Por: Por Manuela Mutti

Lamentablemente, la crisis financiera de la Intendencia se ha acrecentado año tras año, con un déficit de $ 200:000.000 por año, una sexta parte del presupuesto anual, lo que al día de hoy representa un acumulado de más de mil millones de pesos.

Es preciso recordar que en el año 2010, durante el gobierno de nuestra fuerza política, el resultado financiero fue de $ 13:000.000 de superávit y que el déficit acumulado del quinquenio era de solo $ 91:000.000. A partir de 2011 y hasta 2013 el déficit generado por la actual administración suma un monto aproximado a los $ 600:000.000, según datos de la Rendición de Cuentas del 2013.

A esta situación debe agregarse que la administración actual tomó contablemente como ingreso una solicitud de línea de crédito del BROU por la suma de $ 62:500.000, lo que fue observado por el Tribunal de Cuentas. Además, las obligaciones presupuestales impagas ascienden a $ 152:000.000, redondeando un déficit anual de $ 260:000.000.

Las obras llevadas adelante por la Intendencia fueron previstas en el Presupuesto quinquenal y presupuestadas como corresponde; de hecho, hay muchas obras previstas en los municipios que no fueron ejecutadas. Por tanto, esta no es la razón del déficit, y tampoco los gastos de insumos, de teléfonos, de papelería, de combustible, de alimentos ni de artículos de limpieza.

La causa del déficit la encontramos, según la propia Rendición de Cuentas de 2013, en la designación de nuevos funcionarios y cargos de confianza, lo que representa más del 80% del presupuesto anual, mientras que en administraciones anteriores no superaba el 64%.

A esto sumémosle decisiones arbitrarias al designar funcionarios sin previo llamado a concurso y compensaciones sin justificar su necesidad de hasta $40.000 para una misma persona.

Cualquiera que asuma en la próxima administración va a necesitar una ayuda financiera especial del Gobierno Nacional para reducir el déficit y, asimismo, cumplir las funciones propias de la Intendencia: iluminación, mantenimiento de calles, recolección de residuos y demás.

En síntesis, el déficit se ha producido principalmente por el ingreso descontrolado y a dedo de personal afín a la administración. Del personal contratado, cerca de cuatrocientos funcionarios fueron presupuestados en forma permanente, sin que se conociera su perfil laboral, currículum, profesiones u oficios. La razón por la cual no manejamos más información se debe a que la administración actual no responde a los pedidos de informes de nuestros ediles.

A esta grave crisis se suma que las deudas que los vecinos mantenían con la Intendencia, mayores a seis meses de atraso, van a ser gestionadas por un privado con derecho a ejecución en un lapso de cinco años. Es decir que esto va más allá de la gestión actual, atando a la próxima administración a un contrato sin que esta pueda cambiar sus términos y sin que se puedan analizar soluciones en forma directa con esos vecinos.

Y si hablamos de herencias que nadie quiere tener, debemos agregar más allá de que las deudas por fideicomiso deberían terminar con esta administración que las contraídas con proveedores van a seguir existiendo.

El oficialismo departamental nos tilda de alarmistas pero, ¿les parece que estas razones no son lo suficientemente alarmantes por sí mismas?

Hoy en mi departamento los funcionarios municipales viven inestabilidad laboral y persecución en sus lugares de trabajo. En estos días un trabajador fue sumariado por criticar en las redes sociales al exintendente en pleno uso de su licencia, cuando lo que reclamaba era el pago del salario vacacional. ¿No es alarmante la situación social que se ha generado en mi departamento?

La administración departamental no solo le debe a los funcionarios los salarios vacacionales, sino que tampoco les ha pagado las retenciones judiciales a las madres, ni las cuotas del BROU, Centro Médico y cooperativas de consumo, pero sí las ha descontado de los sueldos de los trabajadores, lo cual ha sido denunciado por el gremio como apropiación indebida.

Llegando al límite de que el pasado martes 3 de marzo, los funcionarios agremiados decidieran realizar un paro con toma de la Intendencia.

Los proveedores también se han visto perjudicados. Muchos de ellos hace más de seis meses que no reciben el pago correspondiente

Es muy grave que esto acontezca en un país que cada vez más se preocupa por los derechos de los trabajadores. Es más grave aún si consideramos que la administración responsable de dicha situación busca volver por cinco años más.

Por eso es que reclamamos un viraje en Salto, un gobierno que se preocupe de administrar en forma responsable los recursos de todos los salteños y esa certeza la tenemos exclusivamente con el Frente Amplio.

Tenemos tres excelentes candidatos, pero creemos que es Ramón Soto el que sintetiza mejor el perfil de intendente que las necesidades del departamento y su gente reclaman, y quien puede llevar adelante un gobierno de unidad y con todos.