Por: Isabel Villar

Del 1 al 3 de agosto Montevideo fue sede de una reunión histórica que por primera vez congregó a expertos en legislación, profesionales de la salud, académicos y activistas de países de África, Europa y las América, con el propósito de ahondar sobre estrategias jurídicas, éticas, sanitarias y políticas para mitigar los efectos adversos de la objeción de conciencia sobre el derecho a la salud de las mujeres. Uruguay fue el país anfitrión del encuentro, debido a que se ha identificado que la objeción de conciencia es la principal barrera para que las mujeres en este país accedan a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la ley vigente.

A lrededor de 50 participantes de 17 países se reunieron durante tres días para asistir al seminario internacional “Objeción de Conciencia y Aborto, estrategias para afrontar sus efectos”, organizado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y la International Women’s Health Coalition (IWHC). Estuvieron representados Ghana, Sudáfrica y Zimbabue por Africa; Croacia, España, Noruega, Polonia y Portugal por Europa; Canadá, Estados Unidos y México por América del Norte y Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay por América del Sur. El evento que tuvo lugar en Montevideo buscó profundizar sobre las realidades y estrategias con respeto al uso y abuso de la objeción de conciencia ante la práctica del aborto, a partir del conocimiento y las experiencias de distintos países que contribuyan a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Marcos normativos y de derechos humanos vinculados a la objeción de conciencia, regulación e implementación de leyes en salud sexual y reproductiva y desafíos para el sector salud, fueron algunos de los temas que se trataron durante las jornadas a través de presentaciones, plenarias y grupos de trabajo. La elección de Uruguay para la realización de estas jornadas se sustenta en que ha sido el país que ha modificado la ley, para asegurar servicios legales de aborto y los ha incorporado al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Realidad en los servicios de salud

Mysu lleva monitoreados, a través de su Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, los servicios en la materia de prestadores que integran el SNIS de 12 de los 19 departamentos que conforman el país. Los relativos a 10 de ellos integraron la sistematización que se presentó en el seminario. La investigación, que se completó a principios de 2017, se realizó en las diversas sedes de dos prestadores de servicios de salud públicos: el Hospital Pereira Rossell y el Hospital Militar, y dos privados: las mutualistas Médica Uruguaya y Cosem. Los resultados muestran que algunos de los departamentos de Uruguay superan el 60% de objetores de conciencia. Los casos más graves se dan en Mercedes, Young y Castillos, que tienen un 100% de objetores. En la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que gestiona la casi totalidad de los servicios de salud públicos, más de la mitad de profesionales (53%) son objetores. Esto obliga a las mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo al amparo de la Ley 18.987, a trasladarse a otros puntos del departamento para que se les brinde el servicio . Muchas veces, incluso, tienen que desplazarse a Montevideo, viajando 400 o 500 kilómetros para recibir atención. La realidad uruguaya, sin embargo, no es excepcional: en Ghana, por ejemplo, se constató que hay un 97% de objetores en las instituciones de salud; en Italia, el 70% de los ginecólogos son objetores de conciencia. En otros países también se registran altos porcentajes de objetores, pero sin datos exactos debido a las dificultades para la investigación.

