Por: Javier Forte

Comenzamos hoy con la entrega de una serie de artículos dedicados al tema de autogestión, término que se ha hecho lugar en la agenda pública, a partir del quiebre de algunas empresas productivas. Hasta ahora se han ensayado soluciones, aplicando figuras legales establecidas en el régimen cooperativo, el cual si bien es exitoso en algunos casos, presenta limitaciones que no permiten alcanzar soluciones sustentables en el tiempo en todos los casos.

El Diccionario de la Real Academia Española define autogestión (1) como el sistema de organización de una empresa según el cual los trabajadores participan en todas las decisiones. Etimológicamente autogestión significa gestión por uno mismo. Aplicando estos conceptos a una organización empresarial, vamos a encontrar que son los propios trabajadores quienes ocupan todos los puestos de trabajo incluyendo los cargos de dirección y administración, constituyendo una organización con estructura empresarial en el que la gestión es desempeñada por el conjunto de los trabajadores.

Para clarificar el concepto sobre el cual trabajaremos es conveniente diferenciar la autogestión de la cogestión que implica participación del personal en la administración de una empresa y de la gestión que se define como la acción y efecto de gestionar o administrar. De la enunciación realizada, surge que autogestión comprende todas aquellas actividades de gestión y cogestión, poniendo de manifiesto la complejidad del desafío que representa crear un sistema de autogestión empresarial que además de ser viable, sustentable y duradero en el tiempo, detente la comprensión y adhesión de los trabajadores y con el tiempo sea percibido como una buena y sana solución por el conjunto de la sociedad.

Podemos detallar algunas ventajas y desventajas que podrían emerger al establecer Empresas de Autogestión Productiva (EAP). Las ventajas serían: conservación de empleos de empresas que cerrarían evitando aplicar fondos públicos para el pago de subsidios por desempleo; posible aumento de la motivación de los trabajadores atado a su propio interés; disminución de costos por ausentismo laboral y pérdidas de capital humano aplicables a los procesos productivos; menor conflictividad laboral con incidencia en menores pérdidas imputables a huelgas u ocupaciones. Las desventajas serían: falta de regulación legal específica, falta de conocimiento del modelo EAP por parte de los trabajadores, de los organismos y entidades con las que deban vincularse y ciudadanos en general; personas y entidades que visualicen el desarrollo de las EAP como una amenaza a su statu quo; acceso a recursos financieros; carencias en la formación y desarrollo del capital humano indispensables para su desarrollo y viabilidad; dificultades en diseñar un plan de negocios realista y técnicamente sustentado; incorporación de recursos humanos especialmente calificados. En la próxima entrega, analizaremos si es posible desarrollar las EAP con el marco legal vigente.

– El autor es contador público, consultor, docente universitario y asesor parlamentario.

(1) http://lema.rae.es/drae/