Una trama de enredos, disimulos y desconciertos fue ganando notoriedad en Uruguay cuando a través de una infidencia de la agencia EFE de mayo de 2014, adquirió embrionario estado público la solicitud de ingreso al Trade in Services Agreement (TISA). La relevancia se acrecienta a partir de la más reciente exhumación de los documentos reservados de la negociación, por parte de Wikileaks que editó el diario –hoy exclusivamente digital- “Público” de España. Las salpicaduras no sólo alcanzan a la actual gestión del Presidente Tabaré Vázquez sino también a la de su antecesor, Pepe Mujica, quien habría dado inicio a las conversaciones y solicitado formalmente el ingreso ya desde setiembre de 2013 a través de su canciller Luis Almagro, hoy secretario general de la OEA. Al punto que la central única de los trabajadores uruguayos, el PIT-CNT, realizó esta semana un paro de cuatro horas, coronado con una movilización de miles de activistas a las puertas del Palacio Legislativo, en el que incorporó a sus demandas (de aumentos salariales y cumplimiento de la meta presupuestaria para educación) la exigencia de retiro de las negociaciones del TISA.

La organización gremial sostiene que tomó conocimiento por medio de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) con quien tiene relación. Pero el ex canciller sostuvo que “no sólo estaba informada, sino que participó y aportó información”. También aseguró que en su desempeño como canciller, tuvo la “actitud más abierta de informar a la opinión pública sobre el tema”, aunque sin precisar cuándo ni cómo, ni qué estrecha concepción tiene del concepto de opinión pública, ya que el Presidente Vázquez, tras una reunión solicitada por el PIT-CNT dijo haber tomado conocimiento por la prensa luego de las denuncias y críticas. Tal vez se refiera a un escueto reportaje de julio de 2014 en el periódico uruguayo “La Diaria” en el que hace una alusión muy somera a las tratativas. Almagro afirma también que el tema fue llevado en su momento al Consejo de Ministros y que “todo estuvo bien”. Por su parte, la presidenta del Frente Amplio Mónica Xavier aseveró que “no se nos comunicó oficialmente” y el ex vicecanciller, Luis Porto, “reconoció el error de no haber realizado un intercambio con la fuerza política”. Al igual que el “gran bonete”, no se sabe quién lo tiene.

No eludiré la cuestión de fondo sobre el carácter del tratado, pero el embrollo y los desencuentros exhibidos insinúan un peligroso deslizamiento autónomo del equipo de gobierno, respecto a la propia organización política, el FA, a sus bases, sus tradiciones y su programa de acción. Ya lejos del dinamismo y el impulso al debate público de sus propuestas y horizontes, que ha sido la principal razón de su consideración pública, de su éxito electoral, de la relación fluida con los movimientos sociales y sus demandas y luchas, estamos en los umbrales de una regresión cualitativa que es urgente debatir antes que sea tarde. El carácter público de los debates, inclusive internos, la predisposición a la rendición de cuentas, han sido -entre otras- una de las mayores fortalezas del FA. Inversamente, el resguardo monopólico de la información o su manejo autoritario, constituyen un mecanismo privilegiado de dominio de la dirigencias en organizaciones de todo tipo. Cuando éstos afectan a la relación gobierno-sociedad y hasta gobierno-partido, las alarmas antiburocráticas no deben hacerse esperar. La preservación pública del “quehacer dirigente” no es sólo una omisión de obligaciones sino un dispositivo de dominio.

