El Consejo Directivo de la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se pronunció ayer en contra de la propuesta de reforma constitucional que baja la edad imputabilidad. “Esta opinión se basa en los argumentos elaborados sobre el tema por la doctrina más especializada, desde diversas disciplinas”, sostiene el documento.

“De ser aprobada la reforma sometida a plebiscito se presentarán serias dificultades para interpretar la Constitución de la República en su conjunto”, establece la declaración. En ese sentido recuerda que la propuesta concede al juez la discrecionalidad de decidir si el menor tiene madurez o discernimiento suficiente para actuar. Esto va en contradicción con el principio de la generalidad de la ley, que no admite que un juez decida en forma discrecional si una norma jurídica se aplica o no.

“De aceptarse esta posibilidad, se vería también seriamente lesionado el principio de legalidad, afectando la seguridad jurídica, con las consecuencias que ello acarrea cuando se trata de aplicar normas de naturaleza penal que afectan el ejercicio de derechos fundamentales de la persona implicada”, añade el documento del Inddhh.

Por otra parte, se recuerda que Uruguay aprobó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño que un año antes había sido sancionada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Se recuerda que ya Uruguay establecía que el Derecho Penal de adultos comenzaba a aplicarse (igual que hoy) desde que una persona cumple los 18 años de edad, y por esa Convención que los menores de 18 años se juzgaban por una normativa especial.

Para adecuarse a esa Convención, el Parlamento aprobó en 2004 el Código de la Niñez y la Adolescencia con los votos de todos los partidos políticos. “Este Código (vigente en la actualidad) dispone que una persona puede ser responsabilizada penalmente a partir de los 13 años de edad. Para ello, entre los 13 y los 18 años de edad se aplica un sistema de responsabilidad específico, que reconoce las mencionadas diferencias en la evolución de una persona adolescente frente a una persona adulta”. El Instituto cita la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, donde se establece que después de adherir a un tratado, el Estado debe cumplir de buena fe con las obligaciones que el mismo establece, y señala que Uruguay acordó establecer el estándar mínimo de 18 años para ejercer el derecho penal de adulto.

El documento cita varias opiniones, entre ellas la del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República que sostuvo que la baja de edad “implica, lisa y llanamente, la reducción de la adolescencia como realidad social, psicológica y cultural, lo que contraviene todas las evidencias del proceso civilizatorio”.

Otros argumentos

En su declaración el Inddhh advierte que la propuesta de reforma, es una “de las más relevantes para el país en los últimos treinta años”.
Reconoce anteriores iniciativas en ese sentido, y cita a Adela Reta (Partido Colorado) y Gonzalo Aguirre (Partido Nacional) que en 1987 se manifestaron en contra de una iniciativa similar. En ese entonces Adela Reta era ministra de Educación del primer gobierno presidido por Julio María Sanguinetti, y al respecto sostuvo que ese planteo lleva a “(…) minimizar el tema, que incluye la posibilidad de disponer de dependencias especiales para la atención de menores a quienes se les debe brindar un tratamiento razonable (…) Hacer descender el límite de imputabilidad agudizará el problema, acarreando un comienzo más precoz de la delincuencia”.

Mientras que Gonzalo Aguirre, entonces senador y después vicepresidente de la República durante la administración de Luis Alberto Lacalle, expresó que “no es modificando la legislación penal que se combate la delincuencia, sino atacando sus causas sociales y económicas. A menos que lo que se busque no sea eliminar la delincuencia, sino a los delincuentes”.

Experiencia internacional

La resolución del Inddhh recuerda que la experiencia internacional muestra el fracaso de las iniciativas que intentan mejorar las condiciones de seguridad ciudadana solo a partir de normas jurídicas que incrementan el poder punitivo del Estado. Además agrega que “se verifica una tendencia en países con diversos procesos de desarrollo social y económico, dirigida a considerar recorrer el camino contrario, restableciendo en los 18 años de edad el inicio de la aplicación del Derecho Penal adulto.

“El incumplimiento por parte del Estado uruguayo de sus obligaciones internacionales también vulnera el principio de buena fe. Según este principio, cuando un Estado firma y ratifica un tratado lo hace para cumplirlo”.