Más obstáculos

La objeción de conciencia no es el único obstáculo que enfrentan las mujeres frente a un embarazo no planificado ni deseado. Sobre todo en el interior del país, hay escases de recursos humanos. No solo de profesionales de la ginecología sino también de trabajo social y de psicología, todos los cuales deben integrar los equipos multidisciplinarios a los que se debe acudir según prescribe la ley. Esto implica para las usuarias que no pueden cumplir con todas las etapas en su localidad de residencia. También se tienen que trasladar si los diversos profesionales toman licencia y no hay reemplazos. Se suman otras demoras y dificultades que colocan los objetores (no derivan rápidamente o no informan como deben). Los tiempos apremian por los plazos que establece la ley y los traslados provocan ´´fugas´` de usuarias hacia el circuito clandestino, con todos los riesgos que este supone. Luego, no concurren a los servicios posaborto, porque no saben que tienen derecho a hacerlo. Si bien no se tienen estadísticas de estas situaciones, es igualmente preocupante porque hay un sistema legal que garantiza seguridades pero no se cumple con sus reglas. Para Santiago Puyol, cientista político del Observatorio de MYSU, hay un desbalance entre los derechos de las mujeres (recurrir al SNIS) y los derechos de quienes interponen la objeción de conciencia. La ley aprobada que entró en vigencia en 2012 fue impugnada por un grupo de 18 ginecólogos, y en 2013 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) les dió parcialmente la razón, ordenando preservar la identidad de los objetores y habilitándolos para negarse a participar no solamente a la hora de recetar el fármaco para abortar o hacer un legrado, sino también en la primera etapa que es informativa, así como a completar el formulario con el que se inicia el proceso, ordenar los estudios correspondientes y referir a las usuarias al equipo interdisciplinario. Cualquiera podría hacerlo sin comprometer su conciencia; también podrían profesionales de medicina general o de familia, pero la ley reserva la función exclusivamente a la Ginecoobstetricia. La confidencialidad de la objeción limita las posibilidades de las usuarias para conocer quienes la invocaron, y también las posibilidades del monitoreo social y de organizaciones de mujeres. “Hoy no se puede relevar el porcentaje de objetores por departamento, sí por prestador si es que éstos proporcionan esa información, por lo que es difícil calcular el impacto real de la objeción de conciencia“, reconoce Puyol. Otro impedimento es el desconocimiento de los lugares de poder de la estructura sanitaria en que están ubicados los objetores, lo que determina sus posibilidades de influir sobre sus pares y más sobre sus subordinados. Un derecho a objetar tan poco delimitado y amparado por el secreto de la identidad de quienes lo ejercen, refuerza el estigma social y aleja a las mujeres de los servicios que presta el SNIS. Algunas de ellas no acuden a los mismos aun sabiendo que tienen derecho a hacerlo, por temor a la sanción del prestador. El Observatorio de MYSU recogió testimonios de estos casos así como de quienes se animaron y sufrieron el estigma. Por último, Puyol advirtió sobre el desconocimiento de la normativa, lo que solo se puede subsanar con mayor difusión de los servicios y derechos.


