El proyecto de ley ingresó en mayo de 2015 a estudio de la comisión parlamentaria.
Desde ese espacio, se convocó en dos oportunidades al Poder Ejecutivo para  profundizar en el conocimiento del proyecto, así como a la Red Pro Cuidados, que nuclea a organizaciones académicas y sociales con trayectoria en el tema.

Julio Bango, actual director de la Secretaría Nacional de Cuidados – área que fue conformada en marzo de 2015 en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para elaborar la propuesta de creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados-, expresó en su comparecencia ante la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado que el cuidado como asunto de interés para el abordaje desde las políticas
públicas tiene relación con un análisis en “términos de políticas de población”.

El Poder Ejecutivo considera, según expresó el jerarca, que el envejecimiento que vive la población, es “un patrimonio de la sociedad uruguaya que logra que, a medida que se reproducen las generaciones, aumente la esperanza de vida”. Sin embargo, esta transición demográfica plantea retos en materia de política pública pues, del lado opuesto, Uruguay cuenta con una tasa de fecundidad estable y por debajo de la
tasa de reemplazo (1.8 en lugar de la aspiración de 2.1 por cada 1.000).

Para Bango, esta dimensión plantea el desafío de propiciar que “esas (las nuevas) generaciones tengan el bienestar adecuado. La inversión que estamos haciendo ahora y la que hagamos con las generaciones que nacen, brindándoles cuidado
y protección, va a condicionar positivamente el bienestar de dichas generaciones cuando sean trabajadores activos y puedan generar ingresos de calidad para su familia”.

Por ello, en su perspectiva la apuesta a la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados no solo es estratégica desde el punto de vista “del bienestar de un grupo generacional” en concreto, sino que es una condición “sine qua non de
lo que va a ser el bienestar del Uruguay y sus posibilidades de desarrollo”.

Un nuevo derecho social

Para la actual administración, por tanto, la apuesta a la construcción de este Sistema se vincula con el bienestar social y el desarrollo. Al mismo tiempo, y en lo inmediato, la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados “tiene que ver con los derechos sociales”, que se ampliarían con la entrada en vigencia de este proyecto
de ley. El director de la Secretaría Nacional de Cuidados entiende que esta expansión de lo que es considerado parte de los derechos sociales en Uruguay, se vincula con la “nueva agenda de derechos” que el país viene impulsando con la aprobación de normas que consagran derechos antes no explicitados en ningún instrumento.

El texto del proyecto define el cuidado como una función social “que implica tanto la
promoción del desarrollo de la autonomía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes” y “constituye el conjunto de acciones que la sociedad  lleva a cabo para garantizar la supervivencia social y orgánica de quienes han perdido o carecen de autonomía personal y necesitan la ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria”.

Aportes y visiones

La definición fue considerada como insuficiente por la Red Pro Cuidados,  organización de segundo grado que fue convocada también por la comisión parlamentaria que analiza el proyecto para dar su visión del mismo.
En el marco de su comparecencia, integrantes de la Red consideraron conveniente expresar que la definición debiera dar cuenta de la implicancia en el cuidado de una “relación entre dos sujetos”: el que es cuidado y el que ejerce esa tarea.

“Consideramos que este último es quien asume las actividades nculadas a esta dimensión sustantiva del desarrollo individual, de reproducción social y del bienestar”, precisaron. Si bien en el artículo siguiente del texto propuesto se establece como sujetos de la política no solo a quienes deben recibir cuidados (las personas dependientes divididas en tres grupos: niños y niñas de 0 a 3 años, personas con discapacidad y personas adultas mayores con dependencia) sino también a quienes cuidan, esta población es omitida en la definición del derecho.

Incluir a quien cuida en la conceptualización misma del cuidado como actividad, puede ser un aporte que, a entender de la Red Pro Cuidados, respeta y acompasa “el espíritu con el que el proyecto fue redactado”.

De hecho el texto incluye, en otros fragmentos, la expresa intención de incidir en la desigual carga que hoy tienen las responsabilidades del cuidado, no solo a nivel social (entre el Estado, el mercado y las familias) sino también a nivel familiar
(entre varones y mujeres). Institucionalidad austera En relación al proyecto que
propone crear el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Bango resaltó la actitud
de “cautela” con la que se realiza la propuesta, contemplando la dimensión del proyecto.

A su entender, la misma se manifiesta en la aspiración de crear una “institucionalidad muy básica y austera, que pretende echar los cimientos de
una construcción que va a requerir la tarea legislativa en los próximos años”.
Tal como lo explicó en sesión de la comisión, la propuesta actual parte de la idea de que en el futuro será necesario ir ampliando su alcance, “en la medida en que vayamos evolucionando y desarrollando la construcción del sistema, advirtiendo
los pasos a seguir”.

