Por: Por Daniel Caggiani

De esta forma, a los 89 municipios ya existentes, se suman en esta instancia electoral 23 nuevos municipios. Este proceso no ha sido lineal ni homogéneo, y necesariamente merece un análisis más detallado del funcionamiento de esta nueva institucionalidad.

En este sentido, este hecho es parte de la profundización de un proceso enmarcado en la redefinición de la importancia y el papel de los gobiernos departamentales y municipales en la construcción de un proyecto de país.

El Frente Amplio no solo se comprometió en el discurso, sino que también tuvo la voluntad política de plasmarlo en hechos concretos. Es así que desde su llegada al gobierno nacional se transformó radicalmente el tipo de relacionamiento entre los diferentes niveles de gobierno.

Hasta este momento, existía un tipo de relacionamiento clientelar y discrecional, donde prevalecía el criterio del reparto de los recursos presupuestales en función del color político de la administración de turno. Un ejemplo de esto puede verse con claridad en el caso de Montevideo, que hasta el año 2005 fue constantemente discriminada, dejándola fuera del reparto de los recursos nacionales destinados a tales fines, solo porque el gobierno era del FA.

Esto hoy se ha transformado, estableciendo criterios consensuados con los gobiernos departamentales para el reparto de los recursos, así como profundizando el relacionamiento con el gobierno nacional, a partir de la coordinación de una agenda de temas a resolver en conjunto.

En los últimos diez años el total de recursos transferidos por el gobierno nacional a los departamentales más que se duplicó en términos reales, aumentó 119% en el período 2004-2014. No solo existió este incremento, sino que se incorporaron nuevas fuentes de recursos, como la participación de los gobiernos departamentales en la recaudación del Impuesto al Patrimonio sobre el sector agropecuario, que ha permitido la compra en conjunto de maquinaria vial para atender el mantenimiento de la caminería rural.

Se ha desarrollado también una agenda de trabajo común con el nivel nacional que logró comenzar a resolver problemas históricos; son ejemplos de esto la creación del Sucive, los subsidios al alumbrado público, mejores sistemas de disposición final de residuos, aumento del Fondo de Desarrollo del Interior, de los fondos destinados a la caminería forestal, del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios y del Fondo de Inversión Departamental, entre otros. Pero sobre todo permitió establecer lazos de cooperación entre los diversos niveles de gobierno, pensando el país en clave regional.

Sin duda que esto no alcanza para solucionar el déficit de infraestructura y servicios que el conjunto del país aún presenta. Debemos también comenzar a pensar en torno a otras formas de organización institucional que transciendan los actuales límites territoriales y que tengan como objetivo un desarrollo armónico de las diversas regiones del país que presentan características socioeconómicas diferentes y que deben ser abordadas respetando esa diversidad.

Quizás un debate amplio, que contemple una mirada de largo plazo y proyecte las necesarias reformas para que Uruguay logre ir encaminándose cada vez más por la senda del desarrollo, seguramente se encuentre relacionado con la necesidad imperiosa de una reforma constitucional que entre otras cosas también deba contemplar los temas de reorganización institucional con una visión territorial y que piense el proyecto de país desde otra perspectiva que incluya estas nuevas modificaciones institucionales.

El debate está planteado, queda en nosotros llevarlo adelante con éxito.