Viajes gratis, ropa, teléfonos y calzado eran algunas de las contrapartidas que las menores recibían a cambio de sexo por parte de cinco choferes de Cutcsa que ayer fueron procesados por explotación sexual de menores.

Ahora el INAU, organismo que radicó la denuncia en la justicia, investiga a los padres de las menores para establecer si tiene algún tipo de responsabilidad en el caso. Si bien ahora las menores tienen 16 y 17 años, una de ellas declaró que comenzó la relación con uno de los choferes cuando tenía 13 años.

La jueza María Elena Maynard procesó con prisión a los choferes de iniciales J.J.S.G., L.A., P.J.G. y C.A.W.R. como autores responsables de “un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad” previsto en el artículo 5º de la Ley 17.815.

Otro chofer de iniciales E.G.C. fue procesado como autor responsable de un delito de “retribución o promesa de retribución” a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos previsto en el artículo 4º de la misma ley.

La investigación comenzó en setiembre de 2016, a raíz de una denuncia que radicó una ONG en el INAU. El comienzo del fin para estos choferes fue un video que una de las menores se grabó teniendo sexo oral en un ómnibus en la Terminal del Cerro.

Luego se lo pasó a una amiga y esta lo subió a las redes sociales. En uno de los Whatsapp un trabajador relata que una de las menores se grabó mientras mantenía relaciones sexuales con uno de ellos y el video trascendió vía Whatsapp. En otro de los diálogos se puede escuchar a otro trabajador de Cutcsa advirtiendo a sus compañeros que de tener ese material pornográfico en sus celulares lo eliminen.

Ayer Cutcsa emitió un comunicado en el que aclara que “todos los funcionarios que fueron citados a declarar, más allá de la resolución que adoptó la Justicia, están al día de hoy retirados del servicio y así continuarán hasta que el que el Directorio se reúna en forma extraordinaria para tomar una resolución en cada uno de los casos”.

La Ley prevé penas de dos a seis años de prisión para el que “fabricare o produjere material pornográfico utilizando a personas menores de edad o personas mayores de edad incapaces, o utilizare su imagen”.

También castiga con penas de uno a cuatro años para quien comercie, difunda, exhiba o almacene estas imágenes con fines de distribución. Las penas son de hasta doce años para el que pague o dé a cambio una “ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo”.