Para explicarlo metafóricamente, Bango sostuvo en Comisión que “Sería como ir poniéndole a la casa diferentes elementos como columnas, espejos, ventanas, puertas y azulejos, es decir, vistiéndola en el correr de los cinco años”. La actual propuesta busca generar la posibilidad de “implementar una serie de servicios que incluirá el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que se nutrirá de los ya existentes, dado que en algunos sectores ya existen políticas desde hace por lo menos treinta años, y también reformular, reordenar y construir nuevos servicios para poblaciones que hoy no los tienen”.

Articulación interinstitucional

El Sistema como creación institucional pretende ser el espacio que articule las políticas, programas y acciones que hoy ya existen y están vinculadas al cuidado, de modo de integrar lo que se realiza de manera sectorial por diversos ministerios. La
institucionalidad propuesta reunirá, en una Junta Nacional de Cuidados, a todos los ministerios y organismos con implicancia en la materia. “La Junta Nacional de Cuidados estará integrada por el ministro de Desarrollo Social, que la presidirá, y los titulares de los Ministerios de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Economía y Finanzas, el director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen- ANEP), el presidente del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), y el presidente del Directorio del Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU)”, según el proyecto en debate.

Asimismo, expresa que “A fin de promover y monitorear la incorporación de la perspectiva de género en todo el Sistema, la Junta incluirá entre sus miembros un/a representante del Instituto Nacional de las Mujeres, con voz y sin voto”. En cuanto al rol que juega la desigualdad de género vinculada con el cuidado en la formulación
de esta política, Bango dijo que es un objetivo de la creación del Sistema la  promoción de la autonomía y el cambio varias razones nos gusta señalar como una década ganada) o haya habido ninguna mujer entre los elegidos para conformar el nuevo Secretariado Ejecutivo puede tener explicaciones del tipo de las aparecidas en la prensa, y las mismas pueden ser creíbles, pero a todas luces se trata de un anacronismo.

Tras dos gobiernos de izquierda que han supuesto un fortalecimiento inédito del movimiento sindical, de su madurez y de su protagonismo en la vida del país, ese desajuste entre lo que se planteó en el pasado y la realidad presente puede ser frustrante,  pero lo es aún más cuando se lo ve a la luz de las expectativas.

Hace apenas dos meses, la responsable de la División de Género, Equidad y Diversidad, en oportunidad de presentar el documento preparado para el Congreso, expresaba con absoluta razón:“Creemos en las utopías y por eso decimos que ya no es la hora de una cuota del 30% y que estamos en la hora de la paridad”.

Las utopías necesarias y la hora de la paridad

El contraste cruel entre el 30% de participación femenina en los órganos de dirección propuesto 11 años atrás y el 0% resultante en un Congreso calificado
como “exitoso y ejemplar” es, al menos en este plano, desconcertante.

Y por eso mismo vale la pena arrinconarlo en el desván de las anécdotas que pronto pasarán a ser motivo de bromas en los asados, y observar por debajo de la superficie lo que realmente importa.

No es fácil olvidar (quien esto escribe no lo hace) que las mujeres del movimiento sindical han dado ejemplos a lo largo de su historia que las han ubicado muchas
veces por delante de los partidos políticos, los sectores empresariales y la academia.

Las trabajadoras anarquistas conformaron la sección femenina de la Primera Internacional en Montevideo en 1884 publicando aquello de “Queremos liberaros
de la codicia del patrón que los explota, de las acechanzas del cura que os llena la cabeza de supersticiones, de la autoridad del marido que os maltrata”, que hoy puede parecernos extremo, pero que en el contexto de lo que era la situación de las mujeres
obreras a fines del siglo XIX, era simplemente justo. La socialista primero y luego comunista Julia Arévalo fue la primera senadora latinoamericana, pero antes había
sido militante sindical a los 15 años y niña trabajadora desde los 10.

Y a lo largo de esta misma década en la que no ha habido avances en lo que a participación femenina en los órganos de dirección se refiere, las mujeres del movimiento obrero han protagonizado las luchas por la despenalización el aborto, el fin del acoso sexual en el ambiente de trabajo, han impulsado resoluciones que liberarán a los sindicatos de hombres responsables de violencia doméstica y el 1º de mayo una de sus  integrantes planteó como aspiración de todo el PIT-CNT la aprobación de una ley que configure y castigue el delito de feminicidio.

Es una larga historia de mujeres fuertes y capaces que creen en las utopías y modelan junto a sus compañeros un movimiento obrero del que son protagonistas.
Eso permite el optimismo independientemente del 0 % con el que este XII Congreso podría pasar al anecdotario de los actos fallidos y las tonterías más absurdas de la década ganada. Y sería injusto no destacar que esta vez fue precisamente el nuevo
Presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien asumió el error y propuso una enmienda de emergencia a la que le reconoció, con bastante razón, la calidad
de “parche”.

En momentos en que la brecha salarial entre hombres y mujeres es una preocupación generalizada y en que es evidente que las desigualdades en el trabajo
merecen políticas enfocadas a eliminarlas, que el movimiento obrero no hubiera sido capaz de percibir su propio desajuste e intentado repararlo habría resultado una pésima señal. El reconocimiento no repara, pero es un buen indicador de que en el futuro nada será igual.