Los elementos incluidos en el proyecto de ley son una batería de excepciones para ilustración de la enseñanza habilitándose la reproducción de fragmentos de textos para usos educativos.

También establece excepciones de copia para uso personal autorizándose la reproducción de una obra para uso personal y sin fines de lucro; excepciones para bibliotecas, archivos, museos e instituciones culturales públicas en donde se autorizará una serie de prácticas habituales como las copias para la preservación de ejemplares y para la consulta de los usuarios y la eliminación de la sanción penal para las infracciones sin fines de lucro, quedando estas dentro del ámbito civil.

Hace dos años, representantes de todos los partidos con representación parlamentaria acordaron remitir al Parlamento un borrador en el que se modificaba la ley de derecho de autor, que data de 1937. La iniciativa tuvo el empuje del Centro de Estudiantes de Derecho, a fines de 2013, tras un episodio policial en el cual la Dirección de Crimen Organizado junto a Interpol, allanaron comercios ubicados frente a la Universidad de la República donde los universitarios se hacían de materiales de estudio. El operativo se activó en defensa de la ley de derecho de autor vigente.

Fue la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), una editorial jurídica creada por el Centro Estudiantes de Derecho que denunció la fotocopia ilícita de textos completos de varios autores nacionales. También la Casa de los Escritores del Uruguay y la Cámara Uruguaya del Libro acusó lo que llamó la “generalización de la cultura de la fotocopia de los libros”.

Cuando se analizaba esta situación en el parlamento en el 2013, en el IMPO se anunciaba una iniciativa por la cual se podría acceder en las tres ramas de la enseñanza a través de internet, los considerados “libros virtuales” de Impresiones y Publicaciones Oficiales, IMPO y de la Fundación de Cultura Universitaria, FCU.

La idea era comenzar en la Facultad de Derecho y luego se iba a extender a otras facultades e instituciones de enseñanza. “Los estudiantes podrán bajar a un costo de 0,80 centésimos por página, menos de lo que cuesta una fotocopia, los textos de estudios del primer semestre y de los materiales anuales de la facultad de Derecho”, explicaba el entonces director del IMPO, Gonzalo Reboledo, a LA REPÚBLICA.

Si bien el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que estableció estas excepciones a la ley de derecho de autor, son varios los legisladores que entienden que la norma altera los derechos. La oposición no aprobó la eliminación de las penas monetarias y desde el oficialismo se asegura que la ley no perjudicará a los autores de las obras. En la Cámara del Libro se visualiza que se está modificando la regla y que eso perjudicará la industria editorial.

El diputado Sebastián Sabini, del MPP Frente Amplio aseguró que la ley con la aprobación del Senado será ajustada en la cámara baja porque la idea, “no es legalizar todas las fotocopias sino solo las que tienen fines educativos y sin fines de lucro”, dijo.