El licenciado Carlos Díaz compareció el viernes 13 de agosto ante la Comisión Especial de Lavado de Activos. Tras efectuar un pormenorizado informe de lo actuado en materia de control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Díaz enumeró las consecuencias que tendría para un país como Uruguay estar en la lista del GAFI, el organismo prevé revisar la situación de Uruguay a comienzos de 2019: “Identificación del país como de alto riesgo por lavado y afectación de la inversión y el grado de confianza en el país.

Las instituciones financieras internacionales aplican debida diligencia ampliada, reforzada, y hasta pueden retirarse del mercado local. Otra consecuencia es la afectación de la reputación de la plaza financiera y la amenaza para la competitividad del centro bancario financiero.

Las transacciones internacionales para las empresas se restringen o se hacen más onerosas, aumento de los costos de operación pueden aumentar su tasa de interés.

También hay retiro de bancos, mayores costos financieros, suspensión de las corresponsalías bancarias, afectación del Presupuesto general del Estado, cierre de cuentas locales en el extranjero”.

En conclusión, afirmó Díaz, “Uruguay se encontraba en una muy buena situación de acuerdo con las normas internacionales vigentes, hasta que comenzaron las nuevas evaluaciones, a fines del año 2013, pero tiene mucho trabajo por hacer para superar las brechas que plantea el nuevo escenario internacional”.

Díaz informó que nuestro país será evaluado conforme a la “nueva metodología aprobada en 2013” por el GAFI lo que implicó el inicio de un “complejo y muy trabajoso proceso de determinación de las brechas existentes en nuestro sistema antilavado y las exigencias que plantean las nuevas recomendaciones, sus notas interpretativas y los criterios que surgen de la nueva metodología de evaluación”, agregó.

Si bien este informe aun no está terminado, “se vislumbran aspectos obvios que habrán de merecer modificaciones legales en materia de cumplimiento técnico que detallaremos a continuación”, afirmó.

Díaz indicó que entre esos cambios, por ejemplo, deberá estar la ampliación del inventario de sujetos obligados no financieros, esto es, “otros profesionales jurídicos y contadores independientes”.

Pero también, la “inclusión de las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados”, la aprobación “del delito fiscal como precedente del lavado de activos”, la “transparencia del beneficiario final de las personas jurídicas” y tipificar el delito de “proliferación de armas de destrucción masiva, así como su financiación e incorporarlo en la lista de los delitos determinantes del lavado de activos”.

Este proceso conlleva también la introducción formal en el Código Penal de la “responsabilidad penal de las personas jurídicas” así como la “revisión de la tipificación del delito de terrorismo y financiamiento del terrorismo y ratificación de los instrumentos internacionales contra el terrorismo, a los efectos de contar con un modelo que pudiere satisfacer las exigencias de los instrumentos internacionales contra el terrorismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Afirmó que en materia de efectividad, al menos, es necesario contar con “estadísticas que tengan valores significativos que demuestren una fuerte voluntad política para llevar adelante la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.

“Omisión”

En materia de reporte de operaciones sospechosas presentados por las actividades y profesiones no financieras designadas entre 2004 y 2014, Díaz presentó números que a su juicio “reflejarían una omisión del sector no financiero en el cumplimento de sus obligaciones legales”.

En ese sentido, en los últimos diez años, “ los casinos habrían hecho 33 reportes; las inmobiliarias e intermediarios 4; los escribanos 16; los rematadores 0; los vendedores de antigüedades y objetos de arte, etcétera, 1; las zonas francas 0; los administradores de sociedades 10. En total, en estos diez años, todo el sector no financiero ha hecho 64 reportes”.

En base a estos resultados, Díaz concluyó, con relación a las actividades y profesiones no financieras designadas, “se está incumpliendo con las Recomendaciones Nº 1, 20, 22, 23, 28 y 33 del GAFI” y “teniendo en cuenta la actual situación, ello, sin duda, conllevará a la inclusión del país en una de las listas del GAFI”.

En materia de procesamientos por lavado de activos, enumeró que desde el año 2005 hasta el primer semestre del año 2015, “hemos tenido la siguiente evolución: en 2005, 10; en 2006, 26; en 2007, 16; en 2008, 37; en 2009, 44; en 2010, 32; en 2011, 31; en 2012, 47; en 2013, 69; en 2014, 40 y en lo que va de 2015, 28. Esto es un total de 380 procedimientos”.

Propuesta al Ejecutivo

Díaz afirmó que “el grado actual que ha alcanzado el desarrollo del tema a nivel mundial y nacional no permite que las funciones en cuestión sean adjudicadas a ninguna organización que encare la tarea en forma subsidiaria a su función sustantiva” por lo que se remitió al Poder Ejecutivo una propuesta para ser considerada en el próximo presupuesto que crea un organismo “cuya función exclusiva sea el enfrentamiento del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con un régimen de desempeño en dedicación exclusiva e incompatibilidades y con una jornada diaria de 8 horas de trabajo para sus funcionarios, cuyo desempeño deberá ser evaluado anualmente en atención a metas y compromisos de gestión individuales y grupales”.