dirigentes políticos no centrales, desconoce incluso la institucionalidad de los gobiernos departamentales -con todas las debilidades, territoriales, políticas, económicas, culturales, poblacionales, de recursos que puedan tener cada una.

Por la vía de los hechos -y de las expresiones escritas, ya que en las primeras páginas se afirma a texto expreso que los organismos que planifican y definen políticas nacionales son los Ministerios, a secas-, no aparece una visión articulada de la realidad social, cultural, política, económica, productiva del país. Y no se mencionan instrumentos que ya existen o que hay que desarrollar para adquirir o consagrar esa visión que ya tiene un nivel de desarrollo. No es que no exista una experiencia, en la realidad. No aparece en el papel del programa, tal cual está redactado hasta ahora.

Tal vez haya que plantear algún tipo de institución de integración variada que asuma la responsabilidad de monitorear, recopilar, proyectar y estimular un gran concepto de descentralización, articulación institucional, participación ciudadana, investigación y propuesta. El resultado de esta redacción del programa, muestra que no hay una concepción que hayamos integrado aún, a pesar de haber impulsado hasta legislación importante al respecto. Legislamos, pero no hacemos política sobre el tema.