Por: Lilián Galán – Diputada MPP

Nos es imposible sustraernos al hecho de que esta columna de opinión es la última de 2016, no la hace más importante, pero naturalmente tiende a ponernos en el punto de balance y proyección del trabajo que nos espera.

Durante este año hemos reflexionado acerca de las condiciones   de cómo se genera y se distribuye la riqueza. Aludimos muchas veces al trabajo de investigación de Piketty que ha puesto en negro sobre blanco que los poseedores de las grandes fortunas, en cualquier lugar del mundo, no tienen más méritos que el ser portadores de los genes de sus antepasados ricos, herederos de la acumulación capitalista a lo largo de generaciones, sin ninguna meritocracia a la vista.

También nos hemos referido a la igualdad de oportunidades para desarrollarnos como seres humanos, y hemos discutido desde aquí sobre una cultura patriarcal, que ha explotado, y continúa haciéndolo, a la media humanidad que conformamos las mujeres. Hay explotación y apropiación de plusvalía en el trabajo no remunerado que aun realizamos las mujeres, hay cercenamiento de derechos, cuando las mujeres no somos libres de hacer lo que se nos venga en gana, so pena de ser maltratadas, violadas, golpeadas, asesinadas, en fin, somos aun una mitad de la humanidad que sigue siendo tratada como si fuéramos “cosas” pasibles de ser poseídas o descartadas.

Hemos hablado del medioambiente, y cómo se promueve la mercantilización de la naturaleza, los bienes que nos son comunes, como el agua o como el aire, son apropiados por unos pocos, o utilizados como vertederos en beneficio de sistemas de producción que solo generan ganancias a los dueños del capital. Sistemas de producción que se apropian de bienes que nos pertenecen a todos, distribuyendo los beneficios inequitativamente, no solo entre quienes hoy habitamos la Tierra, sino también apropiándose del patrimonio natural que deberíamos heredar a las generaciones futuras.

Los tres aspectos señalados más arriba alcanzan para dibujar un escenario que merece acciones de cambio, construir nuevos paradigmas que permitan no solo sociedades más justas, sino que siga existiendo la civilización humana.

Pero no es todo. La Revolución Industrial impuso el aumento indefinido de la producción como un objetivo, y el trabajo como una virtud moral a cultivar; hoy nos enfrentamos con que la revolución tecnológica del siglo XXI, implica una reducción drástica de los puestos de trabajo necesarios. Sumado a que las sucesivas cumbres sobre medioambiente han reunido información más que contundente sobre los límites físicos del crecimiento.

El concepto de los desocupados como el “ejército de reserva” que mantenía el precio de la mano de obra a la baja, está perimido. Estudios realizados en Uruguay indican que en veinte años el riesgo de automatización de los puestos de trabajo hoy existentes es del 68% en promedio, obviamente aumenta el riesgo cuanto menor es la capacitación exigida para desempeñarlo. Por ejemplo, se calcula en 94% el riesgo de automatización de las tareas de apoyo administrativo.

Está claro que una primera respuesta a esto, es apuntar a la universalización de mayores niveles de capacitación. Pero nos mentiríamos a nosotros mismos si dijéramos que todo se soluciona asegurando educación terciaria o más a todos los habitantes del país, y por allí paráramos con las propuestas.

Hay un concepto clave a analizar, y es quién o quiénes son los dueños de esta revolución tecnológica, quien se apropia del beneficio excedente, resultado de un aumento de productividad por aplicación de la tecnología.

El conocimiento acumulado que luego se transforma en aplicaciones prácticas, procesos productivos, o nuevos productos, nace en general de investigaciones realizadas por universidades, o en el marco de proyectos financiados por fondos públicos. Por ejemplo, las primeras investigaciones que luego dieron paso a las computadoras, o la propia internet, fueron desarrollos vinculados a fines militares. La apropiación mediante patentamiento, está en relación directa a la agilidad con que las grandes empresas se apropian de todo aquello que generará esta productividad y sus beneficios extraordinarios.

Si la tecnología (en forma similar a los grandes capitales acumulados) son el resultado del esfuerzo de la sociedad en su conjunto y de programas de investigación con fondos públicos; entonces, ¿por qué hoy en día los beneficios de esta herencia tecnológica se los quedan unos pocos privilegiados? ¿Se puede justificar que se socialicen los costos de la investigación, pero se privaticen los beneficios? Si la tecnología delega el trabajo en las máquinas como resultado de un esfuerzo de muchas generaciones, ¿el heredero legítimo no sería el conjunto de la sociedad?

Potencialmente es una buena noticia: las máquinas harán nuestro trabajo y las personas podríamos dedicarnos más a la educación, la salud, el ocio y los servicios. Pero, no es lo que viene pasando hasta ahora, la desigualdad en los ingresos en el mundo se incrementa, y cada vez más personas ven reducidas sus posibilidades de colocar su fuerza de trabajo y obtener un ingreso de subsistencia.

Proponemos entonces que empecemos a considerar planteos que nos vayan acercando a conceptos como los impulsados por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que sostiene que el nuevo paradigma de la sociedad del siglo XXI tiene que desvincular el trabajo de los ingresos: “Hay que abandonar la idea de ´ganarse la vida´. No se puede condicionar el derecho a vivir a los intereses de la compañía para la que se trabaja”, opina. Es necesario dejar de pensar en los subsidios de cualquier tipo a los más desposeídos, como una muestra de caridad, sino como un dividendo tecnológico del pasado, un derecho común.

Como dice Pepe Mujica: “El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal…”. ¡Pero es lo que nos toca!

No nos podemos dar el lujo de no asumir esta responsabilidad. Como fuerza política que quiere transformar la sociedad este debate es insoslayable.