Por: ISABEL VILLAR

El título es el lema de una campaña de organizaciones de la sociedad civil, destinada a sensibilizar a la población sobre un necesario cambio social: la corresponsabilidad en materia de cuidados de personas dependientes, que hasta ahora pesa sobre los hombros de las mujeres de las familias.

Para intercambiar en torno a los tiempos de implementación de un sistema nacional de cuidados que garantice los servicios y también contribuya en el sentido antedicho, representantes del Estado, academia, sociedad civil, cooperación internacional, entre otros sectores sociales, coincidieron en el seminario “Hacia un sistema nacional de cuidados con perspectiva de género en el Uruguay”, que se llevó a cabo en Montevideo a comienzos de setiembre.
Ese sistema cuenta con voluntad política, pero por ahora no hay definiciones acabadas sobre su institucionalidad y menos sobre su financiamiento. Lo que sí hay son acciones concretas en marcha, que pretenden ir adelantando camino.

La construcción de un sistema nacional de cuidados está entre las prioridades definidas para potenciar la nueva matriz de protección social, desde la campaña electoral del Frente Amplio de 2009 e integra el Programa de gobierno 2010-2015 de esta fuerza política. Los pasos siguientes incluyen la Resolución presidencial 863 de 2010, que crea el Grupo de Trabajo en sistema nacional de cuidados, constituido en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales en junio del mismo año y que viene trabajando hasta la fecha.

La expectativa social está puesta en las perspectivas de avanzar en la implementación de dicho sistema en lo que falta del gobierno que encabeza José Mujica.

Al seminario fueron invitados los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, de  Desarrollo Social, Daniel Olesker y de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Lorenzo fue sustituido por Luis Porto, el subsecretario en funciones de ministro interino y Brenta por Ivonne Pandiani, subdirectora de Seguridad Social.

 

Indefiniciones y adelantos

Partiendo de que “cualquier relación económica es poder”, un poder mayoritariamente sustentado en asimetrías, para Porto la esencia de la conducción política es eliminar el abuso de poder, con el objetivo último de lograr una sociedad sin dominantes y dominados. “Avanzar en la construcción de un sistema nacional de cuidados es avanzar hacia eso” gradualmente, comenzando por sensibilizar sobre el tema, cree el economista, quien advierte que sin embargo será “meter parche en una sociedad con lógica de dominación y dependencia y mientras esto sea así, el sistema nacional de cuidados solo repararía lo que el mismo sistema produce”. Aún con esas limitaciones, sobre posibilidades concretas de financiamiento Porto no se pronunció.

Olesker admitió que en materia de institucionalidad y financiamiento del sistema todavía no hay definiciones contundentes. Se está trabajando desde la perspectiva de derechos (los servicios de cuidados existen, la cuestión es que parte de la población los puede pagar y otra no); en la de su mejoramiento (los cuidados mercantiles son de calidad heterogénea y muy poco regulados, lo que redunda en que en general son malos) y en la construcción de un pacto social en torno a la modificación de la relación entre trabajo remunerado y cuidados familiares.

El único ministro titular presente enunció acciones en marcha ligadas al futuro sistema nacional de cuidados: licencias maternales, paternales y para lactancia, por ejemplo, así como el traslado de la responsabilidad sobre el control de las residencias de larga estadía para adultos mayores. Por otro lado, se trabaja en una encuesta de discapacidad y en la construcción de un baremo para medir el grado de  dependencia.

Olesker entiende que no se puede trabajar en la institucionalidad del futuro sistema de cuidados si no hay definiciones en cuanto a su financiamiento. No obstante, adelantó que el modelo de gestión se está pensando en torno a una institución única “que haga converger cosas muy dispersas y desiguales” y en la que estén representados tanto el Estado como la sociedad civil.

La preocupación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  externada por Pandiani, se centró en dos temas: la situación de las personas que cuidan, que afecta directamente a las mujeres y cómo mejorar los cuidados que ya ofrece el mercado.

Respecto de los servicios que existen, desde el MTSS se propone generar espacios de capacitación profesional para mejorar tanto la atención como las condiciones laborales, a partir de una currícula que sea aprobada en el Grupo de trabajo sobre sistema de cuidados. Ampliar el número de CAIF para niñas y niños de0 a3 años, trabajar en concretar servicios de guardería para hijos de trabajadores con soporte técnico del Instituto de Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU) a través de la negociación colectiva, son otras medidas que impulsa el MTSS.

 

¿Enlentecimiento o cancelación?

Integrando el mismo panel que los representantes del Poder Ejecutivo, Clara Fassler, coordinadora de la no gubernamental Red Género y Familia, pionera en la instalación del tema en la agenda pública, recordó que los trabajos a nivel de la sociedad civil comenzaron en 1998, para llegar a una propuesta sistémica en 2008.

Reconociendo la apertura del actual gobierno para entender que corresponde responder con una política pública, Fassler encuentra “señales muy preocupantes este año”. Entre ellas, la ausencia de información oficial sobre el proceso de diseño e implementación del sistema, la ausencia de recursos asignados en la Rendición de Cuentas próxima a aprobarse y lo que ella llama “la aparición de iniciativas descoordinadas”, entre las que incluye la capacitación a cuidadores que comenzó el Banco de Previsión Social en convenio con el MTSS y el INAU.

También preocupa a Fasser la tendencia enunciada de priorizar a la población más cadenciada por sobre la de recursos medios.

Concretamente, Fassler preguntó si la situación actual habla de enlentecimiento o de cancelación del sistema nacional de cuidados.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social aseguró que las acciones referidas como “descoordinadas” fueron decididas en el Gabinete Social o en el Grupo de trabajo sobre  sistema de cuidados, agregando que “Nunca estuvo pensado que la actual Rendición de Cuentas viniera con fondos para iniciar el sistema nacional de cuidados”. Pese a eso, insistió, se avanza en acciones vinculadas a él por ejemplo a través de los programas  Uruguay crece contigo y Jóvenes en red, entre otros de inclusión social.

