En marzo pasado, a poco de asumir el nuevo gobierno, el canciller Rodolfo Nin Novoa recibió una nota de la Coalición Ronda Cívica por el Voto Exterior/Uruguay, por medio de la cual esa organización reitera su aspiración de que se concrete la instrumentación del voto desde el exterior para los ciudadanos de la diáspora uruguaya.

La no habilitación del voto desde el exterior es no solamente una flagrante injusticia sino que, además, constituye una paradoja: la Constitución establece la obligatoriedad del voto para todos los ciudadanos, pero a los residentes en el exterior se les niega el ejercicio de un derecho elemental y el cumplimiento de un deber cívico.

“El reclamo que sostenemos las organizaciones representativas del exterior, junto a las del interior de Uruguay por el pleno ejercicio de los derechos cívico-políticos, esperamos siga contando con el apoyo de ese Ministerio en la nueva gestión que comienza, de acuerdo a las expresiones públicas realizadas por el Dr. Tabaré Vázquez y a las definiciones programáticas de la fuerza política de gobierno”, se sostiene en la misiva de referencia.

Como se recordará, en la elección de octubre de 2009 también se sometieron a la consideración del cuerpo electoral dos iniciativas que no contaron con la adhesión de la mayoría de los ciudadanos: la anulación de la Ley de Caducidad y la habilitación del voto epistolar para los uruguayos en el exterior.

Más allá de la proverbial indiferencia (apatía, tal vez) que caracteriza al uruguayo medio, y que llevó a no introducir la papeleta correspondiente, un buen número de ciudadanos consideró que los uruguayos que habían emigrado y que se habían radicado en otros puntos del planeta no tenían derecho a incidir en la elección de los gobernantes.

Pero las organizaciones que luchan por la habilitación de algún mecanismo que permita el ejercicio del voto desde el exterior no han bajado los brazos. Es así que en setiembre del año pasado, lograron que ingresara al Parlamento un proyecto de ley de Voto Consular.

La iniciativa se sustenta en los pronunciamientos favorables de destacados constitucionalistas y juristas: los juristas José Korzeniak, Alberto Pérez Pérez, Héctor Gros Espiell, Martín Risso, entre otros, quienes sostienen que “en el marco del derecho positivo vigente, existen las soluciones jurídicas partiendo del hecho cierto y comprobable que no hay impedimento de orden constitucional para el ejercicio del sufragio en el exterior”.

El reclamo es perfectamente legítimo y la aprobación del mencionado proyecto de ley vendría a terminar con una gruesa injusticia.