La Secretaría Nacional Antilavado de Activos constató un “alto nivel de incumplimientos” al finalizar la primera etapa de fiscalización de una decena de escribanos de un universo de 800 casos posibles.

Se trata de una primera tanda de profesionales que intervinieron en operaciones y/o transacciones cuyos clientes resultaron procesados específicamente por el Delito de Activos y/o Asistencia al Lavado de Activos o conjuntamente con uno o más Delitos precedentes de Lavado de Activos, o cuyos clientes comparecieron en calidad de indagados en expedientes en los que resultaron procesamientos por dichos delitos, estando incorporada dicha información al expediente judicial vía información registral o informe financiero, socio-económico y patrimonial.

De aquí al mes de agosto se fiscalizará una treintena de casos más. El secretario general Carlos Díaz dijo anoche a LA REPUBLICA que el resultado confirma una presunción que se tenía acerca de este tipo de operaciones. “Lo que se constata es un alto grado de incumplimiento; pero no nos llama la atención”, afirmó escuetamente el jerarca, quien agregó que estos casos pueden culminar en la aplicación de sanciones y/o multas económicas que, de acuerdo con la ley, pueden llegar hasta los 2 millones de dólares. “Nuestro objetivo no es aplicar sanciones sino que todos cumplan las normas”, agregó Díaz.

Los delitos precedentes tipificados en los expedientes a raíz de los cuales se citaron Escribanos, en los que intervino la justicia del Crimen Organizado, fueron: Narcotráfico (en un caso), Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos (2 casos) y Estafa (7 casos). El secretario general aclaró que se trató de una muestra aleatoria de casos pero muy significativa.

En el mes de agosto, comenzará la fiscalización masiva de sujetos obligados de acuerdo al calendario definido por la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. Díaz estima que a esa altura, la Secretaría podrá fiscalizar hasta 200 casos semanales.

La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ampliándose los controles a todo el sector no financiero. Los sectores abarcados por los controles serán las operadores inmobiliarios y empresas constructoras, los Administradores de sociedades, los Rematadores, los Explotadores y usuarios de zonas francas y los Casinos.

El Lavado de Activos es un delito que se caracteriza por el ocultamiento, la administración o la conversión del dinero o bienes producidos por una actividad delictiva (tráfico ilícito de drogas, corrupción, contrabando, etc.) a efectos de introducirlos y hacerlos circular sin inconvenientes en el sistema económico-financiero legítimo.

En este sentido, el lavado de activos tiene un vínculo instrumental con el delito que lo precede, ya que se dirige a proteger la ganancia obtenida de manera ilícita, permitiendo que los autores de los delitos puedan disfrutar de la misma como si se tratase del resultado de una actividad absolutamente legal.

Se ha podido comprobar que estos delitos afectan, de manera profunda, la soberanía nacional, la integridad del sistema democrático de gobierno, el orden público, la transparencia del sistema económico-financiero e incluso la paz y la seguridad de los países.