En estos días se han multiplicado en los medios de comunicación diversas informaciones sobre el Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios, conocido como TISA. El gobierno le solicita a los diversos ministerios que elaboren las listas positivas para el acceso al mercado y las listas negativas para el Trato Nacional. Estas son las listas, preliminares e incompletas, para presentar al Acuerdo en setiembre u octubre, centradas en las ya presentadas en otras negociaciones.

El gobierno argumenta que es mejor estar dentro y conocer de primera mano las características de estas negociaciones, que se adquiere experiencia, y que se van a mejorar las exportaciones de servicios, poniendo como ejemplo el software. Se plantea también las similitudes con los acuerdos de servicios dentro de la Organización Mundial de Comercio ( OMC).

El TISA presenta notables diferencias con las bases de funcionamiento de la OMC. Ésta son acuerdos multilaterales donde intervienen todos los países integrantes de la organización.

Como no hubo acuerdos en la Ronda de Doha, entre otros problemas por las normas de política agrícola de la Unión Europea, EEUU decidió llevar adelante acuerdos plurilaterales entre un grupo de países. En el TISA no hay muchos países que puedan asociarse con Uruguay para defender ciertos servicios. No están ni Argentina ni Brasil, ni China que no fue autorizado por EEUU, ni India ni Rusia.

Si fuera multilateral podrían intercambiarse algunos servicios contra apertura de políticas agrícolas. En la OMC existe el Trato Especial y Diferenciado que favorece a los países de menor desarrollo relativo, como Uruguay, que no lo tiene el TISA.

En el tema de la prórroga de jurisdicción en la OMC las controversias que se analizan son las denuncias de un Estado contra otro Estado. Las diferencias entre un inversor y el Estado, se resuelven en función de las normas locales del país de destino de la inversión.

En el TISA el tema aún no ha sido laudado, pero dada la influencia de los EEUU es probable que las controversias entre un inversor y el Estado vayan a Tribunales Internacionales, como ocurre con los TLC firmados por EEUU, o en los acuerdos de protección y promoción de inversiones.

En los Acuerdos de la OMC para el trato nacional (igualdad de condiciones para inversores extranjeros con los inversores nacionales públicos y privados) se presentan listas positivas. En la OMC Uruguay presenta listas positivas, o sea los rubros que se abren para la competencia con el exterior, donde se sabe que esos rubros no se producirán internamente , lo que es fácilmente comprobable.

En el TISA no se aceptan las listas positivas para el Trato Nacional sino que hay que presentar listas negativas, es decir los rubros que se desea proteger, lo que es mucho más difícil elaborar.

Fuera de las listas negativas todo lo demás queda abierto a la competencia. Esto significa que los nuevos servicios, que surgen de los permanentes avances tecnológicos, no se pueden poner en las listas negativas porque no se conocen. Por lo tanto quedan totalmente abiertos y no puedo efectivizar regulaciones sobre los mismos. Estas normas de Trato Nacional son centrales para las compras estatales.

En la medida que hay igualdad entre los inversores extranjeros y los nacionales públicos y privados, no puedo utilizar el instrumento de las compras estatales para favorecer empresas pequeñas que generan más empleos, o empresas que se requiere estimular porque generan contenido tecnológico, o de propiedad pública o social. En el Trato Nacional, no solamente se determina la igualdad, sino que no se pueden fijar normas que mejoren las condiciones de competencia de empresas nacionales.

Podría ocurrir que si el Estado otorga determinados subsidios a servicios públicos también debiera otorgárselo a los proveedores privados. La filosofía del acuerdo TISA es liberalizar y desregular. Si el Estado nacional decide regular algún servicio, las normas tienen que ser razonables, objetivas e imparciales.

Estas normas se las deben comunicar a los sectores privados para que den sus opiniones y luego de sus respuestas se podrán efectivizar las mismas. En las claúsulas de salvaguardia para limitar las importaciones de un servicio, en el TISA se obliga a medidas globales de todas las importaciones de servicios, como una especie de medidas globales de balance de pagos. Una novedad relevante es que esta restricción será monitoreada por el FMI, con los condicionamientos que se conocen de esta institución.

En el acuerdo se incluye también la claúsula de la nación más favorecida, por lo cual cualquier ventaja que se haya otorgado por el país en otros acuerdos, se aplica a todos los países integrantes del TISA. Hay algunas claúsulas muy especiales en este acuerdo. Hay una claúsula de statu quo por lo cual no se pueden modificar normas vinculadas a servicios mientras se está negociando. Hay también claúsulas trinquete por las cuales si un gobierno desregula o privatiza un servicio, el nuevo gobierno no lo puede modificar.

El Frente Amplio ha recibido limitadas informaciones, porque el secretismo es la norma de estos acuerdos, lo que dificulta la libre discusión democrática. La fuerza política definirá su posición en un plenario a realizarse el 5 de setiembre. No hay ninguna duda que este acuerdo del TISA es absolutamente incompatible con las bases programáticas del Frente Amplio, donde se plantea la presencia del Estado con capacidad de regulaciones, de protecciones, de conducción del proceso económico para alcanzar crecimiento con justicia social.

El gobierno anterior tomó la decisión de ingresar a las negociaciones del TISA bajo la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Este gobierno quiere continuar con las negociaciones, pero también es cierto que el presidente Tabaré Vázques pidió el pronunciamiento de la fuerza política.

Mi posición personal es que el gobierno no puede retirarse en estos momentos de las negociaciones, porque le significaría costos políticos en el plano internacional. Pero en la medida que no estoy de acuerdo con participar en el acuerdo ni firmar el mismo, por los argumentos expresados en esta nota, no debieran presentarse las listas en el mes de setiembre como lo plantea el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Máxime si son preliminares e incompletas porque probablemente mañana no las pueda modificar y serán las definitivas. Mientras tanto, seguir en las negociaciones y buscar y encontrar el momento de retirarse o no firmar para minimizar los costos políticos. Las empresas públicas de Uruguay son un instrumento de desarrollo que no debieran estar sujetas a acuerdos internacionales.

El mundo desarrollado desea la desregulación en telecomunicaciones que afectaría la muy buena tarea de Antel en este sector. También plantea la desregulación de los servicios financieros, que fue una de las principales causas de la crisis financiera en EEUU en el 2007-2008. No hay duda de la necesidad de mantener las actuales regulaciones de este sector, para no retornar a la crisis del 2002.

Acordar en el TISA es entrar en la órbita de las negociaciones planteadas por EEUU contra China, que a su vez es nuestro principal comprador de bienes, junto a los grandes países del Mercosur que tampoco participan en el mismo. En una presentación de José Manuel Quijano plantea que Uruguay no debiera negociar en educación, salud, agua, telecomunicaciones, servicios financieros, compras estatales y servicios audiovisuales.