También anunció que se comenzará a instrumentar la asistencia personal para personas con discapacidad en situación de dependencia, en los términos de la Ley 18.418 de Discapacidad y a tal efecto se está realizando una encuesta diagnóstica.

Al cabo de las respuestas de Olesker, Fassler admitió que “aunque más lentamente de lo esperado, se sigue avanzando”.

 

Los tiempos de las mujeres

Las mujeres organizadas nucleadas en CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, “no quieren reproducir políticas sociales para mujeres pobres” y reclaman no empobrecer más a las de sectores medios, por lo que a su juicio en materia de cuidados la política no debería perder su carácter universalista.

Así lo expresó la coordinadora de esa red que nuclea a organizaciones de mujeres y sociales de todo el país, Milka Sorribas, quien con la misma representación reclamó participación en los ámbitos de decisión al respecto.

Las trabajadoras sindicalizadas, representadas por Alma Fernández, coordinadora del Departamento de Género del PIT-CNT, recordó que “los tiempos de las trabajadoras no son los mismos que los de la política”  y en ese marco demandó que “mientras se arma el sistema nacional de cuidados, se tengan algunos adelantos”.

“Hay que dar respuesta a las trabajadoras sobre cuidados de sus hijos, viejos, discapacitados. Piden pequeñas luces que muestren que avanzamos en democracia”, alegó Fernández.

Preocupa a las trabajadoras la no aprobación hasta el momento de la equiparación de licencias por maternidad, -situación que determina la existencia de madres clase A -empleadas públicas- y  clase B -empleadas privadas-, aunque el ministro del ramo, Eduardo Brenta, se comprometió a que se concretara en el año en curso.

Para Fernández otras buenas señales serían la creación de CAIF con horarios aptos para las trabajadoras y no olvidar a las y los jóvenes, que no pueden pagar cuidados de mercado.

“Que terminando 2014 tengamos presupuestado el dinero para el sistema de cuidados”, demandó Fernández.

 

Opinión de líderes de la región

Una encuesta a líderes de opinión de la región sobre las políticas de cuidados de las personas dependientes (infancia, vejez, discapacidad y enfermedades crónicas), encargada por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y realizada por la consultora Cifra, dio como resultado general una postura de avanzada en la materia.

La convocatoria abarcó a más de 5.000 personas, pero respondieron solamente 544 (10%), con mayoría de mujeres. Las entrevistas fueron hechas por Internet en marzo de 2012.

Más de 9 de cada 10, sin diferencias mayores entre varones y mujeres, coincidieron en reconocer que la responsabilidad del cuidado pesa sobre las mujeres de las familias. Un 78% identificó como prestadoras de algunos cuidados a instituciones públicas y un 32% a  organizaciones sociales.

Algo más de un quinto de las personas consultadas opinó que en su país de residencia no existen políticas de cuidado significativas.

En el Mercosur y Chile a los ministerios de Desarrollo Social y de Salud se les reconoce una mayor presencia en la materia; en los países andinos se los menciona mucho menos.

En cuanto a quién debería cuidar, los servicios públicos del Estado son los identificados en primer lugar (70%), seguidos por familiares, organizaciones comunitarias y barriales y servicios privados.

Respecto del financiamiento de los servicios, 7 de cada 10 opina que el costo no debería recaer solo sobre los ingresos familiares y el 15% que sí. Un 95% está de acuerdo en que el presupuesto público debería contribuir a financiar la demanda de las familias.

Otra idea muy aceptada (78%) es la de un sistema de copagos entre familias y Estado, dependiendo de los ingresos de los hogares. Algo más de 6 de cada 10 aprueba impuestos especiales para financiar servicios de cuidados.

El 96% de la muestra opina que las políticas actuales de cuidados no son suficientes para satisfacer las demandas. Se reclaman más centros infantiles, casas cuna y escuelas de tiempo completo, centros diurnos y nocturnos para personas adultas mayores e inversión en programas de vivienda asistida para adultos mayores.

Hay convergencia de opiniones en la necesidad de que infantes y adultos mayores tengan ámbitos de cuidado fuera del hogar. El acuerdo disminuye cuando se plantea profesionalizar las tareas relativas al cuidado que realicen terceros en los hogares o crear bonos monetarios para que las familias contraten en el mercado.

La respuesta más frecuente es que la edad para que la infancia reciba cuidados fuera del hogar es2 a3 años, sin mayores diferencias entre hombres y mujeres.

Casi las dos terceras partes de los consultados piensan que durante la próxima década las políticas de cuidados tenderán a expandirse.

En general, hay disposición a enfrentar socialmente el cuidado de las personas dependientes. En términos subregionales, la más alta se observa en los países andinos y la más baja en la región angloparlante.

A la académica Rosario Aguirre la metodología para definir los resultados de la encuesta le merece algunas objeciones.

Su primer cuestionamiento refiere al universo de estudio, donde el 51% son académicos, asesores y personas expertas en el tema, 35% funcionarios públicos, 4% legisladores y otro tanto periodistas, 8% líderes sociales y sindicales. Como no se identifican a qué grupo pertenecen quienes efectivamente contestaron la encuesta, podría suceder se trate solo expertos y mujeres, por lo que los resultados resultarían obvios.

Un segundo cuestionamiento alude a la no diferenciación entre países, de acuerdo a la situación del tema en ellos. En tal sentido, hay mucho más avance en Uruguay que en Paraguay, por ejemplo, aunque por integrar ambos el Mercosur son evaluados conjuntamente.