En una mesa redonda organizada por Ferrere y moderada por el abogado y socio de la firma Julio Iribarne, los expertos Enrique Viana, ex fiscal letrado de Adolescentes de 2º turno; Mario Spangenberg, abogado penalista y catedrático del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica; y Alejandro Pintos, director del Colegio de Abogados, mostraron posturas contrapuestas sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que entró en vigencia el 1° de noviembre.

Spangenberg remarcó los déficits del CPP anterior, que generaba confusión, promovía el secretismo y no reconocía la importancia de la víctima en el proceso. Al referirse a los fiscales y las instrucciones generales, las evaluó como positivas ya que “no necesariamente restringen la independencia técnica de casos particulares”, sino que apelan a un mejor funcionamiento del proceso en general.

Sobre el rol del abogado, reconoció más garantías y valoró el libre acceso a la carpeta fiscal “que permite preparar un contralegajo y por lo tanto una mejor defensa”. Acerca de las víctimas, entiende que hubo un avance al atender la opinión de los involucrados y admitir la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios durante el proceso.

Con una visión más crítica, Viana calificó al nuevo CPP como “inmoral, caótico y caro”, y alertó que “lo que antes hacían los jueces, que están por fuera del Poder Ejecutivo, ahora queda en la órbita del gobierno, en manos de fiscales”, algo que entiende peligroso para garantizar la transparencia en casos de corrupción.

Sobre el grado de autonomía de los fiscales manifestó que es nulo. “Si están sometidos a instrucciones generales, no son independientes”, argumentó.  Finalmente, mostró su total desacuerdo con los acuerdos reparatorios, entendiendo que “la justicia consensuada, sin juez, da lugar a pactos que pueden involucrar la extorsión”.

Por su parte, Pintos señaló que celebra “haber salido del proceso anterior”, destacando que la legislación actual permita esperar el proceso en libertad, porque “la regla tiene que ser la libertad. Si no, nos damos de frente contra los principios garantistas de la Constitución”.

El letrado señaló que el nuevo CPP otorga más y mejores atribuciones a la defensa, ya que le garantiza el acceso total a la carpeta de investigación y le permite acompañar al imputado al momento de prestar declaración. Respecto a la víctima, recalcó la posición preponderante que pasa a ocupar, “brindándole la posibilidad de solicitar que se reabra su causa si el fiscal la archivó”.