repercusiones mundiales

Carta abierta de académicos internacionales por DDHH

Publicado el 16/2/2013 - 3:20

Como académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina, y con especial preocupación por el Uruguay, nos dirigimos a Ud. en relación al anuncio del traslado de la Juez Penal Mariana Mota del juzgado penal 7 al juzgado civil uno.

La Doctora Mota tenía a su cargo más de 50 causas de crímenes cometidos durante la última dictadura en el Uruguay. En 2010, la Juez condenó a prisión al ex dictador Juan María Bordaberry por su papel en llevar a cabo el golpe de Estado de 1973.

El miércoles 13 de febrero la Juez Mota fue informada de la decisión de la Suprema Corte de su traslado a juzgado civil. Se desconoce la razón detrás de esta decisión. Aunque la ley uruguaya permite a la Corte llevar a cabo este tipo de acción, la falta de fundamento público de esa decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados. El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo.

En nuestra opinión como académicos, resulta extraño que se decida el traslado de un juez sin que este lo haya pedido o haya cometido alguna falta. Mucho más grave en este caso específico es que, debido a la naturaleza y el alto número de causas de terrorismo de Estado que la Juez tenía a su cargo, es altamente probable que estas causas se vayan a trancar y demorar muchísimo. Es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el Parlamento uruguayo ratificara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores. Con esta resolución de la Suprema Corte y a pesar de la condena de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay, nuevamente se facilita la impunidad de los criminales. Aún mas grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia que debería tener la responsabilidad de avanzar las causas y no entorpecerlas.

Es entonces de alta preocupación para los abajo firmantes, y para la comunidad internacional en general, que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos. Además es altamente preocupante que se quiera alejar a una Juez competente, formada, y eficiente desde su juzgado, y de reconocida trayectoria.

Es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la Justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado.

Exigimos que la Corte Suprema de Justicia fundamente las razones del traslado de la Juez Mota. De no existir fundamentos válidos consideramos que debería continuar en su juzgado para permitir que siga investigando las causas de derechos humanos que hasta ahora permanezcan en la impunidad.

Atentamente,

Dra Francesca Lessa, Researcher, Latin American Centre y St. Anne’s College, Universidad de Oxford (UK); Dra Jo-Marie Burt, Profesora de Ciencias Políticas y Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos, George Mason University (USA); Dra Gabriela Fried Amilivia, Department of Sociology/ Latin American Studies Program, California State University. Los Angeles (EE.UU); Investigadora Asociada, Agencia Nacional de Investigacion (ANII) -Uruguay (USA/Uruguay); Dra. Naomi Roht-Arriaza, Professor of Law, University of California, Hastings College of Law (USA); Dra. Paloma Aguilar, Profesora de Ciencia Política, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España); Dra Mariana Achugar, Associate Professor of Hispanic Studies and SLA, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University (USA); Dr. Emilio Crenzel, Investigador del Conicet, Profesor de Sociología, Universidad de Buenos Aires (Argentina); Dra Victoria Ruétalo, Associate Professor of Spanish and Latin American Studies, Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta (Canada); Dr. Henry Frank Carey, Dept. of Political Science. Georgia State University (USA); Fabiana Larrobla, Lic. en Ciencia Política. Universidad de la República (Uruguay); Francisco Soberón, Director-Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Presidente de la Asociacion Nacional de Centros (Perú) ; Dra Elin Skaar, Profesora de Ciencias Políticas y Investigadora, Chr. Michelsen Institute (Bergen, Noruega); Dr Cara Levey, Teaching Fellow in Latin American Studies,Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, School of Modern Languages and Cultures, University of Leeds (UK); Dr María Soledad Montañez, Lecturer in Spanish and Latin American Studies, Division of Literature and Languages, University of Stirling (Scotland, UK); Dr David Martin-Jones, Senior Lecturer in Film Studies, Director of the Centre for Film Studies, University of St Andrews (UK); Dr. Julio Ríos Figueroa, Profesor Investigador, División de Estudios Políticos, CIDE (Mexico); Dra. Karina Ansolabehere, Profesora-Investigadora,FLACSO-México; Dra. J. Patrice McSherry, Professor of Political Science and Director, Latin America and Caribbean Studies Program, Long Island University; Dr. Raul Molina, Adjunct Professor of History, Long Island University; Dra. Louise Mallinder, Transitional Justice Institute, University of Ulster, Northern Ireland (UK); Julie Guillerot, consultora independiente (Francia/Peru); Dra. Soledad Pache Espasandín (Uruguay); Dra. Isabella Cosse, CONICET/Universidad de Buenos Aires (Argentina).; Lic. Lorena Balardini, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinadora del Área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Argentina); Dr. Gabriel Gatti, Sociología, Universidad del País Vasco (España); Luciana Scaraffuni Ribeiro, Asistente doctoral, Facultad de ciencias sociales, Departamento de antropologia, Universidad de los Andes (Colombia); Gabriel Pereira, Candidato al doctorado, Departamento de Política y Asuntos Internacionales, University of Oxford (UK)”

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