Formalmente, el proyecto minero de Aratirí en Uruguay queda hoy sin efecto al transcurrir el plazo de 90 días corridos que otorgara el Poder Ejecutivo para que la minera Zamin Ferrous presentara un nuevo inversor. Esa era la condición impuesta por el Gobierno Nacional a fin de firmar un convenio con el Estado uruguayo.

La directora Nacional de Minería, Leda Sánchez explicó que el texto de la ley de Megaminería establece que el plazo para concretar el contrato entre Aratirí y el Estado es de 90 días a partir del 24 de diciembre de 2015, fecha en que firmó la caducidad del proyecto.

Desde hace meses que fuentes políticas y gubernamentales consideraron que el proyecto minero “ya se había caído, desestimulado por las exigencias de la ley de minería y el precio internacional del hierro”.

La minera consideraba viable este proyecto si el precio internacional del hierro se ubicaba en US$ 100 la tonelada. Actualmente el valor se ubica en US$ 67. La tendencia del valor del hierro a nivel de los distintos mercados está en baja, al igual que el resto de la minería.

Por otra parte, operadores privados señalaron que con la actual ley de minería, es muy difícil que los proyectos mineros se instalen en nuestro país. Se habla que la normativa tiene un espíritu proteccionista que desestimula la inversión privada. En el caso específico del proyecto Aratirí, los operadores precisaron que era más rentable sacar los minerales hacia Brasil que llevarlo en un acueducto hasta el departamento de Rocha.

No obstante, quienes defienden la normativa aducen que el Estado debe de proteger el patrimonio y el medio ambiente.

Este lunes, el Ministerio de Industria, Energía y Minería comenzará un proceso para liberar unos 200 padrones que hasta hoy estaban comprendidos en el proyecto minero de Aratirí.

Por lo cual, queda sin efecto la adjudicación de las servidumbres mineras que el MIEM otorgó al proyecto Aratirí. Las mismas son permisos de ocupación temporaria o permanente para la exploración. Mediante este procedimiento se habilitaba a la minera al reconocimiento del subsuelo por medio de sondeos y perforaciones, la toma de agua necesaria para los trabajos, el tendido de líneas de transmisión eléctrica, de cintas transportadoras, de instalación de depósitos y almacenes, y, en general, las necesarias para la ejecución de la actividad minera.

La directora de Minería indicó que este Ministerio procederá al trámite de liberalización de la zona afectada para el desarrollo de este proyecto. Por lo cual, los propietarios de esas tierras quedarán “libres” de lo que fue la autorización para efectuar las prospecciones, exploración y concesión para el trabajo minero.

Si se presentara un nuevo proyecto para la explotación minera en esta zona, el trámite comenzará de cero, y las autoridades deberán de evaluar la propuesta, explicó la directora Sánchez.

¿Qué pasa con los predios arrendados?

Con la caída del proyecto minero, la interrogante será qué pasará con las tierras que la minera había adquirido en Uruguay. La posibilidad que se maneja es que puedan desarrollar en estos predios otros tipos de emprendimientos productivos o finalmente vender estas propiedades.

Una vez que venza el plazo legal, también se deberá dirimir qué pasará con la información obtenida por la minera tras la realización de prospecciones.

En tanto, la organización Uruguay Libre de Minería publicó hace unos días un comunicado de prensa en el que establece que “la realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional”.

Señaló que Zamin Ferrous, enfrenta hoy acciones en la Justicia de Brasil y Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.

Prórroga al subsidio de desempleo

Por su parte, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aprobó el pasado 17 de marzo, la extensión de la prórroga del subsidio por desempleo a los trabajadores y extrabajadores de la empresa minera Aratirí SA. Unos 90 trabajadores hace unos cuatro años que se encuentran en seguro de desempleo luego que la empresa minera suspendiera sus actividades.