El proyecto para despenalizar el aborto por tres causales en Chile volverá a una comisión mixta del Congreso, tras la abstención de un diputado que imposibilitó que fuera aprobado este jueves por la Cámara de Diputados, en un revés para el gobierno de Michelle Bachelet.

En su último trámite legislativo, la Cámara de Diputados -que ya había aprobado la ley en marzo de 2016- debía aprobar las enmiendas introducidas por el Senado, pero por una abstención finalmente no se consiguió el quórum necesario para despachar la ley, pese a que contaba con 60 votos a favor y 40 en contra.

El diputado oficialista Marcelo Chávez, del Partido Demócrata Cristiano, fue el artífice de este revés para el gobierno de la socialista Bachelet, pese a tener mayoría en la Cámara.

“Esto es lamentable (…) pero no es ningún triunfo para nadie”, dijo la diputada comunista Karol Cariola.

Tras un tenso y largo debate, el Senado había aprobado en la madrugada del miércoles el proyecto que el gobierno de Bachelet envió al Congreso en enero de 2015, introduciendo algunos cambios.

Con la votación de este jueves, el proyecto regresa a una comisión mixta (de ambas cámaras del Congreso) con lo que se alarga su tramitación y complica, en caso de aprobación, su promulgación.

La oposición de derecha ha anunciado que recurrirá la ley, en caso de que se apruebe, al Tribunal Constitucional, que a finales de este mes cambia de presidente.

El Tribunal está dividido por lo que el nuevo presidente, con un perfil muy conservador y contrario al aborto, podría tener un voto decisivo en el futuro de este proyecto para legalizar el aborto terapéutico y en caso de violación, respaldado por el 70% de la población chilena, según sondeos.

Desde 1931 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto, pero poco antes de dejar el poder, el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió.

No obstante, en el país se registran unos 30.000 abortos provocados o espontáneos, pero se estima que las interrupciones clandestinas podrían llegar a 160.000 cada año.