La confusión inclusive la acrecienta la presidenta del FA cuando se autocritica injustamente porque “habiendo visto un artículo de prensa en el que se le interroga al ex canciller no le dimos importancia al tema”. Ni su función, ni la de la mesa política, es convertirse en periodistas de investigación que rastrean la prensa en busca de perlas informativas o puntas de enredados ovillos políticos. Ni siquiera la prensa puede ser su principal insumo informativo sino el propio gobierno rindiendo cuenta de sus acciones a la fuerza a través de la cual la ciudadanía lo ungió. Y para culminar el desorden, el pedido del Partido Socialista para que asuma en el senado manteniendo su cargo en el FA, confunde las funciones partidarias con los poderes del estado. El argumento invocado por el exsenador y ministro Agazzi de la necesidad de ejercer full time la dirección partidaria, aunque la comparto, no es el argumento principal, sino el peligro de la identificación partido-estado, atajo histórica y fácticamente atractivo para las izquierdas en el poder. Creo que ni la presidencia ni la mesa política partidaria, deberían estar conformadas por miembros de cualquiera de los poderes del Estado. Su función debería ser controlar el curso de la gestión, vigilar el cumplimiento del programa y orientar las acciones en función de tal cumplimiento, además de organizar y mantener movilizadas, informadas y atentas a las bases.
Al respecto, el programa de gobierno para el período aprobado en 2013 en un congreso con 1.200 delegados, no dice una palabra que respalde o impulse las negociaciones del TISA. Por el contrario en su capítulo VII, “Uruguay en el mundo” ratifica el carácter “democrático, participativo, progresista, antiimperialista, nacional y popular” de los lineamientos de política exterior y pondera la prioridad de integración regional. Aun si la condición para sentarse siquiera a escuchar de qué se trata fuera el secreto de lo conversado, debería desestimarse cualquier participación porque en esa condición está implícita la concepción de una élite dirigente tomando decisiones a espaldas de sus mandantes. No casualmente en la selección de los países invitados, se evitaron aquellos sospechados de poder divulgar los contenidos de las negociaciones. Menos casual aun es que resulten los principales socios comerciales de Uruguay. Que haya recibido el convite no puede ser motivo de orgullo, sino una oportunidad para interrogarse por debilidades y posibles incoherencias de sus orientaciones diplomáticas y comerciales.

No cambiaría un ápice estas valoraciones políticas si con idéntico sigilo se estuviera debatiendo algo que considero apreciable como la creación del Banco del Sur. Si algo es necesario reforzar en momentos de autonomización de las direcciones es el debate público, la consulta a la ciudadanía organizada y el estado de movilización, cualquiera sea la iniciativa a adoptar. Pero no es el caso del TISA. Su propósito es el de desregulación de los servicios, incluyendo aspectos como la educación, la salud y hasta el mismísimo sistema financiero, justamente el responsable de la debacle de las economías llamadas desarrolladas y de la actual recesión mundial. En un detallado y punzante artículo, Carlos Enrique Bayo, director del diario que publicó los documentos filtrados por wikileaks sostiene que ellos “muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –auténticas apuestas sobre posibles quiebras– los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos”.

A diferencia de la mayoría de los países involucrados en las negociaciones (Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE) cuyos principales servicios se encuentran bajo explotación privada, Uruguay logró mantener la propiedad pública de la mayoría de las empresas estratégicas, sean monopólicas o en competencia. La mayoría de ellas integran precisamente los servicios esenciales, incluyendo a la banca pública (BROU) que según las estadísticas del Banco Central del 2014, posee la nada despreciable proporción del 43% de market share.

La actual gestión de gobierno pasó de la ignorancia original a una tímida defensa actual de las gestiones pasadas y de algunas vagas ventajas que tendría continuar con las conversaciones. Por ejemplo, el ministro Astori lo justificó diciendo que los países tienen intereses ofensivos y defensivos. Los primeros se refieren a los sectores a los que les interesa mejorar sus exportaciones. En cambio en los defensivos se trata de indicar las áreas en las que no se está dispuesto a realizar acuerdos. Dicho así, nada difiere de las negociaciones coyunturales que cualquier país puede realizar puntualmente con otro. Se vela de este modo el carácter global del tratado, al que Bayo califica como “golpe de Estado económico mundial”.

Sería deseable que, en su doble acepción, se acuse el golpe.