Por: Luis Casal Beck

Tres días antes, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sesionó en Ginebra (Suiza), cerró “el caso Uruguay”,  ante la “voluntad inequívoca del nuevo gobierno (electo en noviembre de 1984, y que asumió el 1 de marzo de 1985), de lograr el inmediato y pleno reestablecimiento de los derechos humanos, y las libertades fundamentales”. En la ceremonia, el país estuvo representado por los senadores Alberto Zumarán (blanco wilsonista), y Luis Hierro Gambardella (batllista).

La Ley de Pacificación Nacional, sancionada el 8 de marzo de aquel año y promulgada ese mismo día, permitió a través de distintos instrumentos jurídicos (como la amnistía), que todos los presos políticos, quedaran en libertad. Algunos habían permanecido trece años encarcelados, especialmente en los penales de Libertad (hombres) y Punta de Rieles (mujeres). Había militantes políticos y sindicales que, hasta el golpe de Estado de junio de 1973, habían actuado dentro de la legalidad democrática (el foco de la represión, especialmente desde 1975, había sido el clandestino Partido Comunista); de la guerrilla, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), etc.

Según relatan las crónicas de la época, el 10 de marzo, muchos cientos de personas se concentraron frente al penal de Libertad, situado sobre la ruta 1 en el departamento de San José, y recibieron a los presos, liberados de a uno, o en grupos. En Montevideo se produjo un fenómeno similar. Muchas encarceladas, a bordo de camionetas, fueron saliendo de la Jefatura de Policía por el garage de la calle San José.

El reclamo por una amnistía general e irrestricta, planteada frontalmente por el sacerdote católico Juan Luis Segundo en un artículo publicado en el periódico “La Plaza”, en febrero de 1982, se fue extendiendo gradualmente. “La Plaza”, -que conducían el actual senador Marcos Carámbula, y su hermano Gonzalo-, fue clausurado de inmediato.

En la resistencia civil a la dictadura, la bandera de la liberación de los presos de conciencia se generalizó, aunque encontró reparos, especialmente en los sectores dominantes del Partido Colorado. No así en la Corriente Batllista Independiente (CBI), cuyos legisladores respaldaron el 5 de marzo de 1985, en Diputados, un proyecto de ley que iba en esa dirección y contó con los votos del Frente Amplio, de los sectores wilsonistas del Partido Nacional y algunos disidentes del herrerismo, como Jorge Silveira Zabala. Fueron 55 votos en 94 legisladores presentes.

El gobierno que asumió el 1 de marzo había enviado un proyecto que consideraba necesario el cierre de las cárceles, pero excluía de una amnistía los delitos de sangre, según lo había establecido la Justicia Militar cuyas causas serían transferidas a la órbita de la justicia civil. En su propuesta programática de 1984, este partido hablaba de amnistía y de indulto.

El propio presidente de la República, el colorado Julio Maria Sanguinetti habló al día siguiente por cadena de radio y de televisión, oponiéndose a la solución a la que arribó la Cámara de Representantes, porque en su perspectiva se eludía “condenar claramente el empleo de la violencia”.

En las horas siguientes se abrió un período de negociación en la que intervino la entonces ministra de Educación y Cultura, Adela Reta –una de las mas importantes penalistas que ha tenido nuestro país-, que aportó una fórmula finalmente aceptada por todos, que implicó en los hechos que no hubiera mas presos políticos (se computaba por tres cada día de prisión sufrida, dada las duras condiciones de reclusión). El Senado aprobó la solución por 24 en 27, y la Asamblea General lo hizo de inmediato (86 en 91).

La Ley de Pacificación Nacional exceptuó de toda amnistía “los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices, de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes, o de la detención de personas, luego desaparecidas, y por quienes hubieran encubierto cualquiera de dichas conductas”.

Uno de los grandes defensores de una amnistía amplia y reconciliadora, fue el líder batllista Manuel Flores Mora (1923-1985), recordado el jueves 12 en la antesala del Senado por un grupo de intelectuales encabezados por el escritor Carlos Maggi, de 92 años.  Flores Mora, integrante de la “generación del 45”, y uno de los “jóvenes turcos” que rodeó a Luis Batlle Berres, planteo el asunto con radicalidad en el interior de su partido, y en el semanario opositor “Jaque” (1983),  cuyas contratapas escribió.

Fallecido el 15 de febrero de 1985, -el mismo día en que asumió el Parlamento, del que formó parte su hijo Manuel, en el Senado-, este  político colorado, narrador, periodista (dirigió la pagina literaria de “Marcha” junto a Angel Rama, entre 1949 y 1950), ocupó durante doce años un escaño como diputado (1955-1967); fue, a instancias del presidente Oscar Gestido, ministro de Ganadería y Agricultura (1967-1968), y estuvo al frente de la cartera de Trabajo y Seguridad (1968), renunciando cuando el presidente Jorge Pacheco Areco, decretó “Medidas Prontas de Seguridad”. Entonces, volvió al Parlamento (1968-1972, como senador), erigiéndose en un  cuestionador del régimen pachequista y sus desbordes. Durante la dictadura estuvo proscrito.

Aquel 10 de marzo

Según relatan las crónicas de la época, el 10 de marzo, muchos cientos de personas se concentraron frente al penal de Libertad, situado sobre la ruta 1 en el departamento de San José, y recibieron a los presos liberados de a uno, o en grupos. En Montevideo se produjo un fenómeno similar. Muchas encarceladas, a bordo de camionetas, fueron saliendo de la Jefatura de Policía por el garage de la calle San José.