Por: Luis Casal Beck

Es indudable que una tercera victoria electoral del Frente Amplio (FA), con mayorías propias en las dos cámaras del Poder Legislativo, tiene en extremo inquieto al bloque de los partidos tradicionales (blancos y colorados), y también al Partido Independiente, que sueña desde sus orígenes, con conquistar un escaño en el Senado, y con su bancada, jugar otro papel en el proceso de definición de las políticas públicas.

Tanto en 2004 como en 2009, el FA rompió con una tendencia dominante desde 1971 en los partidos de gobierno, al acceder a la presidencia y al control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Esto no ocurría desde 1966, cuando resultó electo presidente, el colorado Oscar Gestido.

Con anterioridad, sin embargo, que el partido victorioso tuviera el dominio en las dos ramas legislativas, fue algo corriente. En 1942, los colorados llegaron a tener 19 senadores (más el vicepresidente de la República, que encabeza el cuerpo), y 58 diputados. En su memorable victoria de 1958, los blancos desplazaron después de 93 años a sus tradicionales adversarios, con 17 senadores y 51 diputados. Los problemas de gobernabilidad suscitados en aquellos momentos de nuestra historia política, obedecieron, entre otros factores, a la falta de unidad interna de los ganadores (muchas fracciones, sin programas únicos de gobiernos, con varios centros de poder partidario, etc.).

En 1971 irrumpió el FA (23 parlamentarios), y el problema de las mayorías propias, entró a complicar cada vez más al partido gobernante (colorados 55), y su adversario tradicional (blancos 52). Esta realidad fue cambiando en detrimento del bloque tradicional. Por eso, dos décadas atrás, cuando el presidente era Luis Alberto Lacalle, se debatió una reforma política que permitiera una mejor gobernabilidad.

En esa coyuntura, hubo dirigentes colorados que directamente plantearon modificar las leyes electorales de 1925, eliminar la representación proporcional integral, y establecer un mecanismo para que el partido victorioso, se asegure un control en las cámaras, que permita una acción politica más eficaz.

El entonces senador forista Américo Ricaldoni, dijo a “El Día” que una nueva Constitución debería reducir el peso de los partidos menores en el Parlamento (15/8/1993), y el senador pachequista Juan Carlos Blanco, en declaraciones a ese matutino fundado por José Batlle y Ordóñez, consideró que “ese sistema (la representación proporcional), aplicada integralmente, debe cambiar”; y preguntó, desafiante: “¿estamos dispuestos a cortar con el sistema de representación proporcional? ¿estamos dispuestos a que el partido que gane lleve un surplus de bancas, como sucede en el caso español?”.

La entrevista a Blanco, -hoy privado de su libertad por sus responsabilidad en hechos de sangre ocurridos durante los años de plomo (1973-1985)-, fue subtitulada: “el senador pachequista dijo que la representación proporcional contribuye al actual bloqueo del sistema político uruguayo” (“El Día”, 2/5/1993).

Todos estos planteos quedaron descartados, y las leyes de elecciones de 1925 mantuvieron su plena vigencia. El FA fue ganando, elección tras elección, cada vez más bancas, hasta que en 2004, llegó al gobierno y con mayorías propias en el Parlamento (16 senadores más el vicepresidente del país; 52 diputados). En 2009, ocurrió algo similar (aunque hubo una pérdida de dos escaños en la Cámara Baja). El FA sacó 1.105.262 votos; los blancos, 669.942; los colorados, 392.307; los independientes, 57.360; la Asamblea Popular, 15.428.

El jueves 12 de diciembre, fue presentado un polémico ensayo (“El fin de la inocencia (la representación proporcional falseada)”, de dos conocidos dirigentes blancos, hoy herreristas (Guillermo García Corte, Rodolfo González Rissotto, que integró la Corte Electoral), quienes alegan que no fue aplicado correctamente el principio de la representación proporcional en algunos casos, quedando sobrerrepresentado en el Parlamento el lema ganador (1958, 1966, 2009), y planteando como salida, impulsar una ley constitucional (2/3 de los legisladores).

Su líder, el ex presidentes blanco Luis Alberto Lacalle elogió las conclusiones de la obra, en una editorial que publicó el domingo 2 en el diario “El País” de Montevideo, que responde a su partido, mientras que en filas del FA se entendió que toda esta trama argumentativa, busca, “enturbiar” un hecho que es altamente probable que se concrete: que la izquierda, vuelva a ganar el gobierno y posea un control del Parlamento en los próximos cinco años.

Fuentes de la Corte Electoral, que desde 2010 está integrada por los diferentes partidos (el PI, en la secretaría letrada), aseguran que el organismo ha actuado conforme a lo que dice la legislación electoral vigente, asignando las bancas, según los cocientes decrecientes alcanzados por cada lema, ante la vista y paciencia de ministros y observadores de todo el arco politico. Y no existieron objeciones.

El directorio blanco considerará el asunto en su sesión de mañana, con la presencia de ministros de la Corte Electoral que pertenecen a esa formación política. El secretariado del FA, hizo lo propio la otra semana, y le quitó toda trascendencia a las conclusiones del ensayo. La relación entre mayorías parlamentarias y gobernabilidad, sigue generando debates. Está claro que es muy difícil poder avanzar en los procesos de transformación del país, sin los debidos respaldos legislativos. Claro, otras son las prioridades de la derecha política y social uruguaya.