Derechos prioritarios

Entre las actividades previstas para el seminario, el 2 de agosto se realizó una mesa pública para que la prensa y el público interesado accediera a la realidad de otros países en este tema, así como para que las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República tuvieran oportunidad de dialogar y compartir puntos de vista con expertos internacionales. Estuvo integrada por el Ministro de Salud Pública, Jorge Basso; el ginecólogo austriaco Christian Fiala y el grado 5 de la Clínica de Ginecotocología, Leonel Briozzo. Leonel Briozzo fue viceministro de Salud Pública en la administración del expresidente José Mujica. Es, además, fundador de Iniciativas Sanitarias, un emprendimiento trasformador de reducción de daños en la práctica del aborto, cuando todavía Uruguay no había modificado su restrictiva legislación penal. Para el también integrante del Colegio Médico, responsable de las conductas profesionales en materia de ética médica y del Comité de Etica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), la objeción de conciencia es un tema conflictivo. Con esa terminología, apareció por primera vez en el derecho uruguayo cuando se sancionó la Ley 18.987, que descriminalizó el aborto que se practique en sus términos. La novedad determinó que el Poder Ejecutivo tuviera que crear una visión de su contenido. Aprobada la ley, hubo que implementar los servicios correspondientes en 20 días, además de educar mucho y formar los equipos interdisciplinarios que exigía la norma. La Facultad de Medicina actuó comprometidamente, a través de su Unidad de Bioética, en la orientación del posicionamiento en la tarea. Siendo viceministro Briozzo, se convocó un seminario con la participación de dicha facultad y del Colegio Médico, para hablar de objeción de conciencia. Las conclusiones fueron tres: se trata de un derecho individual y no institucional que debe instrumentarse por escrito; supone asegurar la prestación del servicio a través de otro proveedor; el objetor debe ser consecuente en su actividad privada y pública, observando la prohibición de imponer sus propias concepciones a las usuarias y absteniéndose de emitir juicios morales. “Estas conclusiones marcan lo que las instituciones debían llevar adelante a partir de 2012. El fallo del TCA de 2013 determinó un retroceso“, a juicio de Briozzo. Desde la Facultad de Medicina se propuso el llenado de un formulario específico para declarar la objeción de conciencia. En el momento inicial de implementación de la ley, su alcance se limitaba a la prescripción de fármacos como el misoprostol y la práctica del legrado con feto vivo. Es decir, que se concebía un degradé en el compromiso de las personas, pero no se llegó a aplicar. Briozo insiste en que el concepto clave es el compromiso de conciencia de los profesionales de la salud, de poner los intereses de las usuarias por encima de sus concepciones individuales. En la última reunión de FIGO hubo tres agregados a la conceptualización: que la objeción siempre es un derecho secundario en relación con los de las usuarias; debe diferenciarse la objeción de conciencia de la seudo o falsa objeción (la genuina no es un problema, la segunda se interpreta como desobeciendia civil); la objeción nunca puede estar planteada respecto de la información que siempre es un derecho, nunca un delito y es altamente relevante para la salud de las personas. Estos temas, que fueron concebidos desde la experiencia en Uruguay, van a ayudar a muchos países del mundo para avanzar, considera Briozzo. En la clínica ginecológica A que dirige, luego de impartir formación sobre la materia a la mitad de los residentes de todo el país , en 5 años un 99% de quienes que se gradúan tienen un verdadero compromiso de conciencia . Solo una estudiante de posgrado planteó objeción por razones confesionales y se la destinó a consejería y atención pos aborto. Su conducta fue bien recibida por docentes y estudiantes, porque su objeción es genuina. “No está todo resuelto ni lo va a estar, pero las nuevas generaciones vienen a sustituir los viejos prejuicios , ya que generan un marco de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que los desplazan“, afirma Briozzo.

La voz de la autoridad sanitaria

Luego de felicitar a MYSU por la iniciativa del seminario, el ministro Jorge Basso afirmó que en una sociedad cada vez más compleja, con nuevos desafíos para todos, “estamos convencidos de que los problemas de la democracia se resuelven con mas democracia. Los temas son motivadores de nuevas preguntas, cuando parecía que ya teníamos las respuestas. Es parte de la nueva realidad, que hay que resolver con los mayores consensos aunque sin ingenuidad“. A su juicio, ´´el desafío político es tomar decisiones siempre con la evidencia, acumulando voluntades para transformar , comprometidos con los valores de la ética, del compromiso social, de los derechos humanos; enfrentar conflictos de intereses con inteligencia, resolviendo como seguir avanzando en políticas, como la de salud sexual y reproductiva que muy importante para el sector salud´´. ´´Estamos a 10 años de la reforma sanitaria, con muchos frentes de transformaciones estructurales del sector salud. Tenemos que lograr del equipo de salud que a la hora de la verdad, cuando se vincula con una usuaria y desde que llega al mostrador hasta que interactúa con los técnicos, las cosas se hagan como se tienen que hacer y con la calidad que la población merece“, agregó. Seguro de que la formación es cada vez más importante, el jerarca también identificó otro gran desafío del momento histórico: “Es provocadora la capacitación y especialización, pero es clave para afrontar una política de derechos ser ciudadano comprometido con su condición. A la hora de analizar cada uno de los problemas del sector salud, la postura general ante la vida requiere de un énfasis en valores y eso implica educación, capacitación, cultura general´´. Basso valora que el aborto legal impactó fuertemente en la mortalidad materna traduciéndose en indicadores buenos como país, aunque mejorables como todas las cosas. El 2008, cuando se aprobó la Ley 18.426 de defensa de los derechos a la salud sexual y reproductiva, ´´ generó un antes y un después en estos temas. Permitió incorporar acceso universal a métodos anticonceptivos. El MSP los compra y se los otorga a los proveedores y se está viendo como ampliar la canasta para que no quede ninguno no accesible“.