Entrevistado por el programa radial “La Lata”, del Partido Socialista, el ministro reivindicó la opción de apostar por la minería, contraponiendo la explotación de un territorio por parte de pocas personas a la explotación de un recurso que es de toda la sociedad.

Recordó que la explotación del hierro, lo que parece el proyecto minero más cercano, abarcaría una extensión directa e indirecta de unas 14.000 hectáreas. Si bien es un territorio importante, señaló que el país tiene 16 millones de hectáreas.

“En esa 14.000 hectáreas hay una riqueza más grande que la de una explotación tradicional, y que, por la Constitución, es de todos los uruguayos”, destacó Kreimerman. Se trata dijo, de que esa riqueza en buena parte retorne a la sociedad a través del Estado.

Aseguró que para el inicio de la explotación del hierro todavía faltan varias etapas, “la empresa tiene que tener su desarrollo de financiamiento, obtener la autorización ambiental correspondiente, y firmar el contrato con el Estado”.

Para firmar el contrato también hay que cumplir con la ley, y asegurar todas las etapas financieras y ambientales, insistió.

El ministro defendió la ley de minería de gran porte, la que consideró “moderna y desafiante”, que recoge antecedentes de leyes de otros países más avanzados en la producción minera, adecuadas a nuestro país. Además, insistió, “se avanzó fuerte en temas ambientales, de aumentar la carga impositiva, y en crear un fondo intergeneracional”.

“La minería, en este caso el hierro, que la humanidad utiliza mucho, es explotable para el beneficio de una sociedad inclusiva y sostenible, bajo ciertas condiciones”, y agregó que se trata de una nueva riqueza para el país, que crea cadenas de valor importantes. Sin embargo, aseguró que el proceso va acompañado de cuidados ambientales, sociales, y económicos.

El ministro recordó que con la reforma del código minero y la ley de minería de gran porte, los emprendimientos ahora deben pagar un mayor canon minero, un porcentaje por lo que venden o exportan, y además un impuesto especial a la minería de gran porte.

Insistió que la aceptación de la explotación del recurso minero, con los controles ambientales adecuados, parte de la concepción de que el país debe desarrollar sus cadenas productivas, que son determinantes para un país más desarrollado con inclusión social, donde se mejore el ingreso de los uruguayos y se asegure el desarrollo tecnológico del país. “Es lograr el mayor grado de libertad posible para la sociedad, disminuir las necesidades económicas, mayor distribución de la riqueza, etc”.

El capitalismo sufre ciclos, explicó el ministro, y para no sufrir en cada uno de ellos el país debe asegurar la diversificación de su economía.

Kreimerman aseguró que la ley prevé un plan de cierre de la mina, y para ello se establece una garantía económica que la empresa minera debe depositar para asegurar que ese plan se concrete.

En cuanto a lo que obtendrá el Estado, una parte de ello para el desarrollo de proyectos productivos y otro para un fondo intergeneracional de modo que los recursos obtenidos quedan para generaciones futuras, dependerá de las ganancias, ya que un 50% es para el Estado. Las proyecciones de ingresos varían según el precio internacional del hierro que se tome.

El año pasado la tonelada de hierro cotizaba en promedio a 135 dólares, y debido la desaceleración de la economía China, ahora se redujo a 123 dólares y se estima pueda bajar un poco más. Sin embargo, a un precio estimado entre 90 y 100 dólares la tonelada, el Estado estaría recaudando unos 400 millones de dólares por año, indicó.

Sobre la declaración de varios departamentos contrarios a la minería, algunos declarándose “libres” de minería de gran porte, el ministro señaló que si bien es importante conocer la opinión de todos, el recurso del subsuelo es propiedad de todos los uruguayos, no solo de quienes viven en el lugar, y por lo tanto en esos casos, “las competencias nacionales son las que priman”.

Rechazo al contrato

Hoy a las 17 horas se llevará a cabo una manifestación popular ante la Torre Ejecutiva contra el proyecto minero de Aratirí y en rechazo a la firma del contrato de inversión que autorizaría el proyecto. Los convocantes consideran que el contrato es “una entrega lisa y llama de bienes naturales y soberanía”. Firman el llamado FEUU, Asamblea Nacional Permanente y Asamblea Pachamama. Adhieren otros gremios y organizaciones sociales.