Estos cambios están incluidos en el proyecto de ley de Presupuesto que ya ha comenzado a desmenuzarse en la comisión de Hacienda de la cámara de Diputados y que en menos de 90 días deberá estar sancionado por el Poder Legislativo.

La nueva Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estará dirigida por una persona que será designada directamente por el presidente Tabaré Vázquez y ostentará un cargo de extrema confianza del mandatario. Funcionará como un órgano desconcentrado dependiente directamente también de la presidencia de la República y actuará con autonomía técnica.

La Secretaría Nacional Antilavado de Activos, que desaparecerá para dar lugar a esta nueva dependencia, fue creada mediante un decreto presidencial un 20 de mayo del 2009 durante la primera presidencia de Vázquez.

La nueva dependencia presidencial obliga a oficinas y funcionarios públicos y privados a brindar la información que eventualmente la entidad les reclame.

Entre los obligados a dar datos están los casinos, las inmobiliarias, los promotores inmobiliarios, las empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, los escribanos cuando lleven a cabo operaciones para un cliente relacionadas con compraventa de bienes inmuebles, administración del dinero, valores u otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro o valores, organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades, creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y compraventa de establecimientos comerciales.

También se incluyen a los rematadores, los que se dedican a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, las zonas francas y aquellos que a nombre o por cuenta de terceros realicen transacciones o administren sociedades comerciales.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo también estará facultada a inspeccionar y allanar establecimientos públicos o privados si hay sospechas de lavado o acciones vinculadas al terrorismo.

El órgano dispondrá de “las más amplias facultades de investigación y fiscalización” dice la ley y podrá exigir la exhibición de todo tipo de documentos, propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones. Se advierte que la no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas motivará la aplicación de una multa.

La nueva oficina podrá practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados aunque sólo podrán inspeccionarse domicilios particulares con previa orden judicial de allanamiento, se aclara.

Secretario Nacional

La nueva oficina contra el lavado de activos y de financiación de actividades terroristas que se crea en el Presupuesto estará a cargo de un Secretario Nacional, que diseñará las líneas generales de acción y que será designado por el presidente Vázquez.

El titular de la dependencia podrá convocar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades, requerir información de todas las dependencias del Estado. Las dependencias del Poder Ejecutivo “deberán brindar toda la información solicitada en el plazo más breve posible”, se advierte.

Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados deberán promover y coordinar las acciones referidas al problema de lavado de activos y delitos económico-financieros relacionados y el financiamiento del terrorismo, implementar las actividades de capacitación en la materia, coordinando con el Poder Judicial, los Ministerios de Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y Fiscal y demás organismos y entidades públicas y privadas que corresponda.

La dependencia actuará como coordinadora nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y asumirá la representación del país ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la Organización de Estados Americanos.